Tras no tener éxito con la prolongación voluntaria de la vida laboral introducidos en 2007, el Gobierno anunció el pasado viernes su propuesta de que la edad de la jubilación pase a ser a los 67 años. No es una idea abanderada únicamente por el Ejecutivo. Recientemente estudios desarrollados por La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo ya señalaban la necesidad del aumento de la edad laboral que permita asegurar el sistema de pensiones, especialmente cuando el incremento de la esperanza de vida de 76 años a 80 años. La propuesta del aumento comenzará en 2013, a un ritmo de dos meses por año, de forma que los 67 completos se alcanzarán en 2025.  Se podrá jubilar a los 65 años, pero siempre que los costes sean asumidos por el beneficiario. Es decir, se penalizará en la prestación, tal y como sucede ahora quienes se jubilan antes de tiempo. Se va a intentar frenar las prejubilaciones, medida muy utilizada en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Con ello se pretende que no se puedan hacer prejubilaciones a partir de los 52 o 50 años, como hasta ahora  y que la empresa siga cotizando por el trabajador hasta que este llega a la edad de jubilación.  El mínimo podría situarse en 58 años y tendrá una mayor regulación en su uso. Especialmente en las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios,  que se penalizarán con parte del sobrecoste por la exclusión prematura del mercado laboral. La propuesta de Zapatero plantea aumentar el periodo del cálculo de la pensión, que actualmente se basa en los últimos 15 años cotizados, esto puede suponer una rebaja de la pensión media, pues los últimos años de vida laboral suelen ser los de mejor salario. Estas medidas van a ser muy debatidas antes de su adopción. Los sindicatos ya las  han rechazado de pleno y señalan que arroja sombras de duda sobre la salud del sistema público de pensiones. También darán su opinión entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que hace más de dos años que viene recomendando la adopción de esta medida. Uno de los factores que han determinado el arranque de esta situación es la necesidad del Gobierno de demostrar que puede gestionar un déficit público que ha cerrado el último trimestre cercano al 12%. Eso hace que España necesite ser considerado un país con una mayor solvencia y seguridad adoptando medidas como esta de cara a los mercados financieros. Por ahora, solo hay sobre la mesa una declaración de intenciones del Gobierno, quien incluye esta propuesta dentro de un plan de Austeridad que reduzca el gasto en 50.000 millones de euros en los próximos tres años.

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