El caso del Hospital de Torrejón de Ardoz o el modelo de gestión sanitaria del PP

GETAFE/Todas las banderas rotas (09/12/2025) – La construcción del Hospital de Torrejón en 2011 costó 139 millones de euros, según los datos de la propia empresa constructora, y se adjudicó para un alquiler total por 30 años de ocupación por 2.100 millones de euros. 1.961 millones de beneficio; 65 millones por año.

Pero esto no es nuevo, en 1999 se construyó en Alzira (Valencia) el primer hospital gestionado bajo la modalidad de “concesión sanitaria” o iniciativa de financiación privada (PFI en inglés) importada del Reino Unido donde se multiplicó el gasto sanitario per cápita por dos en 9 años, lo que condujo al Gobierno británico a revertir este costoso proceso en 2012. Así comenzó lo que, posteriormente, se llamó el “modelo Alzira” seguido por Esperanza Aguirre que, en 2008, presentó a los empresarios en el hotel Ritz su Plan de Infraestructuras Sanitarias, que incluía la construcción de ocho hospitales, como “oportunidades de negocio”, no como contribución a la mejora de la salud de los madrileños. Lo único que ha pasado ahora es que Pablo Gallart, el CEO de Ribera Salud, imprudentemente, se ha ido de la lengua.

El modelo de Aguirre –que ha perfeccionado Díaz Ayuso- consistió en que la empresa adjudicataria corría con los gastos de construcción del hospital en cuestión y, a cambio, la Comunidad Autónoma le pagaba un canon (alquiler anual) durante 30 años.

En la tabla siguiente vemos como quedaron entonces los ocho hospitales que inauguraron lo que entonces el PP llamó  “externalización” de la gestión, hoy llama colaboración público-privada y, sin subterfugios, debemos llamar todos privatización de la sanidad pública.

(Las empresas adjudicatarias de estos ocho hospitales eran constructoras: Hispánica, FCC, Sacyr, Dragados, Acciona, etc.); en la actualidad son, en su mayoría, fondos de inversión extranjeros).

La conclusión que, sin esfuerzo, sacamos de la tabla anterior es que lo que le habría costado a las arcas públicas 700 millones de euros, a lo largo de 30 años nos costará a todos los contribuyentes madrileños más de 5.000 millones con un beneficio para las empresas adjudicatarias de unos 4.300 millones. Y esto es así mientras a los hospitales públicos se les reducen los presupuestos para funcionar.

Pero la inyección de dinero público a las empresas privadas no acaba ahí porque, en la práctica, la Comunidad trasfiere de cuando en cuando, cantidades de dinero que exigen las concesionarias con diversas justificaciones. ¿Por qué sigue pagando la Comunidad esas cantidades de dinero extra si ya paga anualmente el canon acordado? Imaginemos que una fábrica de muebles quiebra; la consecuencia es que cerrará el negocio, los muebles que hacía los hará otra fábrica, los trabajadores irán al paro y cobrarán lo que les corresponda. Pero si el que quiebra es un hospital que tiene a su cargo cien mil usuarios, ¿qué Administración se atreverá a dejar sin atención sanitaria a esas cien mil personas? Ese es el chantaje mediante el cual las empresas adjudicatarias tienen la sartén por el mango: como el hospital no puede dejar de atender a la población asignada –no es una fábrica de muebles-, la Comunidad paga para que siga funcionando.

Pero el sistema se ha perfeccionado. El pago ahora se hace “per cápita”, es decir, la administración autonómica paga a la concesionaria una cantidad fija por cada una de las personas que habitan en la zona asignada al hospital, independientemente de la atención que este le preste, es decir, tanto si la persona ha sido atendida una o cien veces, el hospital percibirá la misma cantidad. Pero si, en virtud de la “libre elección” que rige en la Comunidad de Madrid, atiende a alguien que no resida en su zona, cada vez que esto ocurra recibirá una cantidad extra estipulada en el contrato. Es fácil darse cuenta de que a la empresa, cuyo interés es exclusivamente su cuenta de resultados, le conviene que los residentes de la zona asignada vengan al hospital lo menos posible y, en cambio, que sean muchos los residentes de otras zonas los que quieran ser atendidos en él cuantas más veces mejor. Por tanto, atenderá “peor” a los primeros –por ejemplo, aumentando la lista de espera- y tratará “mejor” a los segundos –por ejemplo, atendiéndoles antes-. ¿Se entiende así mejor por qué Pablo Gallart, el CEO de Ribera Salud, dijo lo que dijo?

Spoiler: la Comunidad no hallará ningún fallo en el funcionamiento del hospital de Torrejón de Ardoz porque lo que en él ocurre es que el sistema implantado por el PP está funcionando de la manera prevista.

A todo esto debemos añadir una obviedad: cuanto peor funcione la sanidad pública, mejor le irá a la privada ya que los pacientes “elegirán” un hospital distinto al de su zona que les atenderá antes; aquí es donde la administración autonómica echa una mano a las gestoras privadas adelgazando los presupuestos y dejando sin cubrir las bajas del personal de los hospitales públicos; de aquí nace esa teoría nunca demostrada de que la iniciativa privada gestiona mejor que la pública: no es cierto, lo que de hecho ocurre, eso sí, es que la administración da a la privada medios que niega a la pública.

Somos muchos los que, desde los tiempos de Esperanza Aguirre, venimos sosteniendo que la sanidad privada parasita a la pública, es decir, vive a costa de ella, y esto lo hace de dos maneras: una, la que ya se ha explicado en los párrafos anteriores; otra, discriminando a los pacientes según la complejidad de sus procesos o, dicho de otro modo, rechazando a los enfermos “más caros” y enviándolos a los hospitales públicos, porque cuanto menor sea el gasto mayor será el beneficio. Pregúntense por qué se hacen mayoritariamente en los hospitales públicos los trasplantes y otras operaciones o tratamientos complejísimos que los telediarios nos muestran como grandes éxitos de la medicina; intenten enterarse dónde se hace la investigación que lleva a esos éxitos, cuanto cuesta  y de donde sale el dinero para todo eso: les aseguro que no de los beneficios de las empresas que gestionan hospitales sino, más bien, de los impuestos que pagamos.

Por tanto, la cuestión no está en si en el hospital de Torrejón de Ardoz se han hecho las cosas bien o mal. La cuestión es si el sistema que el PP ha implantado para gestionar la sanidad pública sirve para mejorar la salud de los ciudadanos o, más bien, para aumentar la cuenta de resultados de las empresas en las que ha delegado dicha gestión.

No nos dejemos engañar: el modelo del PP consiste en que la empresa privada se queda con los beneficios y la Administración Pública –es decir, todos y cada uno de nosotros- asume todos los gastos, las pérdidas, los capítulos más costosos o las desviaciones presupuestarias sin que eso mejore la salud de la población. Resumiendo, se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios.

Y lo que es peor: hay estudios muy solventes (Aaron Reeves y Benjamin Goodair, The Lancet, 2022) que relacionan las privatizaciones a empresas con fines de lucro en el Reino Unido con el aumento de muertes evitables.

¿Es eso lo que queremos?