Lo que opinamos millones de personas en este país y todavía no se ha enterado y sin ningún color político:
Un ciudadano responde: la contestación, párrafo a párrafo, a la carta de Pedro Sánchez que dejó España en pausa

El autor contesta a los argumentos con los que el presidente del Gobierno dejó a España en pausa durante cinco días tras la denuncia contra su esposa

¿Poco habitual? Diría que es inaudito. Por lo demás, señor presidente, usted no ha enviado una carta a los ciudadanos; usted ha publicado un documento en la red social X (antes Twitter). La mayoría de los españoles no son usuarios de X, y sólo han conocido su contenido por los medios de comunicación.

Leo el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no encuentro que la legitimación para poner en conocimiento hechos presuntamente constitutivos de delitos excluya a «organizaciones ultraderechistas», o de cualquier otro tipo. ¿Es más importante quién denuncia que lo denunciado?

¿Qué relevancia tiene la línea editorial del medio? ¿Insinúa que si un medio de comunicación dispone de información relevante en un proceso penal el juzgado sólo debe requerirla si se trata de un medio «de izquierdas»?

Quizá me equivoque, pero no recuerdo que usted haya dicho públicamente algo parecido a esto: «Mi esposa, Begoña Gómez, nunca ha intermediado a favor de empresas y organizaciones que luego solicitaron y obtuvieron ayudas públicas de mi Gobierno». Recuerdo un email de su esposa, publicado por El Confidencial, en el que amenazaba con emprender acciones legales contra ellos, pero donde no negaba la veracidad de las informaciones. Recuerdo también un comunicado del Gobierno en Red.es donde se matizaban cifras -matices después refutados por el mismo diario- pero no se impugnaba la causa mayor: la intermediación de Doña Begoña Gómez a favor de determinadas empresas.

Insisto: si su esposa nunca ha intermediado con empresas que después recibieron ayudas públicas, dígalo con claridad. Y si, en efecto, ha intermediado, debe dar explicaciones.

Por otra parte, que el juez abra diligencias no es sorprendente. Como sabe, sólo se puede archivar la denuncia si el hecho no reviste carácter delictivo o es manifiestamente falso. Es muy probable que la denuncia quede en nada. Le confieso que, como ciudadano, me sorprende una reacción tan airada ante una denuncia tan endeble.

Reprocha al señor Feijóo que denunciara el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses. ¿Por qué no debía hacerlo si creía que, efectivamente, había indicios de un conflicto de intereses? ¿Acaso no ha acatado el archivo de la causa? ¿La apertura de diligencias no corrobora que aquellos indicios eran, por lo menos, verosímiles?

Insinúa que el señor Feijóo y el señor Abascal están detrás de la reciente judicialización del caso («faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar»), pero no aclara en qué modo ni medida. Es una acusación muy grave: niega la separación de poderes. Como ciudadano, me gustaría que fuera explícito: ¿en qué sentido la judicialización es un paso que dan Abascal y Feijóo?

No sé a quién se refiere esa tercera persona del plural: ¿quiénes son «ellos»? ¿Feijóo y Abascal? ¿Manos Limpias? ¿La derecha mediática? La ambigüedad y el abuso de los pronombres personales (ellos-nosotros) incita la polarización. Leyendo su carta, uno tiene la impresión de que no trata de aclarar su posición, sino de enmarañar la discusión y convertirla en un duelo entre facciones.

Sinceramente, no creo que haya muchos españoles que se opongan al avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. Pero es probable que muchos no crean que su proyecto representa estos valores. Es más, puede que le ataquen precisamente por considerarle un obstáculo al avance económico, la justicia social y la regeneración democrática.

Puestos a recordar, no todo en su trayectoria son éxitos: sus resultados en las elecciones de 2015 (90 escaños) y 2016 (85) fueron los peores de la historia del PSOE. Después le forzaron a dimitir porque, contra el criterio mayoritario de la Ejecutiva, insistía en la opción que Alfredo Pérez Rubalcaba bautizó como Gobierno Frankenstein. Gobierno que pudo consagrar tras su heroico regreso y el éxito de la moción de censura.

Olvida también que el motivo por el que convoca las elecciones generales en julio de 2023 es el mal resultado de su partido en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de ese mismo año, en las que el PSOE perdió buena parte de su poder territorial. Destaco estos episodios porque tiende usted a insinuar que camina aupado por una mayoría popular en contra de oscuros poderes cuando las mayorías muchas veces le dan la espalda.

Por otra parte, es impropio de un presidente insinuar que en las elecciones generales se elegía entre avanzar y retroceder. De nuevo, está usted fomentando la polarización que dice querer evitar. A las elecciones se presentan partidos, no bloques. Además, incluir a partidos como PNV, Bildu, Junts o ERC en el supuesto «bloque del avance» resulta intelectualmente ofensivo para muchos ciudadanos.

De nuevo, si las informaciones publicadas sobre su esposa, Begoña Gómez, son falsas (esputos de una máquina de fango), manifiéstese de manera inequívoca. Por lo demás, una buena manera de demostrar que le incomodan las máquinas de fango sería no activarlas contra sus adversarios.

De nuevo, habla usted de «una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España», insinuando, de nuevo, que España está partida en dos mitades irreconciliables: ¿Por qué alimenta la retórica de odio y frentismo a la que dice oponerse?

Incluso si asumo su diagnóstico: ¿Qué hace usted por integrar esa mitad derechista en su proyecto de país? ¿Asume que más de once millones de españoles votaron opciones que usted considera tóxicas?

Disculpe, pero esto es, de nuevo, insólito. Como ciudadano, le pido con educación que aclare, de inmediato y en el Congreso, si hay vacante en la presidencia y qué funciones está ejerciendo la vicepresidenta Montero. Las instituciones están por encima de las personas, no pueden estar supeditadas a sus humores. Estamos ante una irregularidad en sentido jurídico. Sus palabras no son las de cualquier ciudadano en cualquier puesto: sus palabras, como presidente del Gobierno, tienen consecuencias. Si las tomamos en serio, estamos ante una crisis de Gobierno, y estas deben encauzarse dentro de la Constitución.