La UC3M es demandada por el despido colectivo de estudiantes en prácticas

GETAFE/Sociedad (03/02/2020) – La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha interpuesto una demanda de impugnación colectiva de despido colectivo a la Universidad Carlos III de Madrid, en representación de los estudiantes del Programa de Prácticas Académicas Extracurriculares correspondientes a la convocatoria de mayo de 2019. La demanda, representada por sus servicios jurídicos, fue presentada el pasado 30 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La relación laboral entre los estudiantes del programa y la Universidad Carlos III ha sido establecida en el Acta de Liquidación de Cuotas a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional de la Inspección de Trabajo. En la misma se considera que las labores encomendadas a los estudiantes sustituyen una prestación laboral propia de un puesto de trabajo y deberían ser asumidas por personal propio de la Universidad.

Demanda por despido colectivo

Desde CCOO entienden que la relación que une a los afectados en este procedimiento es una relación laboral que debe declararse indefinida, y no una relación de beca. Por lo tanto, la finalización de la relación laboral existente entre los estudiantes y la universidad debería haberse ajustado a los procedimientos y regulación del despido colectivo. Ante este incumplimiento, se ha solicitado que el tribunal correspondiente dictamine que ha existido una relación laboral indefinida de los trabajadores de la Universidad Carlos III incluidos en el Acta de la Inspección de Trabajo. Asimismo, se solicita que este despido se considere nulo y, por tanto, se condene a esta universidad a readmitir a los trabajadores afectados y a que se les abonen los salarios que no han percibido.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid rechaza el uso fraudulento de las becas para cubrir puestos de trabajo y necesidades estructurales, lesionando los derechos del alumnado, precarizando las relaciones laborales y desvirtuando lo que debería ser un servicio público de calidad. “La beca debe servir para aportar una experiencia laboral y formativa al alumnado, no para cubrir las necesidades de las universidades. Está en juego la responsabilidad social de las universidades y su imagen ante la sociedad a la que sirven”, aseguran desde la organización. Además, no descartan la adopción de otro tipo de actuaciones legales.