El tijeretazo de Aguirre comienza con el recorte de sueldo a los funcionarios, que será de un 3,3% para la mayor parte de ellos. Para los altos cargos, esta cifra se incrementará hasta el 10%, igual que sucederá con los interinos que no sean de educación o sanidad, que verán reducida su jornada en ese mismo porcentaje y consecuentemente el sueldo. A esta medida, que conduce a cumplir con el déficit del 1,5% fijado como tope para este año, se añaden un total de 65 tasas que se modificarán o crearán para completar la desviación que se ha producido en los presupuestos. 

Entre ellas estará el pago de la estancia de mayores en centros de día, que tendrán que aportar un 30% de su renta media per cápita. Tambén subirán los precios de las escuelas infantiles y subirán tasas como la de la ITV o la perrera. Y se confirma que existirán peajesen algunas carreteras madrielñas, aunque aún no se ha cerrado cuáles ni cuánto costarán. 

Habrá que pagar también por realizar pruebas deportivas autorizadas (106,05 euros), por participar en interinajes o estar inscrito en bolsas de trabajo (10 euros) o por renovar la tarjeta sanitaria en caso de rotura o extravío (10 euros). Habrá que abonar 80,5 euros por inscribirse en el registro de parejas de hecho, o por revisar el grado de dependencia o de discapacidad (30 y 20 euros respectivamente). 

En educación también subirán las tasas, y los derechos de examen se modifican con un incremento cercano al 20%. Para estudiar cualquier titulación de formación profesional de Grado Superor, habrá que pagar 250 euros mientras los precios de la Escuela Oficial de Idiomas se duplican pasando de los 100 a los 200 euros. Los créditos universitarios subirán hasta los 31 euros, una subida de 9 euros por crédito. Y las escuelas infantiles y casas de niños se acercarán al precio real de coste. Como norma general el precio se duplicará. 

También recortará en prestaciones sanitarias que no aplique el Estado en el resto de comunidades, como el cambio de sexo o la vacuna del neumococo. Se dejará de sufragar el alquler de locales sindicales y también habrá recortes para ONG y partidos políticos. La aportación para la justicia gratuita se reducirá un 20%.