Las dificultades del pacto educativo

GETAFE/El aula sin muros (15/03/2018) – Hace unos días saltó a la prensa la noticia de que el PSOE y Unidos Podemos abandonaban la Subcomisión del Congreso que preparaba el Pacto Educativo. La causa ha sido el desacuerdo frontal en el punto dedicado a la financiación del sistema educativo. El PP propone un aumento de 5.000 millones de euros hasta el 2025. Lo que supone seguir reduciendo el presupuesto de educación hasta el 3,6 % de PIB mientras la media en Europa está en el 5,5 %. La propuesta de los partidos que han abandonado la Subcomisión es que se aumente al 5 % en 2020 para así recuperar parte de lo recortado en los años de la crisis y acercarnos a la media de los países de nuestro entorno. Las posiciones han sido inamovibles y han llevado a la ruptura del pacto antes de pasar a otros puntos en los que, posiblemente, las posturas también habrían sido irreconciliables.

Desde enero del año 2017, cuando esta subcomisión comenzó a trabajar, han pasado por ella más de ochenta personas en representación de diferentes organizaciones educativas y a título personal como expertos en diferentes temas educativos. Todos fueron desgranando su visión de la educación y las propuestas que, entendían, se deberían tener en cuenta a la hora de negociar y aprobar un pacto educativo que nos llevara a una nueva ley educativa, no partidaria, asumida por toda la comunidad educativa y por la sociedad. Era la voz de la ciudadanía que siempre reclamó, mayoritariamente, a través de sus organizaciones políticas y sociales, la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), aprobada en diciembre de 2015. Fueron estas voces y las de la oposición en el Congreso de los Diputados las que obligaron al PP a ceder y poner en marcha el proceso para llegar a un pacto por la educación que dé estabilidad al sistema educativo durante un tiempo razonable y tenga en cuenta las necesidades educativas de la ciudadanía.

Tras escuchar y recoger la documentación y propuestas de los diferentes invitados, la comisión elaboró un esquema de trabajo compuesto por quince puntos. Se entendía que en ellos se recogían los puntos centrales que cualquier acuerdo educativo debería tratar y recoger. En enero de este año comenzó la subcomisión a trabajar estos temas en busca de un acuerdo. El segundo punto era el presupuesto para hacer efectivo el pacto y ahí se ha quedado el trabajo de esta comisión política.

Mientras todo esto sucedía, y los partidos políticos se entretenían y eran entretenidos en el posible pacto, el PP seguía implacable en la aplicación de los recortes, la privatización de la enseñanza y la progresiva, pero inexorable, implantación de la LOMCE. Si acaso acepta pequeñas concesiones que en realidad pretenden distraernos de su verdadero objetivo que es legitimar con este pacto su apuesta por la enseñanza privada, la segregación del alumnado y la permanencia de la religión en la escuela.

El partido del Gobierno y sus socios parten de una posición de ventaja en tanto que, mientras el pacto se retrasa, se siguen aplicando sus políticas educativas regresivas.

Es necesario que las organizaciones educativas ciudadanas contrarias a la LOMCE avancemos en un pacto social y presionemos para forzar su derogación con un pacto que promueva una nueva ley educativa sobre bases estables y consensuadas de consolidación de una escuela pública de calidad para toda la ciudadanía. En Getafe los diferentes centros educativos y las organizaciones educativas, coordinadas en la Plataforma de la Escuela Pública, estamos trabajando en esta dirección.

Escuela Abierta es un movimiento de renovación pedagógica que surgió en Getafe en el año 1980 y que tiene entre sus objetivos la construcción de un modelo de Escuela Pública universal, inclusiva, científica y laica.

Redacción Getafe Capital