GETAFE/Política (05/02/2026) – El acceso a la vivienda en Getafe continúa agravándose tanto en el mercado del alquiler como en la compra, una situación que está situando a la vivienda como uno de los principales factores de exclusión social en la Comunidad de Madrid, donde ya afecta al 23,3% de la población. Ante este escenario, Más Madrid Compromiso con Getafe reclama la puesta en marcha de medidas eficaces y valientes que permitan bajar los precios y garantizar el derecho a una vivienda digna.
Desde la formación señalan que sí existe un horizonte de posibilidad y que hay experiencias contrastadas que demuestran que la intervención desde lo público funciona. En este sentido, apuntan a las políticas desarrolladas en Barcelona durante la alcaldía de Ada Colau, donde el Ayuntamiento activó herramientas urbanísticas, promoción pública, movilización de vivienda vacía, compra de edificios completos y colaboración con el tejido social y cooperativo para ampliar el parque de vivienda asequible.
La portavoz de Más Madrid Compromiso con Getafe, Ana González Mariscal, advierte de que la situación actual está expulsando a vecinos y vecinas del municipio. “Tomar medidas no es solo urgente, sino que es imprescindible. No podemos permitir los modelos de negocios especulativos con la vivienda porque están expulsando a la gente de Getafe a otros municipios ante la imposibilidad de poder pagar una vivienda en la ciudad en la que han vivido siempre”, ha señalado.
Entre las fórmulas destacadas, Más Madrid Compromiso con Getafe pone el foco en la cesión del derecho de superficie o de uso, un modelo en el que el suelo permanece cien por cien público y la persona adquiere el derecho a vivir en la vivienda durante 75 años.
También recuerdan que el pasado mes de enero presentaron una moción para instar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a aprobar una prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen en 2026, como respuesta a una realidad en la que los precios del alquiler han aumentado un 45% desde la pandemia. Asimismo, reiteraron al Gobierno regional la obligación de aplicar la ley estatal de vivienda y declarar Getafe como zona tensionada, además de impulsar una ley autonómica que proteja a las personas inquilinas. La iniciativa fue rechazada con los votos en contra de PP y VOX y la abstención del PSOE.