Vergonzosa respuesta de la UE al drama de las migraciones

GETAFE/Todas las banderas rotas (04/07/2018) – Escribo este tercer artículo sobre el mismo asunto consciente de que serán muchos los que consideren que ya estoy cayendo en la reiteración. Otros muchos dirán, sin ambigüedad ninguna, que resulto pesado.

Pero el anterior lo acabé con una mención a la esperanza que albergaba de que el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio, primero al que acudía Pedro Sánchez y que se celebraba muy poco después de haber ordenado la acogida del buque Aquarius, podría suponer un cambio en la política europea sobre migraciones, acorde con los principios inspiradores de la Unión Europea primigenia, mucho más solidarios y fraternos, y que este cambio estaría liderado por España. Y esa esperanza no se ha cumplido; por eso me siento obligado a volver a escribir sobre el mismo asunto.

Soy conocedor de cómo funciona la Unión Europea en su proceso de toma de decisiones; sé que da previamente dos pasos atrás para poder dar uno adelante; sé también de la lentitud de sus procedimientos y de la dificultad de alcanzar acuerdos que puedan ser aceptados por todos los Estados miembros, cada uno de ellos con culturas, Constituciones y gobiernos y mayorías políticas de lo más variado. Pero, aun teniendo en cuenta todo eso, no justifico la posición del Consejo Europeo ni de la delegación española en él, a pesar de reconocer que supone un avance sobre la mantenida hasta ahora por el anterior gobierno del PP (Pedro Sánchez ha dicho que “aunque no es el mejor de los acuerdos”, el Ejecutivo español “se da francamente por satisfecho”).

Veamos los datos que da la Organización Internacional para las Migraciones: durante lo que va de 2018 el número de llegadas de migrantes a Italia a través del Mediterráneo ha disminuido casi un 80%; en lo que va de año Italia ha recibido por vía marítima a 13.808 migrantes y ha contabilizado 500 fallecidos, mientras que desde el 1 de enero al 6 de junio de 2017 se registraron 61.201 llegadas de migrantes, de los que 1.668 murieron en el mar.

Por tanto, no estamos ante un agravamiento de la situación que justifique el endurecimiento de las medidas, más bien hay razones para lo contrario. Tampoco las medidas concretas que toma el Consejo Europeo están, en mi opinión, justificadas. Me referiré únicamente a dos: la voluntariedad de dichas medidas y la diferenciación entre solicitantes de asilo y migrantes económicos. Aunque me gustaría decir algunas cosas sobre los llamados en las Conclusiones del Consejo Europeo “Centros controlados”, me abstendré de hacerlo para no alargar en demasía este artículo.

Voluntariedad de las medidas. Si la concreción de la solidaridad del conjunto de los Estados miembros se deja al albur de los que quieran ejercerla, si ya no hay obligatoriedad de asumir determinada cuota de inmigrantes, si el sistema de reubicación y asentamiento queda a la voluntad de cada uno de ellos, sabemos en qué quedará todo ello: muchos de los Estados reticentes, liderados por el ultraderechista Grupo de Visegrado [Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia], no asumirán ninguna obligación con lo que la solidaridad europea se verá reducida a la nada porque si la solidaridad es voluntaria, no es exigible.

Diferenciación entre solicitantes de asilo y migrantes económicos. Por mucho que algunos puedan justificar esta diferenciación, para mí es una argucia. Hay personas que huyen de su país porque su Gobierno les persigue por sus opiniones o actividades políticas, por su religión, por su opción sexual o por cualquier otro motivo; otras dejan su casa y su tierra porque no pueden mantener a su familia, unas veces porque la situación político-económica lo hace imposible, otras porque la climatología provoca sequías y hambrunas (mucho más actualmente debido al cambio climático), otras por desastres naturales… ¿Qué diferencia real existe entre ambos grupos de personas? Y todo ello sin mencionar que, como sostuve en mi artículo anterior, de acuerdo con el derecho internacional, todas las personas pueden desplazarse y establecerse donde mejor les parezca.

Estas son, en resumen, mis razones para manifestarme en contra de los acuerdos tomados por el Consejo Europeo y la posición de apoyo a los mismos de nuestro presidente Pedro Sánchez.

Ya he hecho la salvedad de las dificultades, que reconozco, para adoptar otras medidas. También, en mi anterior artículo, he aplaudido la decisión de acoger al buque Aquarius y ahora hago lo mismo respecto al Open Arms que llegará próximamente a Barcelona.

Además sostengo que se debe legislar para normalizar el flujo migratorio, no defiendo la desregulación absoluta porque ello sería totalmente negativo: para los países de salida que seguirían perdiendo a los mejores de los suyos; para los países de acogida que se encontrarían con un caos organizativo insoportable; para los inmigrantes que seguirían sometidos a intermediarios y mafias que les prometerían el paraíso pero, en realidad, quedarían sin la protección y apoyo que, con tantísimas carencias y limitaciones, les ofrecen hoy los Organismos internacionales y las Oenegés.

Pero los demócratas no debemos permitir que la UE legisle como lo está haciendo, como lo ha hecho el último Consejo Europeo; hemos de exigir que lo haga de acuerdo a los principios proclamados en los documentos que la sustentan. ¿Qué dicen éstos? El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en 1957, dice: “Confirmando la solidaridad que une a Europa y los países de ultramar, y que desean asegurar el desarrollo de su prosperidad, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas…”. Y el Tratado de la Unión Europea, versión consolidada de 2016, en su preámbulo dice: “confirmando su adhesión a los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho…”. Por si esto no fuera suficiente, en el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea C202 de 7/06/2016) se puede leer: “La Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación”.

¿Alguno de los dirigentes que han asistido al Consejo Europeo del pasado mes de junio puede, sin sonrojarse, afirmar que son esos los principios que informan las Conclusiones que han firmado?

Por el contrario, yo sostengo que deberían avergonzarse porque, en lugar de apoyarse en esos principios, han permitido que la ultraderecha que gobierna muchos países de Europa les marque el camino, un camino que no es el que lleva al espacio de libertad, seguridad y justicia para todos al que aspira la Unión Europea.

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