El Ingreso Mínimo Vital, un avance en la justicia social

GETAFE/Tribuna con acento (05/06/2020) – España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual. De acuerdo con la definición del INE (Instituto Nacional de Estadística) y de Eurostat, las personas que viven en hogares donde la renta media disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta nacional, en España alcanza a 9,9 millones de personas (21 por ciento) que se encuentran en el umbral de la pobreza. Tal y como lo muestra la Encuesta de Condiciones de Vida (2018). De manera similar lo vienen a ratificar estudios como el Informe Foessa (Cáritas), la Cruz Roja, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Y, en estos últimos días tras la pandemia el aumento de la demanda de ayuda alimentaria observada en diversos barrios de la localidad.

Abordar la pobreza severa

Con estos indicadores a escala local (Getafe), según la Agencia Tributaria en su desglose de 2016 (pendientes de precisar las declaraciones de la Renta de 2018), indicaba que del total de rentas declaradas 85.934 en torno al 20% de sus titulares se encontraban en una renta media de menos de 6.010 euros anuales, seguidas de un 9,84%, que se encuentran en el tramo de 6.010-12.000 euros. Son declaraciones de los ingresos tributarios que en su mayoría se encuentran en la pobreza severa, en su tramo más bajo.

Garantía de rentas según la constitución

Esta realidad estadística pone de manifiesto la contradicción con los principios de los Derechos Sociales fundamentales de la Unión Europea, uno de los cuales (principio 14) está dedicado a la renta mínima, señalando que: «Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. De igual manera la Constitución Española (C.E.) en su artículo 41 recoge «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo«.

Un derecho subjetivo de las personas

El Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo tiene por objeto la creación y regulación del Ingreso Mínimo Vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Garantiza un nivel mínimo de renta con una cuantía que irá de los 462 a los 1.015 euros por hogar, cantidad que depende de si se tiene a personas mayores o hijos a cargo, y de los ingresos declarados en 2019. Reconoce como derecho subjetivo de las personas cuyas edades se encuentran entre los mayores de 23 años y menores de 65 años. Prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica. El decreto viene a consolidar nuestra democracia centrada en garantizar un suelo de libertad y dignidad a todas las personas.

Reconocimiento de universalidad

La importancia del real decreto es el reconocimiento de la universalidad e incondicionalidad como derecho. Elimina el carácter graciable de los subsidios condicionados, como es el caso de las Rentas Mínimas de Inserción de la Comunidad de Madrid, cargada de burocracias y papeleos. Y lo mismo acontece con la debilidad estructural de los Servicios Sociales de Getafe, dependiendo siempre del presupuesto asignado que a día de hoy se encuentra dentro de la clasificación de Servicios Sociales pobres, que tiene un gasto social de apenas 42,59 euros por habitantes.

Una inversión imprescindible para garantizar una convivencia personal positiva y que no quiebre la cohesión social. Es decir, predomina el criterio justicia social frente a la beneficencia. La acción de promoción social (objetivo de las políticas de derechos) abre mayor disponibilidades a las trabajadoras sociales a la prevención y al trabajo comunitario. Dignifica los Servicios Sociales.

Una respuesta a la precariedad de los hogares más frágiles

El Ingreso Mínimo Vital se configura como la mejor respuestas contra la precariedad y vulnerabilidades de las personas y colectivos más frágiles. Son aquellos que han agotado las prestaciones por desempleo, sin ingresos o sin techo. Entre ellos están las trabajadoras con contratos temporales por debajo del mínimo establecido, los autónomos que han perdido el empleo, los inmigrantes con irregularidad sobrevenida, las empleadas de hogar a tiempo parcial, jóvenes sin futuro que ni estudian ni trabajan, mujeres y hombres obligados a prostituirse, inquilinos precarios… Hace mucho tiempo ya que la precariedad se convirtió en cotidianidad. La aplicación del IMV contribuirá de manera significativa a lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina la senda del Trabajo Decente.

Primera lección «no volver a la normalidad»

Si hay algunas palabras que se han hecho virales son aquellas que dicen «lo que la pandemia ha dejado al descubierto» la fragilidad del sistema sanitario, la dependencia de los mercado globales, la mercantilización de las residencias geriátricas, las precarias condiciones de trabajo, la necesidad de reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario, la interconexión de la naturaleza y sus ecosistemas… y, sobre todo, que el coronavirus afecta siempre a los más débiles para afrontar la desigualdad de carácter social. Todo ello se configura como potencialidades de empleo local en el amplio mundo de los cuidados. La otra gran novedad ha sido la aprobación del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición energética (19 de mayo, 2020) para impulsar las inversiones y la creación masiva de empleos verdes y deshacerse progresivamente de las actividades más contaminantes. Y una tercera novedad ha sido la brecha digital y la necesidad de actualizar las respuestas. Transición que requiere políticas de formación y cualificación.

Reconstruir juntos un futuro, ecológico, feminista y social, necesitamos cambios decididos en la ética política y su orientación presupuestaria. No se trata de nuevos parcheos con acciones aisladas para «volver a la misma normalidad», se trata de abrir un diálogo de los nuevos referentes en los territorios del Sur de Madrid (Getafe), que presentan fuertes desequilibrios en las áreas básicas del bienestar (educación, salud, vivienda, dependencia…) y aprovechar eficientemente los recursos estructurales de los Fondos Europeos, así como las directrices y recursos de carácter estatal y autonómico. Este abanico de potencialidades es la mejor contribución a la percepción de que el IMV no desincentive la participación en el mercado laboral, y su compatibilidad con las rentas del trabajo o la actividad económica de la persona beneficiaria individual. Este derecho solo puede existir como resultado de compartir un conjunto de responsabilidades individuales y colectivas que lo fundamenten. El comportamiento cívico ante la crisis sanitaria del Covid-19, nos ha mostrado que vivir en común representa preservar lo Común.