“Sí se puede”

Historia de la lucha social que acabó con el proceso privatizador de la Sanidad en Madrid

Si hubiese que elegir uno de los lemas más coreados en el 2013 ese sería sin duda “la Sanidad no se vende, se defiende”. Una frase que condensa más de año y medio de movilizaciones, huelgas, denuncias…y que habla de la voluntad popular. Del bien común por encima de los intereses particulares. De un colectivo, el sanitario, que en pie desde octubre de 2012, ha denunciado el proceso de privatización de la sanidad madrileña puesto en marcha por el ejecutivo de Ignacio González, y no ha parado hasta que ha logrado su objetivo.

Los especialistas, aquellos que conviven de cerca con el sistema, han sido los impulsores de esta batalla ciudadana por una Sanidad universal, pública y de calidad. Mano a mano, miles de ciudadanos han apoyado las protestas, se han unido a las concentraciones. Todos juntos han conformado la llamada Marea Blanca, una plataforma multitudinaria integrada por todos aquellos que confían, promocionan y apoyan no solo a los servicios públicos, sino a sus profesionales, que ha recorrido incansablemente las calles de municipios y de la capital -hasta en 16 ocasiones- para visibilizar su rechazo a la reforma propuesta por el gobierno regional.

Retirada y dimisión de Lasquetty
El pasado 27 de enero, el mismo presidente González anunciaba que la Comunidad “dejaba sin efecto” las acciones privatizadoras de la Comunidad, decisión que se llevaba por delante, de paso, a su principal impulsor, el consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty.

“No parece razonable que para una medida cautelar como ésta llevemos siete o casi ocho meses con una situación de incertidumbre que no podemos mantener más tiempo”, sostuvo González durante la intervención para justificar la decisión regional, “seguimos pensando que este es un modelo de gestión legal y posible, como lo acredita el hecho de que este sistema de gestión está contemplado por la ley”, subrayó. Tan contemplado, que en toda la Comunidad prestan funcionamiento seis hospitales bajo la supervisión privada: el de Collado Villalba (que todavía no se ha abierto), el hospital de Torrejón, el de Móstoles, el de Valdemoro y la Fundación Jiménez Díaz.

Lasquetty, por su parte, argumentó el abandono de su cargo alegando que asume “la responsabilidad de no haber conseguido el proceso” que él mismo emprendió. “He decidido dejar el cargo de consejero porque yo fui quien propuse este proyecto, lo puse en marcha y las circunstancias lo han hecho imposible”, aclaró el exconsejero sin hacer referencia alguna a las numerosas manifestaciones públicas en contra.

La privatización frustrada
El proceso, pendiente de la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia, contemplaba la gestión privada de seis de los últimos centros construidos en la región – Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez)– más la privatización del 10% de los centros de salud (27 concretamente) de la Comunidad por parte de tres grandes grupos de empresas, Sanitas, Rivera Salud e HIMA San Pablo. El objetivo de la privatización ha sido siempre el ahorro, aunque la Comunidad ha ido variando las cantidades a su conveniencia pasando de los 600, 200 y más de 100 millones de euros. La externalización de servicios como el de lavandería o los bancos de sangre han sido acciones paralelas al proceso, que al contrario que la gestión de los centros, no se han recuperado.

El mérito de la paralización recae en los recursos judiciales que asociaciones como AFEM o partidos como el socialista interpusieron contra la Comunidad de Madrid. Tras analizarlos todos meticulosamente el TSJM decidió devolver cada uno de ellos a sus juzgados de origen, y paralizó hasta en dos ocasiones cautelarmente el proceso por entender que más de un millón de madrileños y más de 5.000 profesionales del sector podrían sufrir “perjuicios irreparables” y que debido a la “dimensión extraordinaria” del plan, podría no tener vuelta atrás una vez ejecutado.

Justicia vs. oportunidad política
La última notificación de la suspensión cautelar y la retirada del proceso de la propia Comunidad, anunciando el abandono de Lasquetty, ha sido una verdadera celebración en el ámbito sanitario, aunque los artífices de la lucha lo tienen claro: “Hemos ganado una batalla, pero la guerra sigue”. Así lo corrobora la anestesista Yolanda Cabrera, facultativa del hospital de Getafe y miembro de la ejecutiva de AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), “Estamos muy contentos porque es lo que llevábamos peleando 15 meses, confiábamos en la Justicia”.

Para la organización, este es un “primer paso de lo que queríamos evitar que se hiciese, gestionar el problema desde el punto de vista de los propios profesionales”, argumenta, “ahora el objetivo pasa por seguir trabajando en lo que teníamos en mente: en la mejora de la gestión sanitaria, para la que AFEM presentó planes alternativos hace meses en los que demostramos que era mucho más útil gestionar más eficientemente los recursos desde lo público. Además queremos mejorar las condiciones de trabajo de miles de trabajadores con contratos eventuales, no solo en los hospitales”.

La representante, que indica que desde AFEM siguen “abiertos a colaborar con la Comunidad”, señala que no acaban de estar convencidos con el nombramiento del nuevo consejero de Sanidad. Javier Rodríguez es doctor en medicina y cirugía, médico especialista de medicina interna y de nefrología y jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, desde el 87 es diputado y portavoz de Sanidad en la Asamblea. “Sus intervenciones son muy polémicas”, señala Cabrero, “es muy del partido, y nosotros, pese a lo que digan, no nos identificamos con ninguna línea política, somos profesionales”.

La decisión del ejecutivo madrileño no ha sido aplaudida por todos en el ámbito local. “El auto del juez que suspende el proceso de reforma no se hace en función de la legalidad, sino casi, casi, de la oportunidad política”, aseguró el alcalde Juan Soler al ser preguntado al respecto, quien calificó la decisión de “error”. “Eso no es una función judicial y pudiera llegar a ser una invasión de la función del ejecutivo”, indicó el regidor, que llegó a dudar de la independencia de los jueces, “esta fórmula en la que el judicial esta opinando constantemente de las funciones del ejecutivo puede llevar a problemas de inconstitucionalidad”, manifestó.

Celebraciones a nivel regional
“Esta es la constatación del fracaso de las políticas del PP y lo que se debería plantear no es la dimisión de Lasquetty sino la del propio González”, así de contundente se mostró el portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, quien además asegura que lo más conveniente para evitar “un goteo de dimisiones de consejeros en cadena sería convocar elecciones anticipadas”, ya que, en su opinión, “los madrileños no pueden asistir a la agonía de este Gobierno”. Para Gordo, esta decisión constituye “el triunfo de la marea blanca, independientemente de la deslegitimación con la que han intentado cubrir estas movilizaciones desde el Gobierno”.

Para José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea, “quién da marcha atrás en el proyecto de privatización es Ignacio González, que sacrifica a Javier Lasquetty en este proceso. El responsable es el presidente y ha visto que esta situación era imposible de sostener, además de la presión que a buen seguro han ejercido las adjudicatarias que habían dado la garantía y no podían aguantar el tiempo de la resolución judicial”, explica el socialista, que crítico plantea las cuestiones de esta lucha a corto plazo, “hoy toca felicitarse, pero es mañana hay que hacer preguntas. Porque, ¿cuánto nos ha costado a los madrileños todo este proceso? ¿Cuánto ha negociado con las compañías por la indemnización? ¿Cuál es el formato jurídico que se ha utilizado para parar este proceso?”, se pregunta. Freire opina que la paralización del proceso es “una gran victoria que, el preludio del cambio”, pero mientras llega hay que centrarse en cuestiones como “el deterioro constante al que están sometiendo a este servicio con privatizaciones encubiertas derivando pacientes a la privada, infrautilizando los servicios públicos, colapsando las urgencias, aumentando las listas de espera… Este año el Gobierno está para recoger los muebles”.