Humanizar la sociedad por unos presupuestos más equitativos

GETAFE/Tribuna con acento (08/09/2020) – Los muy ricos ven aumentar su riqueza. El reciente informe sobre la riqueza mundial, realizado por Crèdit Suisse, nos dice que un minúsculo grupo de 2.095 personas disponen más de 1.000 millones de dólares cada uno.Y la fortuna conjunta de los 46,8 millones de millonarios, menos del 1% de la población adulta, representa el 44% de la riqueza de todos los hogares. Descendiendo a nuestro país, con los datos que daba la Agencia Tributaria, 611 españoles declararon en 2017 tener más de 30 millones de euros. Sin embargo, Crèdit Suisse y la banca privada calculan que son 2.200 personas los que disponían de fortunas superiores a los 45 millones de euros. Los milmillonarios españoles de la lista Forbes vieron aumentar conjuntamente sus fortunas en 19.200 millones de euros entre mediados de marzo y principios de junio, es decir, en plena pandemia.

«INGENIERÍA FISCAL» PARA EVADIR IMPUESTOS

Esta situación pone de relieve la dificultad que encuentra el Ministerio de Hacienda para lograr que los muy ricos contribuyan con impuestos conforme a la Ley. Esta clase social dispone de recursos de «ingeniería financiera». Solo el uso de paraísos fiscales y la evasión de impuestos por parte de grandes empresas restan al año 11.000 millones de las arcas públicas. Son varios los métodos utilizados, entre los más manejados están: la creación de fundaciones para pagar menos; a través de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV); la abultada presencia de la economía sumergida en torno al 20% del PIB; el déficit de la progresividad de la renta en el IRPF. El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), así como la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), estiman la pérdida de recaudación en torno en 70.000 millones de euros.

LA «INGENIERÍA SOCIAL» DE LOS HOGARES PRECARIOS

Después de haber aprobado el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el 1 de junio de 2020 había aproximadamente un millón de hogares afectados por la pobreza severa (tres millones de personas). A día de hoy, la percepción de la prestación apenas llega al 1% de los hogares cuya asignación apenas alcanzan los 500 euros mensuales. Son familias que deben hacer «filigranas para subsistir en condiciones dignas». En estos hogares es donde se registra la ausencia de acceso a medicamentos recetados, atención médica, bucodental y salud mental. En ellos se consumen menos fruta, verduras, carne y pescado. Son hogares que llegan con mucha dificultad para hacer frente a los gastos de la vivienda y suministros, como señala la Encuesta sobre Condiciones de Vida (2020) realizada en 2019 que no ha podido estudiar el impacto de la pandemia.

LOS RECIENTES REBROTES DEL VIRUS VA POR BARRIOS

Así lo muestran el mapa epidemiológico de la Comunidad de Madrid, que va desde el corredor del Henares pasando por Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel hasta los municipios del área metropolitana del Sur: Parla, Fuenlabrada, Móstoles… Los datos actuales vienen a confirmar que el estado de salud es claramente más deficiente entre las personas en situación de pobreza. Factores como el sexo, la clase social, el lugar de residencia, la situación laboral, determinan nuestro estado de salud. Estamos hablando de las zonas con rentas más bajas donde hay mayor prevalencia de ciertas patologías, como hipertensión o diabetes, que agravan el impacto del virus.

CONTROL Y BUROCRACIA EN EL ACCESO AL INGRESO MÍNIMO VITAL

Hay que tener en cuenta la dificultad de las instituciones para adaptarse ágilmente a las urgentes necesidades de quienes han perdido el trabajo o han sufrido graves mermas de ingresos por la crisis. A esto se añade que la concesión del IMV requiere una aportación significativa de tramitación documental: declaraciones de la renta, catastro, empadronamiento, incluso por vía telemática «para acreditar que eres pobre», comprobar que los solicitantes están buscando de manera activa trabajo, certificar que no reciben ningún otro tipo de ayuda, que se está siguiendo un «itinerario personalizado de inserción». Al mismo tiempo, la norma conlleva un régimen sancionador muy preciso como la retirada de la prestación y su devolución en caso de incumplimiento. Estamos hablando de una partida presupuestaria de apenas 3.000 millones de euros.

EL DINERO DE LAS GRANDES FORTUNAS VIAJA POR REDES TELEMÁTICAS Y EN AVIÓN CON ESCOLTAS

Imaginar por un momento que este «celo fiscal» del control de los recursos públicos se aplicara con la misma intensidad a los grandes defraudadores del país (Nóos, Lezo, Gürtel, EREs, los más mediáticos) que se les exigiera devolver el dinero «eludido». Aquellos que se acogieron a la»amnistía fiscal» con la colaboración del Gobierno de turno. Personajes distinguidos (ministros, empresarios, políticos, el ex-monarca, etc.) que han metido la mano en la caja de dinero público para llevárselo «fuera del territorio nacional».

UNOS PRESUPUESTOS AL SERVICIO DEL INTERÉS GENERAL

Lo cierto es que ahora se discuten los presupuestos Generales del Estado y la derecha española no está dispuesta a apoyar bajo la premisa de «sino rompe con Podemos». Es evidente que ni siquiera en estos tiempos de crisis económica y pandemia, necesitados de cambios productivos, transiciones ecológicas, digitales o de cuidados… La derecha rancia no cesa en sus campañas de acoso y derribo al gobierno constitucional. Entre otras cosas, porque en su ADN dominan intereses clientelares de las grandes fortunas. El informe Transparencia Internacional (2019) de la ONG que mide los niveles de corrupción señala que «cuando los políticos solo escuchan a los ricos o a las personas y grupos conectados políticamente, con frecuencia lo hacen a costa de los ciudadanos a los que sirven», que están lejos de afrontar los verdaderos problemas del país, empezando por erradicar la pobreza severa.