GETAFE/Vivienda (13/05/2025) – El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado por primera vez una convocatoria de ayudas al alquiler destinadas a vecinos y vecinas de entre 30 y 45 años, con un importe único de hasta 1.500 euros por solicitante, cumpliendo así el compromiso adquirido en los Presupuestos Municipales de 2025.
Esta medida representa un hito en la política de vivienda del municipio, al destinar por primera vez fondos municipales para cubrir parte del pago del alquiler. El objetivo es reforzar la estabilidad residencial de familias con arraigo en la ciudad, en un contexto marcado por la presión del mercado inmobiliario y la escalada de precios del alquiler.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha subrayado que “estas ayudas suponen un paso adelante en nuestra política de apoyo directo a las familias trabajadoras, que desarrollan su vida en Getafe y quieren seguir construyendo su futuro aquí”.
Para poder acceder a estas ayudas, será necesario estar empadronado en Getafe desde hace al menos dos años, tener un contrato de alquiler de mínimo un año de antigüedad y que la renta conjunta de la unidad de convivencia no supere los 1.100 euros mensuales. La convocatoria, ya aprobada en Junta de Gobierno, se abrirá próximamente.
Estas subvenciones se suman al Plan Municipal de Vivienda, que incluye iniciativas como la construcción de 51 nuevas viviendas públicas en el Paseo de la Estación —28 en venta y 23 en alquiler—, y el futuro desarrollo de otras 200 viviendas públicas frente a la Universidad Carlos III, tras el cambio de uso del suelo de privado a público.
Además, Getafe ha logrado 5 millones de euros en ayudas para rehabilitación de viviendas, beneficiando ya a 565 hogares, y abrirá en los próximos días una nueva convocatoria de ayudas a la accesibilidad y eficiencia energética, dotada con 500.000 euros, que permitirá a decenas de comunidades mejorar sus edificios.
Desde el Gobierno local se denuncia que la Comunidad de Madrid sigue rechazando declarar Getafe como zona de mercado residencial tensionado, lo que impide aplicar topes al alquiler y desarrollar un plan específico de medidas que supondría más recursos autonómicos para el municipio.