Desmontando la escuela pública para cabalgar sobre el negocio

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer
Paulo Freire

GETAFE/El aula sin muros (21/12/2021) – Desde hace años la educación pública viene sufriendo un inmisericorde proceso de destrucción, planificado por los gestores políticos de la Comunidad de Madrid. Lo mismo está ocurriendo con otros sectores públicos vinculados con los cuidados, por no hablar del paulatino deterioro de los derechos humanos y políticos.

Esta situación se ha acelerado con el triunfo electoral del sector más radical del Partido Popular, que se mimetiza con la extrema derecha. La privatización ha adquirido velocidad de vértigo en la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, las pensiones… En la educación madrileña nos encontramos con problemas que ya veníamos padeciendo anteriormente y otros que se van añadiendo o agravando.Entre los problemas que permanecen cabe citar:

La construcción por fases de los nuevos centros educativos, motivado también por una rebaja del presupuesto dedicado a infraestructuras, que cayó drásticamente desde 2009 (209,9 millones de euros), para situarse en los últimos ocho años en torno a los 70-80 millones, que en muchos casos no se ejecutan por los habituales incumplimientos de la administración autonómica. En Getafe todos los centros construidos en la última década han soportado este sistema de construcción, miles de niños y niñas empezaron y terminaron su escolarización con su colegio en obras y algunos de ellos iniciaran la secundaria sin que su instituto esté terminado.

El CP María Blanchard, el IES Elisa Soriano Fisher o el CP Miguel de Cervantes siguen sufriendo los efectos de la construcción por fases, provocando la masificación propia y la de los centros de otros barrios, que se ven afectados por la cicatería de una administración, que se niega a construir las infraestructuras educativas -y de otro tipo- que necesitan los nuevos barrios: sendos colegios de educación primaria en Buenavista y los Molinos, una escuela infantil y un IES en este último barrio y terminar el IES de El Bercial.

Tras el paréntesis del curso pasado, miles de profesores han sido despedidos volviendo a las abultadas ratios de 2019. Volvió la masificación a las aulas, se acortó la distancia social y desaparecieron los apoyos sanitarios. Los efectos de estas medidas, unido a la propia inoperancia de la consejería de educación, han recrudecido los contagios por Covid en los centros. No se han tenido en cuenta los excelentes resultados académicos que provocó, en el curso pasado, la bajada de ratios.

Es obvio que las medidas restrictivas, que se han generado con motivo de la pandemia, han dificultado el acceso de las familias a los centros y la participación de la comunidad educativa en la vida escolar, pero hace tiempo que la democracia escolar se ha visto muy limitada con decisiones de política educativa que abundaban en el sesgo jerárquico y autoritario.

La formación permanente del profesorado se ha deteriorado no sólo cuantitativamente sino también cualitativamente. El sistema de formación entre iguales, que promovían los centros del profesorado, ha sido sustituido por cursos de carácter eminentemente técnico, a menudo de forma telemática, lo que ha provocado falta de debate pedagógico y el aislamiento del profesorado.

Sigue sin abordarse una evaluación rigurosa del llamado programa bilingüe, después de 17 años de su puesta en marcha. Desde hace unos años se implanta de manera automática en los nuevos centros, sin contar con el apoyo de la comunidad educativa, sin tener en cuenta su secuela segregadora y obviando, en este caso, las consecuencias de empobrecimiento del castellano. Se rasgan las vestiduras porque las lenguas de las comunidades históricas tengan carácter vehicular pero no importa que lo sea el inglés, en toda España.

Dos cuestiones centrales nos alertan de la deriva privatizadora del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Por un lado, la denominada Ley Maestra de la Libertad de Elección que, en contra de lo que propone la LOMLOE, relega la enseñanza pública e intensifica el apoyo a la escuela privada (ver artículo). Cabe esperar que sea recurrida por el gobierno central y, mientras se resuelve, pasarán años en los que la Comunidad de Madrid continuará con su cruzada privatizadora, sabedores sus gestores, que lo que ellos privatizan, luego es difícil de revertir.

Los presupuestos aprobados entre el Partido Popular y Vox son un ataque frontal a los servicios públicos, de forma especial al derecho a la salud y al derecho a la educación. En educación se traducirán en el aumento del dinero público dedicado a potenciar el conocido cheque escolar en la educación no obligatoria, especialmente en el ciclo 0-3 años. Se quiere acabar con el modelo, de probada calidad, de Escuelas infantiles 0-6, porque no cuadra con su proyecto de privatización y degradación de la educación infantil. A la vez se potencia la concertación de los bachilleratos y se refuerza la reducción de la fiscalidad a quienes llevan a sus hijos a la escuela privada.

En estas circunstancias es imprescindible revitalizar el movimiento educativo que surgió en los años ochenta, cuando las políticas educativas neoliberales se ponen en marcha, haciendo propuestas en torno al reforzamiento del derecho a la educación y a la potenciación de la escuela pública. La democracia, aunque los que ahora se llaman liberales no lo asuman, no sólo requiere el derecho a consumir, votar y -si no se molesta mucho- disentir, sino la garantía de acceso de toda la ciudadanía a los servicios esenciales, y eso sólo se garantiza por medio de los servicios públicos (de titularidad pública).

Nosotros entendemos que uno de los más graves problemas que tenemos es que buena parte de la comunidad educativa, de la escuela de titularidad pública, no tiene conciencia clara de, hasta qué punto, determinadas decisiones políticas afectan al derecho a la educación. Como en otros ámbitos de la vida social el ruido mediático nos distrae de lo esencial. Sin embargo, las propuestas regresivas de los que nos gobiernan se manifiestan ya sin ningún pudor: hay que eliminar todo lo público, comenzando por la educación y la salud y continuando con el resto de los servicios esenciales, para derivarlos al mercado y al negocio.

Es necesaria una respuesta ante cada agresión. Debemos seguir trabajando desde todos los ámbitos, de diferentes maneras. Desde lo más próximo -el centro de trabajo, las asociaciones de madres y padres, etc- a ámbitos más amplios como las plataformas por la escuela pública, las federaciones de AMPAs, los sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, etc.

Debemos ir de la protesta a la propuesta. Se nos abren tantos frentes, que es habitual que lo que nos ocupe sea la protesta, pero tenemos que esforzarnos en elaborar propuestas alternativas a las políticas privatizadoras.

Nos asiste la lógica y la razón. Frente a la ideología de los privilegios, del beneficio personal y el “sálvese quien pueda”, nosotros defendemos el derecho universal a la educación, frente a la competencia la colaboración y la equidad, frente a la segregación la inclusión, frente a la instrucción dogmática, la educación en los valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ver nuestro artículo del pasado 27 de mayo

El neoconservadurismo educativo avanza en Madrid: Ley Maestra de la privatización de la educación