GETAFE/Sociedad (03/09/2025) – El Ayuntamiento de Getafe ha celebrado la decisión judicial que sienta en el banquillo al promotor del Mad Cool Festival, Javier Arnáiz, acusado por la Fiscalía de un delito contra el medioambiente por el exceso de ruido en la edición de 2023. El Ministerio Público pide para él dos años de cárcel, una multa y la prohibición de organizar eventos durante dos años, además de indemnizaciones a vecinos de Getafe y Villaverde por los daños sufridos.
El Gobierno municipal ha felicitado a las entidades vecinales por este logro judicial y ha reiterado su compromiso con los residentes afectados por los macroeventos celebrados en Iberdrola Music, como el propio Mad Cool, el Reggaeton Beach Festival o el próximo Coca Cola Music Experience. Además, ha recordado que en 2023 el propio Ayuntamiento de Getafe constató con mediciones oficiales que el ruido superó los límites legales durante los tres días de conciertos.
El consistorio insiste en que el recinto, inaugurado a toda prisa en 2023, “no era idóneo para la celebración de macroeventos” debido a su proximidad a barrios residenciales y a las graves deficiencias de movilidad y seguridad. Pese a ello, el festival recibió 22.001 euros de multa, al tiempo que fue respaldado con 2,3 millones en patrocinios públicos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de Getafe subraya que ha colaborado con la justicia aportando toda la documentación solicitada y que estudia personarse en el procedimiento abierto por presuntos delitos medioambientales. También ha reclamado que las administraciones competentes actúen con responsabilidad y ha instado al Ayuntamiento de Madrid a no conceder nuevas licencias para el recinto “hasta que no se garantice el estricto cumplimiento de la normativa en materia de ruido y medio ambiente y existan infraestructuras adecuadas de movilidad”.
El Pleno municipal ya aprobó en julio, con el apoyo de todos los grupos salvo el Partido Popular, pedir a Madrid la suspensión de las licencias. El Ejecutivo local asegura que utilizará “todas las herramientas legales y administrativas necesarias para proteger la salud y el bienestar de su ciudadanía”.