Salud y política (o políticas y salud)

GETAFE/Todas las banderas rotas (18/11/2022) – Desde que la salud pública empezó a dar sus primeros pasos como disciplina científica, estableció una serie de factores que condicionan la salud de las poblaciones, por eso los llamó condicionantes de salud. Uno de ellos fue la política, los programas y decisiones políticas.

Dicho esto, no me queda más remedio que reconocer que el PP tiene razón cuando dice que la manifestación en defensa de la sanidad pública ha tenido una motivación política. Y, sensu contrario, los convocantes y toda la izquierda no tienen razón al decir que era una manifestación sin componentes políticos.

El PP, muy especialmente el de Madrid, ha venido desarrollando durante 27 años una labor muy concienzuda de destrucción de la sanidad pública mediante, por un lado, la privatización de servicios y hospitales y, por otro, la disminución de presupuesto para la sanidad pública. Dicha labor la comenzó Esperanza Aguirre que inauguró las privatizaciones con el eufemismo de “externalizar” la gestión de los centros sanitarios cuando, lo que realmente hacía era entregarlos a empresas privadas y fondos de inversión. Ese fue el comienzo de una política en el ámbito de la salud que, por una parte, iba a convertir a la Comunidad de Madrid en un laboratorio en el que se experimentarían una serie de políticas ultraconservadoras –no solo en lo relativo a la salud sino, en general, en otros campos económicos- que, posteriormente, el PP iría extendiendo allí donde gobernara. Y, por otra, iba a suponer todo un proceso de sustitución de la sanidad pública por la sanidad privada; para constatar lo que digo, no voy a llenar este artículo de datos porque son públicos y están a disposición de quien quiera conocerlos;  véanse, por ejemplo, en manos de quien están muchos de los hospitales y otros servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid, o la evolución de los presupuestos dedicados a la sanidad privada en perjuicio de la pública.

Con Isabel Díaz Ayuso están Miguel Ángel Rodríguez que fue el artífice de la llegada a La Moncloa de José María Aznar y –no es casualidad- Javier Fernández-Lasquetty que fue Consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre. Es decir, podríamos hablar de que se ha buscado una clara continuidad en la estrategia política sanitaria.

Cuando recibieron las trasferencias las comunidades autónomas tuvieron a su disposición un instrumento que, al menos sobre el papel, les permitía fijar objetivos y, en algunas ocasiones, incluso establecer, también sobre el papel, prioridades de intervención que, como es sabido, son el meollo de cualquier política.

Lo que está ocurriendo, en consecuencia, es que el modelo asistencial propio del estado del bienestar se ha seguido desarrollando probablemente porque es lo que resulta más conveniente a los intereses de los grupos dominantes, ya sean los más directamente implicados, como la potente industria sanitaria –farmacéutica y de equipamientos–, las compañías aseguradoras, las organizaciones de proveedores de servicios, públicas y privadas y los mismos profesionales. Todo ello gracias al motor que supone la existencia de un sistema nacional de salud de cobertura universal, gran cliente que facilita el consumo de bienes y servicios sanitarios. Naturalmente esto es absolutamente coherente con el modelo de sociedad que tenemos, en el que el consumo parece ser la característica básica de cualquier iniciativa que pretenda hacerse un lugar al sol.

Todo ello podría resultar positivo si la salud de la población fuera mayor cuanto más consumo sanitario se produjera. Pero la cosa no es tan simple. Porque, a diferencia de otros ámbitos, en el de la salud el consumo de bienes y servicios debe ser pertinente para que produzca resultados positivos, de lo contrario no sólo puede resultar inútil sino que puede producir efectos adversos sobre la salud. Por ello resulta tan importante que las políticas de salud se planteen en base a la efectividad y la seguridad de las intervenciones. Es decir, según los resultados que producen en términos de salud o, dicho en román paladino, si se está produciendo más salud para la población o mayores beneficios para quienes negocian con la salud.

Es desde esta perspectiva desde la que hemos de examinar y evaluar lo que producen las políticas sanitarias de la Comunidad de Madrid. Lo que ha venido ocurriendo durante los gobiernos del PP es un aumento enorme de la contratación de seguros de salud privados y, a la vez, una enorme bajada de la calidad de la sanidad pública; el mejor ejemplo lo tenemos a la vista en estos momentos: cierre de centros de urgencias porque, digámoslo claramente, las autoridades de la Comunidad no quieren dedicar dinero a contratar, con sueldos y condiciones de trabajo dignas, al personal sanitario necesario; no nos dejemos engañar: no faltan médicos o enfermeros, es que se van a otros lugares porque lo que se les ofrece en Madrid es indigno y ofensivo desde todos los puntos de vista. Los datos, insisto, son públicos y están a disposición de quien quiera conocerlos.

Actualmente las competencias formales de Salud Pública en España corresponden a las comunidades autónomas y, en materia de protección de la salud, con carácter concurrente a las administraciones locales. Las de atención sanitaria, tanto primaria, como especializada, hospitalaria y de urgencias a la administración comunitaria; tampoco en esto debemos dejarnos engañar, no es la administración central la responsable.

Me parecía necesario exponer todos estos planteamientos antes de volver al del inicio; si las decisiones políticas condicionan la salud de la población (en este caso, la población madrileña) la manifestación del día 13 fue política pero no en el sentido que quiere darle el PP, no fue motivada por los oscuros intereses del izquierdismo y el comunismo, sino por algo mucho más primario y necesario: ante la política sanitaria que el PP ha venido desarrollando, como he explicado, en las últimas décadas, la gente, de cualquier ideología, ha salido a la calle para decir que ya basta, que no le gustan, que quiere otras. Y con este hecho –salir a manifestarse en la calle para expresar de forma contundente su opinión- la población ha ejercido su derecho a participar en política; en este sentido la manifestación fue política en el más noble sentido del término.

Se atribuye al dictador Franco una célebre frase: “Haga como yo, no se meta en política”. Eso es precisamente lo que quiere la derecha y, mucho más, la ultraderecha que actualmente gobierna Madrid: que los ciudadanos no nos metamos en política, que no participemos, que nos quedemos en casa y aceptemos sin reflexión lo que ellos –que son los únicos que tienen todo el derecho para hacer política- nos quieran dar.

Pero nosotros, la gente común que no está en las instituciones, no debemos olvidar que somos los auténticos actores de la política; que los que están en los Ayuntamientos, en las Comunidades, en el Parlamento o en el Gobierno de la nación, son nuestros representantes, en los que hemos delegado para que hagan la política que queremos que hagan para nosotros, no para las multinacionales o para otros intereses a los que no hemos votado.

Y sería oportuno decirles que, si no lo hacen así, tampoco recibirán nuestro voto cuando llegue la ocasión.

 

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.