El actual estado de las cosas en nuestro país con cinco millones de parados y paradas ha supuesto, más allá de los dramas individuales que se esconden tras una fría cifra, una circunstancia aún más grave y hasta la fecha desconocida en nuestra reciente historia: más de un millón trescientas mil unidades familiares en que se encuentran todos sus miembros en situación de desempleo. El programa de mínimos por el que se identificaba el espacio europeo de bienestar se encuentra en la actualidad en vertiginoso retroceso, replegándose hacia su antecesor, estado liberal, donde el trípode de garantías de pacto social con la ciudadanía se tambalea: alimentación-vestimenta y un techo digno. Respecto a la vivienda diariamente vemos como aumenta geométricamente el número de desahucios en España, sea este por ejecuciones hipotecarias o por impago de rentas de alquiler. La mala regulación del sistema bancario español hace que no solo corran el riesgo de perder sus viviendas y quedarse en la calle, sino también de mantener viva parte de la deuda, ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores. Se da la paradoja que son las mismas tasadoras que con alegría participaron en la bacanal del ladrillo como agentes activos de la llamada burbuja inmobiliaria las que condenan con sus desiguales valoraciones a miles y miles de familias.
Debemos añadir la existencia de  un fraude hipotecario generalizado: cláusulas contractuales abusivas, entidades bancarias que facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchas se concertaban en patente estado de incertidumbre (ingresos bajos que no superarían ninguna Comisión de Evaluación de Riesgos solvente, sobrevaloración de la tasación de la vivienda, concesiones de más del 100 por cien de la valoración encubriendo créditos personales (muebles, vehículos,...), comisiones abusivas, contratación obligatoria de seguros caros e inútiles, intereses variables referenciados índices de referencia y a diferenciales disparatados, información sesgada cuando no engañosa.
Nuestro municipio no se ha visto ajeno a la avalancha de desahucios que asola a España. En recientes fechas, y gracias al tejido asociativo (Movimiento 15-M,  Plataforma de Afectados por la Hipoteca, STOP Desahucios...) y participación activa de getafenses anónimos se pudo impedir el lanzamiento de una vecina de su vivienda. No será la última, ni tiene garantizado que no se vuelva a intentar su lanzamiento.
Sin querer entrar en mayores análisis respecto el origen de la actual crisis económica y financiera en que todos y todas nos vemos inmersos, consecuencia de la voracidad e inmoralidad de los autodenominados “mercados”, merece tal vez más la pena el plantear medidas que nuestros gobernantes puedan aplicar para desligarse de su actual papel de Don Tancredo ante la indefensión en que se encuentran los ciudadanos.
Regular la dación en pago de modo que la entrega de la vivienda permita saldar la deuda hipotecaria, puesta en marcha de un alquiler social, promulgar una ley que regule el sobreendeudamiento de los particulares y pequeños empresarios, así como la adopción de medidas de amparo hacia las personas afectadas y medidas de aplazamiento de los pagos, conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social,  establecer un mercado hipotecario regulado por ley en el que el pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso sea superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar y un plazo máximo de 20 años.
Juan Manuel Vela
abogado