GETAFE/Política (16/09/2025) – El Partido Popular de Getafe ha anunciado que presentará un recurso judicial contra la tasa de basuras que ha comenzado a aplicarse en septiembre. Además, ha puesto en marcha una campaña de firmas para pedir su retirada, argumentando que supone un coste elevado para los vecinos y que ya se estaba financiando a través de otros impuestos municipales.
El portavoz popular, Antonio José Mesa, señaló que el recibo podría alcanzar hasta 200 euros por hogar, aunque no ha tenido en cuenta las bonificaciones que se pueden obtener por el reciclaje. En la presentación de la campaña ha estado acompañado por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano que aseguró que esta tasa se ha implantado “allí donde gobierna el PP», pero «a regañadientes porque no queríamos ponerla».
Desde el Gobierno municipal, la alcaldesa Sara Hernández recordó que esta tasa de residuos es de obligado cumplimiento en todos los municipios y que ya está implantada en otras ciudades gobernadas también por el PP. Subrayó además que el IBI en Getafe es uno de los más bajos de la Comunidad de Madrid, y adelantó que se aprobará una reducción del IBI en vivienda pública para compensar la nueva carga impositiva.
En cuanto a las críticas por la gestión de la recogida de basuras y la situación de los nuevos contenedores, el PP denunció problemas de acumulación de residuos, malos olores y presencia de plagas. El Ejecutivo local explicó que estas incidencias se deben principalmente a averías en la flota de camiones y no a la capacidad de los contenedores, que cumplen la normativa estatal y de accesibilidad. Añadió que este mismo modelo de contenedor ya se utiliza en otros municipios del sur de Madrid y de la capital, sin que se hayan registrado incidencias destacables.
El Ayuntamiento aseguró que ya está en marcha la renovación de vehículos más modernos y sostenibles, además de medidas de refuerzo en el servicio. El debate sobre la tasa de basuras en Getafe se mantiene abierto, con la oposición reclamando su retirada y el Gobierno defendiendo que se trata de una obligación legal que se está aplicando en todo el país.