El supuesto cierre de los centros de educación especial: el poder de las ‘fake news’

GETAFE/El aula sin muros (07/03/2019) – Los medios de comunicación social se han convertido en el espacio ideal para difundir bulos. Cuanto más simplistas, cuanto más increíbles…mejor funcionan¹

Desde hace un tiempo recibimos con frecuencia informaciones de colectivos y personas, vinculadas a la educación especial, manifestando su desacuerdo con el cierre de los centros de educación especial y el paso de su alumnado a los centros ordinarios, alegan que éstos no serán bien tratados ya que no tienen recursos materiales, ni profesionales que los puedan atender adecuadamente.

Se ha generado una polémica, en la que aparecen enfrentadas dos posiciones muy polarizadas, quienes defienden la educación inclusiva y quienes niegan esa posibilidad defendiendo que las cosas sigan como están. Estos últimos presagian el cierre fulminante de los centros de educación especial. En el fondo lo que subsiste es una interesada tergiversación sobre la naturaleza y los objetivos de un movimiento que, desde hace muchos años, defiende la educación inclusiva en nuestro país.

La polémica se enconó cuando en marzo del pasado año, la Asamblea de Madrid aprobó una Iniciativa legislativa popular (ILA)² Por una Escuela Inclusiva, con el apoyo de PSOE, Podemos y Cs y la abstención del PP. La idea partió de familias y colectivos educativos de la zona sur de Madrid y contó con el apoyo de 43 ayuntamientos de la región y 233 entidades políticas y sociales.

A partir de la aprobación de esta ILA se desató, en el ámbito de los centros concertados de Educación Especial, una feroz campaña de intoxicación, sobre la supuesta pretensión de suprimir los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid e integrar por decreto a todo el alumnado en centros ordinarios. Esta información interesada obvia los matices con el perverso interés de soliviantar familias y docentes de los centros afectados.

Es cierto que España firmó en 2008 la propuesta de la Convención sobre Derechos de las personas con Discapacidad y hay un requerimiento de la ONU a España para que cumpla sus compromisos de integración de estas personas en centros educativos convencionales.

También contribuyeron a exacerbar los ánimos las recientes declaraciones de la ministra de educación Isabel Celaá, manifestando el interés del gobierno en desarrollar un plan de inclusión “en el plazo de diez años” que cumpla con los requerimientos de la ONU. No sirvió que la propia ministra matizara que «las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que éstos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios«, el Partido Popular consideró que era una buena excusa para hostigar al gobierno en plena precampaña electoral.

Buena parte de los argumentos esgrimidos por los detractores de la inclusividad son falsos o carecen de rigor:

• Es falso que se quieran cerrar los centros de educación especial. Nadie ha sido capaz de presentar ninguna evidencia (ley, declaración de autoridad…) que muestre esa voluntad. Sencillamente porque no existe. Hasta la ministra de educación lo ha repetido una vez más: “Reitero lo que ya he dicho en diversas ocasiones en sede parlamentaria, este Gobierno no tiene ninguna intención de cerrar los centros de educación especial, ninguna. Es irresponsable seguir repitiendo esta falacia”. (4-3-2019)
• No es cierto que se pretenda escolarizar al alumnado de educación especial a toda costa y en cualquier tipo de situación. Solo se propone hacerlo en aquellos casos en los que se garantice la escolarización digna de ese alumnado.
• En ningún caso se pretende desescolarizar a los niños y niñas ya escolarizados en los centros de educación especial, ni despedir a los profesionales que los atienden.
• Es falso que se quiera cambiar la modalidad de escolarización sin la opinión de las familias afectadas.

Así podríamos seguir desgranando las mentiras sobre las que se apoya la movilización actual de los defensores de “inclusión sí, centros de educación especial también”.

La opinión de las familias afectadas está polarizada. Hay buena parte de ellas que son partidarias de la inclusión en centros convencionales, mientras que otras, en base a su experiencia, defienden la permanencia en centros de educación especial. Es indudable que muchos de estos centros, dotados de excelentes profesionales, cuentan con un merecido prestigio. También hay que tener en cuenta que los centros ordinarios, no siempre cuentan con los recursos necesarios para desarrollar una buena labor de integración del alumnado con NEE. La administración educativa no colabora demasiado, falta profesorado especializado (pedagogía terapéutica, logopedas…) y el número de alumnos por aula, en muchos casos, supera lo estipulado por la ley y esto provoca que la integración escolar no se lleve a cabo con las necesarias garantías.

Es necesario resituar el dialogo necesario en las verdades evidentes, no en los bulos y falsedades interesadas. Por eso, nosotros pedimos y hacemos una llamada al diálogo sereno en torno a la educación inclusiva y la educación especial, y la atención adecuada a todo el alumnado que tiene diversidad funcional y necesidades educativas especiales.

La ampliación del plan de inclusión requeriría de fuertes inversiones para poder llevarse a cabo: reducción drástica del número de alumnos por aula, formación del profesorado, dotación de personal especializado, incluyendo no sólo profesorado especialista en este tipo de alumnado, sino de otro tipo de profesionales como psicólogos, enfermeros etc.

Nosotros creemos que la escuela inclusiva es posible si las administraciones central y autonómicas están dispuestas a invertir lo necesario. También consideramos que es obligado contar con el apoyo de las familias afectadas. Pero la inclusividad para que alcance el éxito esperado hay que hacerla en las condiciones adecuadas.