La reforma constitucional, llevada a cabo por sorpresa, con urgencia y “a escondidas”, con el objetivo de limitar el déficit público, pone de manifiesto el déficit democrático de sus impulsores. La acometen por sorpresa, por un Gobierno al que le quedan los días contados, sin que esta propuesta haya aparecido en ningún programa electoral, ni haya sido debatida por la sociedad, sin dar explicaciones de las graves consecuencias futuras y rompiendo los criterios del amplio consenso  alcanzado en 1978. Por la forma en que se lleva a cabo, hurta a la ciudadanía el derecho a opinar, a expresarse  sobre la “norma máxima”, que garantiza los derechos de todos.
También es antidemocrática por el contenido, porque entrega a los “mercados” el control sobre las políticas públicas, mermando la calidad de la democracia española, al imponer graves limitaciones a la capacidad de los gobiernos elegidos para desarrollar sus políticas.
Esta medida además, es innecesaria y regresiva, no servirá para solucionar los graves problemas económicos y de empleo de nuestro país, no va a ayudar a reducir los actuales niveles de déficit público,  que sólo puede lograrse mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo,  y mediante una reforma fiscal equitativa y progresiva.
PSOE y PP, nos engañan al minimizar los efectos de la reforma sobre el modelo de Estado del Bienestar, el límite de la capacidad de endeudamiento de las administraciones, incidirá negativamente en el mantenimiento y calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales (ya tenemos un ejemplo claro en los recortes que se están dando en el sistema educativo), también se verá dificultada la capacidad de poner en marcha políticas que favorezcan el impulso económico en situaciones de crisis y de establecer medidas de protección a las personas en situación de dificultad, aumentando el riesgo de situaciones de pobreza y exclusión social.
La salida de esta crisis no puede pasar por limitar la democracia, el desarrollo de la economía y el empleo pasa, como CC OO y UGT han propuesto en varias ocasiones, por un pacto social y político basado en la solidaridad y la cohesión social, por lo que es inaceptable un cambio constitucional, impuesto por los poderes económicos, sin consenso, sin debate ni información a la ciudadanía y sin la celebración de un referéndum.


Isabel Martínez Pérez
Secretaria General de la Unión
Comarcal  Sur de CCOO-Madrid