Críspulo Nieto se personó como parte en la causa contra los crímenes del franquismo

Cada 1 de noviembre, sin faltar desde que era un niño, Críspulo Nieto acude al cementerio de Ocaña. Pero no para depositar flores sobre una tumba. En una de las tres fosas comunes que hoy se recuerdan con sendos monolitos, descansan los restos mortales de su padre Críspulo Nieto Sepúlveda y su tío, Gumersindo Cicuéndez Bustos. “Llevo un ramo de claveles rojos a la tumba común donde está enterrado”. Fue uno de los fusilados tras el conflicto civil que sembró de cadáveres España. La esperanza de obtener reparación nace en 2006 cuando comienzan a sucederse denuncias contra los crímenes del franquismo, un sumario que en 2008 comienza a instruir el juez Baltasar Garzón. “Mi denuncia fue el 12 de septiembre de 2008”. Es en ese momento cuando Críspulo Nieto comienza a ser parte en el juicio en el que “ha intentado hacer justicia”. Pide “que se reconozca que los tribunales no eran legales, se revoquen todos los juicios y se anulen las sentencias. Intentar recuperar la dignidad de la gente asesinada. No solo de mi padre, sino de todos los demás”.
Garzón se considera competente para investigar lo sucedido e instruye la apertura de 19 fosas comunes en todo el país. La Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso un recurso de apelación ya que no consideraba que el magistrado pudiera investigar estos hechos. El 18 de noviembre de 2008, Garzón se inhibe a favor de los juzgados territoriales y diez días más tarde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declara la incompetencia de Garzón. Medio año más tarde es cuando Manos Limpias, Falange y la Asociación Libertad e Identidad presentan una denuncia contra Baltasar Garzón por prevaricación por haber intentado investigar estos hechos. “Garzón es inocente, digan lo que digan los tribunales. Es un buen juez y es un juez valiente: ahora está pagando su valentía”. Fue suspendido de sus funciones cautelarmente a la espera del juicio que dio comienzo el 24 de enero de 2012.
Ahora la denuncia de Críspulo Nieto estará en “la audiencia de Castilla-La Mancha. La han archivado: qué juez se va a atrever a tirar de la manta, si a Garzón le están procesando por eso. Las Audiencias provinciales no lo van a hacer, estarían locos. Pensamos que alguna vez se removerá. Las víctimas estamos organizadas en asociaciones de memoria histórica, y también en la Plataforma contra la inmunidad de los crímenes franquistas”. Han recogido más de 150.000 nombres de ‘ajusticiados’ tras la Guerra Civil.
Mientras llega la anhelada justicia, Nieto sigue fiel a su cita cada 1 de noviembre. “Incluso cuando vivía Franco: yo venía con mi madre, acompañándola. Cuando yo me muera seguid viniendo aquí, me dijo, y todos los años, llueva o no llueva traigo flores”. Allí se junta con otros familiares. Todos juntos han logrado hacer sendos memoriales que rezan “Siempre seréis recordados”. 400 cadáveres descansan en cada una de las tres fosas comúnes. “Pusimos dinero para adecentar la tumba, porque durante muchos años era de tierra. Para que no se borraran las lindes, unas mujeres, esposas de otros fusilados, pusieron piedrecitas, remarcando el cuadro de la fosa. A los dos o tres años, pusieron unos lirios, y después ya hemos hecho obra, con un monolito” que recuerda a los asesinados entre 1939 y 1945. “Después de la guerra no vino la paz, sino la victoria”.

Críspulo Nieto Sepúlveda, un padre fusilado

Le han contado que una vez, de recién nacido, le llevaron a la cárcel de Ocaña y que su padre lo tuvo entre sus brazos. Críspulo Nieto Sepúlveda fue fusilado cuando su hijo, Críspulo Nieto Cicuéndez, apenas tenía un año. “Yo nací el 17 de octubre de 1939. Mi padre fue fusilado el 20 de noviembre de 1940”. El conflicto civil había durado 3 años “en el que hubo atropellos de un lado y de otro”. Pero la guerra había acabado cuando fueron detenidos su padre y también su tío, Gumersindo Cicuéndez Bustos. “Fueron llevados a mi pueblo, a Puebla de Almoradiel (Toledo), y fueron juzgados en Quintanar de la Orden”, un municipio vecino. “Allí los condenaron. Era un tema acordado: había que eliminar físicamente a los que no coincidían con el pensamiento de Franco. Llamaban rebeldes a los que se habían rebelado contra los insurgentes”, lamenta.
El oficio de su padre era labrador y panadero, y había sido dirigente del PSOE, concejal en su pueblo y presidente del Frente Popular,  “una coalición de partidos de izquierdas”. El expediente del juicio sumarísimo al que le sometieron lo encontró en el cuartel del Infante don Juan, en Madrid. “Allí no había ningún informe del fiscal ni del abogado defensor”. No les dejaron defenderse y en la sentencia por la que condenan a su padre “dicen que una de las razones por las que hay que matarlo es porque es inteligente y con dotes organizativas”. Les trasladaron a la prisión de Ocaña, y en el cementerio de la misma ciudad, un 20 de noviembre de 1940, les fusilaron con otros seis o siete condenados más. “Los guardias decían que había dos que se abrazaron antes de disparar: serían mi padre y mi tío”. En la partida de defunción figura: “Muertos por arma de fuego”.
A su madre, “una mujer muy valiente: Teodora Cicuéndez”, que acudió al día siguiente a la cárcel para ver a su marido, le dijeron que había sido fusilado el día anterior. “Le entregaron unas prendas y el colchón que le habia traído para que no durmiera en el suelo”. Pero antes de recogerlo todo quiso ir al lugar donde le habían matado. “Allí vio cadáveres semienterrados”. Es por eso que nunca ha tenido duda de dónde estaba su padre: en una de las tres fosas comunes que hay en el cementerio de Ocaña. En cada una hay 400 cadáveres.

Un caso que crece en Argentina

Paralizada la vía española, surge una nueva oportunidad de pedir “justicia, no venganza. Lo único que queremos es que se reconozcan las cosas. Queremos que se condene al franquismo, al régimen”, asegura Críspulo Nieto, que se personó como parte en la causa que se abrió en Argentina para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura. “Me voy a meter en todos los berenjenales que haga falta: tengo que intentar defender la dignidad de mi padre, mi tío y el resto de fusilados”. Con este espíritu, “me ofrecieron que me personara en una causa que había abierto la Corte Suprema de Buenos Aires”. Su abogada en este caso, Ana Messuti, “que vive en Salamanca”, colabora con otros juristas que llevan el caso desde Buenos Aires. “Me dijo la documentación que tenía que presentar: partidas de nacimiento, defunción, la narración de los hechos…”. Carlos Slepoy es el que coordina el proceso desde Argentina. En una entrevista al diario Público asegura que España puede no colaborar en la investigación pero “quedaría en evidencia que no quiere cooperar para que sean perseguidos los responsables de tan tremendos crímenes. En España se ha ocultado que se cometió uno de los peores genocidios del siglo XX”.
Nieto sabe que el camino será largo, y que incluso tendrá que desplazarse al país sudamericano para “ratificarme en lo que he expresado”. Pero los pasos comienzan a dar su fruto. “El 22 de marzo de 2011 me admitieron como parte en el juicio”. Son seis los querellantes, aunque podría unirse más gente. Ahora han recibido buenas noticias porque “ha estado paralizado unos meses, hasta que en diciembre se ha vuelto a abrir”. Desde Argentina han solicitado documentación en un exhorto con fecha 13 de diciembre de 2011, para poder seguir investigando y aunque “intentaron paralizarlo desde el ministerio, porque decían que ya se estaba investigando en España… ¡pero es mentira!”. Ahora Críspulo Nieto se acoge a la justicia universal que aplica Argentina (al igual que lo hace España en crímenes contra la humanidad como la dictadura de Pinochet) y hace un llamamiento para que se haga caso a organismos internacionales como la ONU, “que insta a España a juzgar el franquismo”, o Amnistía Internacional “que nos acusa de no acatar el derecho internacional”.  
En el exhorto de la jueza María Servini de Cubría se pide que los organismos competentes recaben información sobre “nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos que desarrollaron sus funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 y certificación de los que hayan fallecido”, también pide los nombres y domicilios de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española del mismo periodo. Asimismo se solicita el número de personas desaparecidas con nombres, apellidos, fecha y lugar de desaparición. Las estimaciones que tienen las asociaciones de memoria histórica es que pueden superar los 150.000. En el mismo texto se entra en la causa de los niños sustraidos a sus familias, la localización de fosas comunes o un listado de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen en activo.
Es consiente de que la justicia es “muy lenta” y que el protagonismo de Garzón pasará. Mientras, las víctimas de los crímenes de la dictadura, siguen pidiendo justicia, utilizando todas las vías que están a su alcance. “En la Transición se cambiaron muchas cosas, pero no la judicatura. No ha habido transición en este sentido. Fueron colaboradores, consentidores y cómplices de la dictadura”.