Escrito por Raquel González 15/12/2011
Hasta 66 trabajadores aparecen en una lista poniendo sobre el papel su afiliación
"Afiliado al PSOE. Buena relación con...", "Hija de...", "Afiliada a IU. Expresidenta de...", "Mujer de..."... Estas son algunos de las vinculaciones políticas (no completas en este artículo para salvaguardar la privacidad de los afectados) de una lista de trabajadores de LYMA a la que ha tenido acceso GETAFE CAPITAL y que se completa con la valoración laboral que de esas personas hace la persona que ha elaborado esta lista: valoración buena, normal, baja, e incluso con alusiones más personales como "se puede negociar con ella" son las que aparecen en esta relación de puestos de trabajo, donde se incluyen personas que tienen algún tipo de vinculación con sindicatos o partidos políticos (ninguno de los que se inscriben tiene vinculación con el Partido Popular).
Hasta 66 trabajadores aparecen en esta relación por la que Izquierda Unida ha presentado una pregunta al Pleno del Ayuntamiento solicitando al Gobierno municipal "que explique la posible elaboración de censos políticos y sindicales entre los trabajadores de las empresas públicas del municipio". Y añaden: "entendemos que el Gobierno municipal debe dar explicaciones y exigir responsabilidades a quién o quiénes han dado orden de su elaboración y los motivos que han conducido a tal decisión. Esta decisión supone un grave ataque contra los legítimos derechos de los trabajadores y trabajadoras, ya que nadie debe ser “catalogado” en función de sus preferencias u opciones políticas y sindicales. Izquierda Unida condena este tipo de actuaciones que nos recuerdan a tiempos en los que las libertades laborales brillaban por su ausencia".

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Comentarios
Me parece que la señora o señorita Raquel Gonzalez debería no caer en los intentos desesperados de quienes perdieron no sólo las elecciones sino también sus apoyos dentro del PSOE e IU en Getafe. En primer lugar, la periodista debería poner en manos de un/a juez la famosa lista ( circulan varias diferentes en función de a quien interesa) en la que si se conoce un infringimiento de la ley y respetando por supuesto el derecho al secreto profesional periodistico el/la periodista debe ponerlo a disposición judicial para que se investiguen los hechos sin escudarse en "para preservar la intimidad de las personas", que para ello ya existe el secreto de sumario y no el chismorreo.
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