Una sentencia anula la devolución de competencias al Ayuntamiento

En junio de 2009 la Comunidad de Madrid aprobaba en junta de Gobierno devolver las competencias en "la formulación, redacción, tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamientos, gestión y ejecución urbanística" en el desarrollo de la segunda fase del parque empresarial de La Carpetania. Esta decisión significaba que unilateralmente la Comunidad decidía abandonar el consorcio del que tenía un 60% y que completaba el Ayuntamiento con el 40%. Esta decisión ha sido impugnada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, con la anulación de estos puntos, obliga a la Comunidad a volver al consorcio.

La decisión de Esperanza Aguirre de 2009 fue impugnada por el Ayuntamiento de Getafe que consideraba "que el reintegro de competencias es ilegal dado que es el Ayuntamiento quien conserva el poder deshacer la relación de cooperación en su día establecido". En todo caso, según la demanda interpuesta "solo el ayuntamiento tiene competencia para renunciar". Esta sentencia, de 10 de noviembre de 2011, que ha sido comunicada a las partes hace unos días, implica que la Comunidad deberá volver a asumir las competencias que delegó en el consistorio municipal en cuanto a la expropiación de los terrenos, que está valorada en unos 480 millones de euros. La Comunidad trató de modificar este acuerdo expropiatorio y buscar otras vías como la compensación o la cooperación, que resultaran más económicas, pero se encontró con la oposición del Ayuntamiento, que siempre consideró que la iniciativa pública sería el medio más conveniente para desarrollar un polígono industrial de estas características. El grupo EADS tiene comprometidos en este terreno 400.000 metros cuadrados. Cuando se paralizó el desarrollo, hace ya dos años, el gigante industrial amenazó con buscar otros espacios e irse de Getafe.

Desde entonces, el desarrollo de La Carpetania ha quedado paralizado y ambas administraciones enzarzadas en una lucha.

La Comunidad recurrirá la decisión tomada por el TSJM ya que aducen que el tribunal tumba el acuerdo por un defecto de forma.