Más recursos y menos homenajes para las personas con discapacidad

GETAFE/El rincón del lector (04/12/2021) – El día 3 de diciembre se conmemora el Día internacional de las personas con discapacidad en nuestro país y este día todos queremos formar parte y figurar, pero parece que tal cual al día siguiente saltamos del carro y seguimos caminando como si nada hubiera ocurrido.

Las personas con discapacidad en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro municipio se encuentran históricamente en una especie de limbo insoportable entre los intereses políticos, las necesidades de sus familias, la escasez de recursos de sus organizaciones representativas y la infradotación de los servicios sociales.

En muchas ocasiones no se piensa en las necesidades reales de estas personas ni en sus demandas concretas, por lo que se desarrollan programas y políticas que no responden a sus necesidades.

Veamos algunos ejemplos de estas:

Todos recordamos la guerra abierta de las comunidades autónomas del PP para poner trabas al desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia (popularmente conocida como la ley de dependencia) exclusivamente porque la ley fue puesta en marcha por el gobierno socialista, las vergonzosas listas de espera para acceder a una prestación que estas personas tenían reconocida por derecho. Solo en el año pasado, 55.375 personas murieron a la espera de la prestación por dependencia.

Más reciente es el conflicto por la educación inclusiva. Mientras que Naciones Unidas no para de tirarnos de las orejas por la situación de segregación educativa en nuestro país, se desata un movimiento político promovido por los partidos de derecha, fundamentalmente el PP y al que después se incorporó VOX, para atacar a la inclusión educativa, es decir, que todos los niños y niñas tengan o no discapacidad puedan estudiar en los mismos colegios.

Empiezan a difundir mentiras como el cierre de los colegios de educación especial y que los niños y niñas con discapacidad se van a quedar en la calle, para sumar unas pocas familias y colegios de educación especial a su campaña. Una campaña fundamentalmente política de la derecha contra la Ley Celaa, de Ayuso contra el gobierno y en la que hay un trasfondo de la transferencia de la gestión educativa de los niños con discapacidad hacia la educación concertada y privada.

La priorización de las demandas de las familias con respecto a la de las personas con discapacidad y la incompetencia de las administraciones publicas para el desarrollo de recursos y programas orientados a las necesidades de las personas, tiene como consecuencia la proliferación de residencias para personas con discapacidad intelectual.

Mientras que el propio colectivo reclama una vida independiente, en viviendas en la comunidad, como cualquier otra persona, las administraciones públicas siguen enviando a las personas a residencias en las que dicen que NO quieren vivir.

Sin embargo, los informes anuales del comité de derechos de las personas con discapacidad de la ONU sobre la situación en España nos siguen exigiendo que avancemos en el camino de la desinstitucionalización, que dejemos de construir residencias y que dediquemos estos recursos a impulsar programas de vida independiente y a desarrollar la asistencia personal.

Por último, hablemos de la escasez de recursos de las organizaciones de personas con discapacidad.

En el ámbito de la discapacidad, fundamentalmente en el de la discapacidad intelectual son las propias asociaciones de familias y fundaciones las que gestionan los recursos de atención a las personas, que son financiados por las administraciones públicas: centros ocupacionales, centros de día, servicios de vida independiente, viviendas comunitarias, residencias y un largo etc.

Realmente, lo que ha ocurrido es que la administración publica ha delegado en ellas la atención a las personas. Estas organizaciones sin animo de lucro se esfuerzan por desarrollar programas orientados a las necesidades reales de las personas, pero en muchas ocasiones no pueden llevar a la práctica su discurso inclusivo porque la financiación que reciben para atender a las personas es increíblemente deficitaria.

Solo dos datos para fundamentar esto:

En el año 2021, la Comunidad de Madrid paga en 2021 a estas organizaciones en muchos de los recursos de atención a las personas con discapacidad un precio plaza inferior al que pagaba hace más de 10 años. Ni siquiera se ha considerado la subida de indicadores básicos como del IPC.

En el año 2018, el periódico Cinco Días publicaba el ranking de los peores convenios colectivos de España, encabezado por el XIV convenio colectivo de atención a las personas con discapacidad. El convenio que fija las condiciones laborales de los trabajadores que atienden a las personas con discapacidad tenía el vergonzoso honor de ser el peor convenio colectivo de nuestro país.

Y en Getafe, ¿qué pasa en Getafe?

La situación en Getafe no es diferente, en parte es similar al que se describía anteriormente porque las competencias en materia de dependencia no son locales y porque escudándose en esto, el Ayuntamiento de Getafe no hace nada más allá de acciones puntuales con un impacto casi inexistente en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Pero Getafe sí que tiene competencias en materia de Servicios Sociales, aunque, como ya es sabido, es uno de los municipios que encabeza el ranking de los servicios sociales que están más infradotados de toda España. Otro triste honor el de ser un Ayuntamiento con superávit, porque el gasto social que presupuesta ni siquiera lo gasta.

Luego, sí, acciones de cara a la galería como el Plan de Inclusión, que no viene a ser más que un compendio de cosas que ya se venían haciendo y de las que, por cierto, no son las que realiza el Ayuntamiento sino las organizaciones sociales del municipio con sus propios recursos.

Y esta situación tan dramática, ¿cómo se sostiene?

Las personas con discapacidad no dejan de ser un colectivo de población vulnerable, ocurre un poco parecido a lo que pasa con las personas mayores y es que se encuentran en una situación de indefensión aprendida, por lo que aún tienen dificultades para reivindicar y alzar la voz.

Esta es una de las principales tareas que la sociedad y las organizaciones sociales. Tenemos que desarrollar políticas para revertir esta situación, poner a las personas con discapacidad al frente de la reivindicación y la defensa de sus derechos. Que sean ellas mismas las que tengan un papel activo en el desarrollo de las políticas orientadas a dar solución a sus necesidades.

En Más Madrid Compromiso con Getafe, tenemos muy claro esto y nuestra hoja de ruta.