La justicia no es igual para todos

«La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte.»
La República de Platón.

GETAFE/Tribuna con acento (26/05/2026) – Asistimos de manera reincidente a la polarización y el doble rasero ético en la aplicación de la justicia. La ética jurídica ha pasado de ser un código de conducta objetivo e innegociable a convertirse en un arma arrojadiza bidireccional que se activa o desactiva según sople el viento electoral. Así lo vienen a mostrar los grandes casos de corrupción en España: Caso Koldo / Trama de las Mascarillas; Trama Gürtel y Caso Bárcenas; Caso Púnica y Operación Kitchen; o el Caso Montoro, entre otros.

DECISIONES JURÍDICAS CONTROVERTIDAS.

El juicio de la Operación Kitchen uno de los mayores escándalos de corrupción institucional y policial de la historia reciente. Se trata de una trama parapolicial, que operó entre 2013 y 2015, bajo el gobierno del Partido Popular, con un objetivo muy claro: espiar ilegalmente al extesorero, de su propio partido, para robarle documentos comprometedores y destruirlos para evitar que cayeran en manos de la Justicia. Resulta escandaloso que Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal no fueran siquiera llamados a declarar como testigos por el juez que lleva la causa. Como excusa están las célebres frases de “yo no sabía nada”; «eso era cosa del tesorero»; “no me consta”. De otro lado, hemos presenciado la “persecución política» del que fuera Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que sentó un precedente histórico insólito: fue juzgado y condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Resulta paradójico que, mientras la causa contra el Fiscal General avanzó a velocidad récord hasta su condena, el juicio principal contra Alberto González Amador (novio de Isabel Ayuso), por presunto fraude fiscal confeso (de unos 350.000 euros), falsedad documental y pertenencia a grupo criminal se está viendo desplazado en el tiempo por «maniobras dilatorias» sin fecha de inicio del juicio oral.

LA OPACIDAD EN LAS AGENDAS Y LOS LOBBIES. LAS PUERTAS GIRATORIAS

Recientemente la Audiencia Nacional ha resuelto la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez investiga si el expresidente cobró comisiones (el sumario menciona sospechas de una «mordida» de medio millón de euros) y si utilizó sus hilos e influencia en el régimen venezolano y en ministerios españoles para desatascar el polémico rescate de Plus Ultra. Es importante recordar que en 2014 sobre otro expresidente: José María Aznar presente en distintos consejos de dirección empresarial como en News Corp o en la hidroeléctrica Endesa, e igualmente pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi. Felipe González Márquez, presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996, es históricamente el arquetipo y el rostro más visible del debate sobre las «puertas giratorias» presente en los consejos de administración del Ibex 35, consejero independiente de Gas Natural Fenosa (actual Naturgy). Revelan comportamientos de privilegios que afectan el corazón de la ética institucional. La mezcla de dinero público (sueldo proveniente del Consejo de Estado en torno a los 100.000 euros brutos anuales) y agendas corporativas (empresas multinacionales) generan una profunda desafección política. Realidad que hace necesaria una cierta regularización y transparencia de las actividades de los ex presidentes.

LOS DATOS DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: UN DETERIORO SOSTENIDO

Los indicadores internacionales reflejan que las reformas no están bastando para frenar la desconfianza en la corrupción. El dato más contundente proviene del Informe elaborado por la ONG Transparencia Internacional (2025), que señala que España ha obtenido una puntuación de 55 sobre 100, lo que supone su peor resultado histórico desde que se implantó el sistema de evaluación actual en 2012 (cuando rozaba los 65 puntos). El país cae hasta el puesto 49 a nivel mundial. En el marco de la Unión Europea, ocupa el puesto 17 de los 27 Estados miembros, lo que evidencia una calidad de transparencia por debajo de la media comunitaria. Igualmente el Informe señala una serie de mejoras a emprender:

a) Garantizar la Justicia Independiente, es decir, blindar a los tribunales y ministerios públicos contra la interferencia del poder ejecutivo y de intereses de partidos políticos;

b) Proteger el periodismo de investigación de amenazas judiciales o acoso, asegurando que la ciudadanía pueda denunciar libremente;

c) Implementar regulaciones estrictas de las “puertas giratorias” y transparentar la influencia financiera en las campañas electorales.

MÁS ALLÁ DEL CÓDIGO PENAL LA ÉTICA POLÍTICA

La calidad de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de España es formalmente aceptable en los papeles, pero deficiente en la práctica. Las evaluaciones internacionales y los analistas coinciden en que su aplicación real sufre de importantes deficiencias estructurales. La diferencia entre lo legal y lo ético es el espacio donde se construye la confianza pública.

España sigue careciendo de un registro obligatorio de grupos de interés (lobbies) que regule de manera unificada quién se reúne con los ministros, secretarios de Estado o diputados para influir en la redacción de las leyes.

Un análisis ético-crítico de la corrupción estructural en España exige ir más allá del código penal. Mientras que los tribunales determinan si un acto encaja en un tipo delictivo concreto, la ética pública evalúa el impacto de esas conductas en el tejido democrático, la justicia social y la confianza ciudadana.

El hecho de que grandes líderes políticos queden penalmente exonerados por falta de «pruebas directas de autoría». Incluso con pruebas documentales y grabaciones de plena autenticidad quedan diluidos por declaraciones reiteradas de “yo no sabía nada”, “no me consta”, es una injusticia moral.

Por otra parte, existe una corresponsabilidad innegable entre el comportamiento de los gobernantes y el de los gobernados. El clásico «todos son iguales» o «yo en su lugar haría lo mismo» es un cheque en blanco para la corrupción. Cuando la ciudadanía normaliza las pequeñas corruptelas diarias (el fraude fiscal a pequeña escala, el clientelismo para conseguir un favor, o la picaresca), pierde la autoridad moral para exigir ejemplaridad a sus líderes.

Es notorio que la ciudadanía tiende a informarse a través de medios de comunicación que coinciden con su propia ideología. Un votante conservador prefiere votar a un partido salpicado por la corrupción antes que permitir que gobierne la izquierda (y viceversa). El temor a que las políticas del rival destruyan su modelo de sociedad (en temas fiscales, territoriales o sociales) pesa muchísimo más que el reproche ético.

La ética ciudadana se hará presente cuando el coste político de la incoherencia sea tan alto que mentir, ocultar información o abusar del poder signifique el fin inmediato de la carrera de cualquier gestor público.