El trato para la mezquita. Los centros de culto tienen la consideración de equipamiento comunitario. Se trata de servicios al servicio de la población, de interés público, y que forman parte de los sistemas urbanísticos. El gobierno del PSOE apela a la licencia para garantizar la seguridad de la actividad, mediante el ajuste a las condiciones técnicas. Y a la vez en lo fundamental, impide la celebración de la actividad religiosa, olvidando que para ejercer la religiosidad es necesario un espacio físico (la mezquita), si la libertad religiosa está condicionada a lo reglado, en cuanto los usos del suelo, qué clase de libertad religiosa es. Si el gobierno del PSOE hubiera tomado la acción de facilitar a la comunidad religiosa los medios necesarios, o hubiera mostrado las vías para adoptar el local a las prescripciones, este problema se hubiera solventado, pero su función no es hacer política en la comunidad, sino excusar la falta de voluntad política. Se deduce que: el gobierno del PSOE no tiene un plan urbanístico coherente y adaptable a la situación social, sino un falso remodelamiento urbanístico, basado en cambiar cemento por cemento, y baldosa por baldosa. Poco le importa al gobierno que el centro sea de culto, concurrido y público. Para el gobierno municipal carecer de las herramientas para la resolución del conflicto es algo natual. La falta de pudor de compromiso social y alentado por algunos vecinas y vecinos, enemigos de la convivencia intercultural, presentes en las asambleas de barrio, son los verdaderos artifices de este desaguisado. Olvidan la LO 7/1980 de la liabertad religiosa, así como los acuerdos del Estado y la comisión islámica ley 26/1992. El gobierno del ayuntamiento no se percata de la realidad intercultural, ni admite que la comunidad musulmana forma parte activa en la vida del municipio, prueba de ello son los más de 21 años de la comunidad, y su mezquita, y en éstos ninguna intención por parte de las autoridades getafenses de acomodar el local de culto a lo preceptivo, ni presenta alternativa alguna. La discrecionalidad política-administativa en vez de ser una oportunidad para cumplir la buena administración, se convierte en este caso, en un problema inaceptable socialmente, y litigioso, cuyos actos, lo único que acarrea es un precedente de la imparcialidad, pudiendo romper el principio de neutralidad que toda administración debería cumplir. Se podría incumplir el principio de laicidad de los poderes públicos, pues no presenta una actitud positiva, desde una perspectiva asistencial o prestacional, ni presenta relacción de cooperación, negando el espacio de atodeterminación intelectual, ante el fenómeno religioso. Y en otros casos manifestan de forma pública el hecho religioso, pues es habitual que los representantes en su función institucional acudan a ritos religiosos, incluso el escudo del municipio tiene "el sagrado corazón de Jesús" . Y se podría romper el principio de cohesión social, conllevando al desvinculamiento comunitario y a la desintegración social del colectivo musulman en el municipio. Por lo que manifiesto: mi indignación y el rechazo a estos hechos.