El coronavirus descubre las residencias de ancianos (II)

Siempre te recuerdo vieja / nunca te podré olvidar
eternamente paciente, / sufriendo sin más ni más.

José Antonio Labordeta

GETAFE/Todas las banderas rotas (06/05/2020)- En mi artículo anterior expuse que la terrible situación, que se ha hecho evidente en las residencias de ancianos a causa de la Covid-19, venía de lejos. Traté también de explicar que, a mi modo de ver, la causa de lo que ahora descubrían, algunos con perplejidad ignorante y otros con hipocresía culpable, era que los que tienen el dinero habían descubierto en las residencias un gran negocio y las administraciones habían hecho dejación de sus responsabilidades.

Además apunté que lo prioritario, a partir del conocimiento de esta situación, no era tanto dar un nuevo enfoque a las residencias –que también-, sino estudiar los nuevos proyectos que están empezando a desarrollarse en España y que, desde hace tiempo, funcionan en diversos países poniendo el acento en la voluntad y la autogestión por parte de los que serán sus habitantes. Y que ahí debía ir el dinero público.

Resumo a continuación lo que opinan los partidos políticos respecto a las residencias de ancianos. Por supuesto, no ha de tomarse como posición oficial, sino que son declaraciones que algunos responsables de los partidos han hecho a la prensa.

El PSOE adopta una posición que podríamos llamar “legalista”: se refieren a la Ley de contratos del sector público y dicen que las empresas y las Comunidades Autónomas deben cumplirla. Además dicen que debe haber planes de inspección periódicos para las residencias, tanto las públicas como las privadas. Finalmente, entiende que la inversión privada en estos centros no puede ser para beneficio de unos pocos a costa de la calidad de vida de las personas mayores.

El PP no entra en el asunto de los fondos de inversión, claro. Ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que, entre otras cosas, pide al Gobierno “un plan específico para complementar las plantillas de las residencias”, quizá porque no sabe (lo que sería gravísimo en un partido que ha gobernado y gobierna actualmente muchas CCAA), o quizá porque sí lo sabe pero quiere engañar al personal (lo que sería aún más grave), que no hay ninguna ley que autorice al Gobierno central a intervenir de ninguna manera en las residencias de ancianos sino que, por el contrario, son las Comunidades Autónomas las que tienen todas las competencias y jurisdicción sobre las mismas. En esa misma proposición, también quiere que el Gobierno financie a las empresas que gestionan las residencias por su “imposibilidad de mantener los ingresos previstos (entiéndase beneficios) por aplicación de las medidas de aislamiento o la no realización de altas de nuevos usuarios”. Es decir, le preocupa mucho el porvenir de las empresas pero no dice nada respecto al de los ancianos.

Unidas Podemos considera que la gestión de las residencias ha de ser pública y que, en tanto sigan existiendo las de gestión privada, se debe conocer la identidad de sus propietarios porque le parece inaceptable que las empresas se oculten en territorios fiscalmente opacos.

También Ciudadanos, por boca de Inés Arrimadas, quiere que haya transparencia respecto a las empresas que gestionan las residencias. Después, aprovecha que tiene un micrófono delante, para atacar al Gobierno por su falta de transparencia (¿?).

Igual que Unidas Podemos y Ciudadanos, Más Madrid incide en la necesidad de conocer quiénes son los dueños de las empresas que gestionan las residencias. Critica la alta privatización del sector y los macro centros.

Independientemente de con quién esté más o menos de acuerdo cada cual, por mi parte observo que todos aceptan, sin cuestionárselo, el modelo de las residencias como lugar donde los ancianos han de pasar sus últimos años. A ninguno parece que se le pase por la cabeza la posibilidad de que las personas que hoy están jubiladas sean capaces de decidir si quieren pasar esos años de una manera distinta a la que se ofrece en las residencias. Se han quedado anclados en esa frase archirepetida: “nuestros mayores se merecen lo mejor…”, u otra similar pero que siempre empezará por “nuestros mayores…”, que denota un paternalismo rayano en el despotismo ilustrado.

La inmensa mayoría de los políticos, sean de la ideología que sean, parece que no se han enterado de que la sociedad ha cambiado mucho desde que se instauró el modelo de las residencias. Tampoco se han enterado de que, como consecuencia de ese cambio, las personas que hoy tienen más de 65 años, en una gran parte, son gente con una cultura y una preparación académica y profesional muy superior a la que tenían los ancianos de hace 30, 40 o 50 años. En consecuencia, son personas que no se dejan manipular o dirigir hacia una dirección que no hayan decidido por sí mismos.

Llevan tiempo funcionando en Europa experiencias, más que de “residencias”, de modos diversos de vivir y convivir las personas mayores. La variedad llega a los modos de financiación –muchos de ellos públicos-, a las administraciones que las promueven –central, regional o local- y a las formas de gestión, desde las más dirigistas por parte de la administración hasta las totalmente autogestionadas por los residentes.

Lo más común es encontrar núcleos pequeños de apartamentos con servicios comunes y, generalmente, con personal de apoyo. También cuentan con servicio médico o, más frecuentemente, con acceso al servicio médico del resto de la población porque una de las características esenciales de estos núcleos es que se encuentran insertos en la comunidad, de ningún modo alejados de los núcleos urbanos.

Otros modelos contemplan una inserción comunitaria mucho más fuerte al establecer formas de cooperación con el resto de los vecinos de todas las edades. Y también funcionan los llamados “intergeneracionales” que se configuran mediante la convivencia y cooperación más o menos estrecha entre los ancianos y los jóvenes que, en ocasiones, comparten el núcleo de viviendas.

En definitiva, no son ideas lo que faltan, sino ganas de llevarlas a cabo, lo que comúnmente se llama voluntad política. Pero quien tenga esa voluntad política, tanto si parte de una u otra administración, o de un partido u otro, debe ir a buscarlas allí donde se están generando, en este caso, a los grupos, asociaciones y personas que llevan tiempo trabajando para que los ancianos –o abuelos, o tercera edad, o personas mayores. Pero en ningún caso “nuestros mayores” puedan vivir los últimos años como vivieron el resto de su vida: de manera libre y autónoma, sin tutelas de las administraciones, como corresponde a ciudadanos con todos los derechos que brinda a todos los ciudadanos, sin discriminación -por ningún motivo, tampoco por edad-, una sociedad democrática.