GETAFE/Tribuna con acento (26/11/2025) – España lidera el mayor crecimiento económico en los hogares en la Unión Europea (UE), con un crecimiento cercano al 10% en los últimos dos años, según se desprende del último estudio ‘Coface Risk Review’. El informe destaca que el país se mantiene como «el pulmón económico de Europa», ya que se prevé su crecimiento 2025 en el 2,6% y, en 2026, en el 2%. La concentración de la riqueza se intensifica, con una pequeña fracción de la población acumulando una proporción creciente del patrimonio total. Según la Encuesta Financiera el 10 % más rico poseía el 52,7 % de la riqueza neta total.
Nuestro país se encuentra entre los países europeos con mayores niveles de desigualdad, una realidad que se ha sostenido en el tiempo. La clase media es relativamente pequeña y hay dificultades para reducir la proporción de la población con rentas más bajas. Aproximadamente 9,4 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social, es decir, pobreza moderada. De ellas, 4,3 millones están en exclusión severa (FOESSA 2025). En la misma dirección, el informe Territorial de Cáritas Madrid revela que más de un millón de personas en la Comunidad de Madrid se encuentran en situación de exclusión social, lo que equivale a casi el 20% de la población.

Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia Tributaria/Estadísticas/2023
Según la Agencia Tributaria sobre las declaraciones de renta (2023), en el Rankin de municipios Getafe ocupa el puesto 339 a escala nacional y el 56 en la escala autonómica. Dispone de una Renta Media Bruta (RMB) de 33.091 euros anuales y de una Renta Media Disponible (RMD) de 26.700 euros. Como bien es sabido las medias estadísticas ocultan diferencias significativas en los ingresos. Si contabilizamos aquellas personas que ingresan menos de 12.020 euros/año, la cifra asciende al 28,03 % de las personas declarantes, es decir, se encuentran con niveles de ingresos bajo el umbral de la pobreza. En el centro con ingresos medios entre 12.020 y 30.050 euros se encuentran el 38,71%, y con ingresos altos -entre 30.050 y más de 60.100 euros, el 33,24%. En conclusión, las rentas bajas aumentan, se contraen las rentas medias y suben los ingresos altos.
En el tramo de Rentas Bajas menos de 12.000 euros anuales se encuentran todas aquellas personas/hogares donde confluyen varios factores. El empleo ha perdido centralidad. Tener un empleo ya no es suficiente para la estabilidad de las familias, la precariedad se ha normalizado (desempleo, empleo a tiempo parcial, temporalidad junto con bajos salarios). Eurostar, señala que el 11% de la clase trabajadora se encuentra en el umbral de la pobreza. La vivienda ha dejado de ser un derecho, garantía de estabilidad, para convertirse en objeto de mercado, de fondos especulativos. Ello acontece con un censo aproximadamente de 8.541 viviendas vacías en Getafe. La tendencia privatizadora en la salud junto con las listas de espera crecientes han erosionado la capacidad protectora del sistema público, justo cuando más se requería. Situaciones todas ellas que golpean con más fuerza a la infancia y a la juventud, a las personas migrantes, los hogares monomarentales y las pensiones no contributivas. En resumen, la pobreza se ha vuelto más crónica y multidimensional.
LAS MEDIDAS ESTRELLAS APROBADAS POR EL GOBIERNO, como fueron las sucesivas mejoras del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), junto con la Reforma Laboral, siendo medidas claves para la mejora de los hogares vulnerables, sin embargo, han quedado disipadas por la inflación. En especial por la subida de los precios de los alimentos, que (entre 2019 y 2024), se incrementaron en un 33,9 %, y el encarecimiento especulativo de la vivienda subió un 25% entre 2021 y 2024, sin olvidar el incremento presupuestario del gasto en la industria militar. La Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid ha caído drásticamente, pasando de 25.292 titulares en 2018 a solo 475 en 2024.
Asistimos a una contradicción estructural insostenible, entre demandas sociales crecientes de protección y un sistema tributario, fragmentado e insuficiente. El rechazo a una mayor carga fiscal está atravesado por dos líneas ideológicas: mientras parte de formaciones políticas progresistas vincula los impuestos con una justicia redistributiva, sectores de la derecha liberal tienden a presentar los impuestos como una carga ineficiente e injusta. La prevención y la lucha contra el fraude fiscal (defraudadores confesos y/o invisibles por ingeniería financiera) es uno de los principales retos que deben abordarse para modernizar el sistema.
Las encuestas reflejan la demanda de un fuerte apoyo a la sanidad pública, la educación universal, las pensiones y otras prestaciones sociales, áreas todas ellas que cuentan con un fuerte respaldo ciudadano. Finalmente, como señala el Informe FOESSA debemos caminar hacia la sociedad del «biencuidar», avanzando hacia una democracia del cuidado que haga de este una cuestión política y no meramente privada. Es necesario, especialmente, reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), desde una lógica comunitaria; apostar por un trabajo digno y decente, así como por la reducción de la jornada laboral que haga posible la conciliación familia y trabajo; la apuesta decida por la construcción de viviendas de protección pública y alquileres sociales. Por otra parte, sigue pendiente de aprobación la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)Regulación respaldada con más de 600.000 firmas. Estas son un conjunto de medidas que contribuyen a la cohesión social. Son un imperativo ético que requiere de un compromiso político en los distintos niveles (Estado, Comunidad Autónoma y Municipio) en la orientación presupuestaria, pero también se hace imprescindible la el fortalecimiento de la sociedad civil comprometida por una sociedad más equitativa.