Pues la preocupación tiene solidez. Allí donde Ferrovial pone sus zarpas, las condiciones laborales se ven mermadas, el número de trabajadores se reducirá y los servicios a la ciudadanía se verán mermados. No puedo entender que una Administración Pública contrate servicios con una empresa que judicialmente se ha demostrado que no tiene inconvenientes en ser la parte que corrompe.