Las migraciones, drama de ayer, de hoy y de siempre (II)

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

GETAFE/Todas las banderas rotas (13/06/2018) – La política europea sobre inmigración nos avergüenza a todos los que confiábamos en que la UE actuara de acuerdo a sus principios fundacionales, porque las 629 personas retenidas en el buque Aquarius son rehenes de la egoísta política europea contraria a dichos principios.

Es cierto que la reacción del Gobierno italiano merece, en mi opinión, la condena más taxativa, un rechazo sin paliativos. Pero, sin ánimo de disculparle, hemos de ser conscientes de cuáles son los polvos de los que se derivan estos lodos. Cuando ahora, hipócritamente, ciertos dirigentes europeos se escandalizan por el resultado de las pasadas elecciones italianas, habría que recordarles el contexto.

Porque quieren que olvidemos que fue el Gobierno italiano, tras la tragedia de Lampedusa en 2013, quien puso en marcha sin ayuda de nadie la operación Mare Nostrum que, a lo largo de 2014, rescató a casi 190.000 personas. Durante todo ese año Italia pidió repetidamente a la UE ayuda económica para mantener la operación (cuyo coste estaba en torno a los 114 millones de euros) y solo recibió el silencio como respuesta mientras el Gobierno italiano, muchos ayuntamientos, diversas oenegés y muchas otras instituciones de ese país se dedicaron, generosamente, a rescatar y atender a los inmigrantes que llegaban a sus costas. Ese comportamiento de las instituciones europeas y el resto de los Estados miembros fue interiorizado por muchos italianos como un abandono, como una autorización a ir por libre, como que el problema era solo suyo y solo ellos debían resolverlo, sin ayuda del resto de los socios comunitarios, como mejor les pareciera lo que, en muy poco tiempo, fue creando el caldo de cultivo en el que prosperaron las fuerzas ultraderechistas.

Italia, agobiada por la escasez de fondos como consecuencia de la crisis económica y presionada por las interesadas ideas xenófobas que los partidos ultraderechistas empezaban a extender en la sociedad, clausuró la operación. La respuesta europea fue parchear el Reglamento de Dublín de 2013 (que establece los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro de la UE responsable del examen de una solicitud de protección internacional –estatuto de refugiado o de protección subsidiaria— presentada por un ciudadano de un tercer país o un apátrida), estableciendo un primer cupo de unas 40.000 personas para ser distribuidas por todos los Estados de forma obligatoria. ¡Solo 40.000 personas para toda Europa! No hubo acuerdo. A España le correspondían alrededor de 3.000 personas, pero el Ejecutivo de Rajoy se negó a apoyar un compromiso vinculante. Algunos meses después, con la imagen del niño Aylan en todas las retinas, la Comisión Europea propuso que 160.000 personas fueran trasladadas desde Grecia e Italia a los otros Estados comunitarios; tres años después solo un 21% de esas personas han sido instaladas en otros Estados.

Ante este panorama, solamente a los hipócritas puede sorprender que las ideas ultraderechistas, xenófobas y fascistas estén triunfando en Italia y en el resto de Europa y nada importa que en lo que va de año hayan llegado a Italia un 76% menos inmigrantes que lo hicieron hasta mayo de 2017, el discurso antiinmigración se alimenta del pasado, de la negativa respuesta anterior de la Unión Europea y de ciertos Estados del norte y centro de Europa y no va a permitir que la realidad le estropee los titulares con que engaña a la gente.

Por el contrario, toda persona que se sienta miembro de la raza humana, debe saludar con gratitud la decisión del actual gobierno español de acoger a las 629 personas rechazadas por Italia y Malta. La derecha española no podía perder la ocasión, poniéndose al mismo nivel de la ultraderecha europea, de atacar de manera furibunda, esa actuación del gobierno que les ha expulsado del poder; habla de efecto llamada, de gesto propagandístico…

Los que tenemos un concepto de la sociedad basado en la fraternidad humana, los que nos sentimos ciudadanos del mundo, los que consideramos que las fronteras son líneas sobre los mapas que no existen en la realidad, vemos este asunto de forma muy diferente, independientemente de la ideología política de cada cual. En principio, tal como recoge el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a circular libremente por todo el ancho mundo y a que todo ser humano pueda fijar su residencia donde mejor le plazca debería estar reconocido de hecho por todos los países, lo que no significa que no haya de estar regulado.

A los que mantenemos esa posición se nos acusa de buenismo, de no querer ver las dificultades que entraña llevarla a la práctica. A los que dicen “América primero”, “Italia primero”, España primero”, yo les acuso de ser enemigos del género humano, no solo por el egoísmo que se desprende de tal actitud y que lleva a la muerte a cientos de miles de personas, sino porque, de triunfar sus tesis, nos arrastrará a todos, sin distinción de países, a un desastre económico y social de dimensiones enormes ya anunciado por gran número de científicos y expertos.

Por todo esto, lo deseable, en mi modesta opinión, sería que el acto humanitario llevado a cabo por el gobierno español sirviera para remover las conciencias de todos los europeos, pero particularmente de todos los dirigentes de los países que hoy mantienen posiciones insolidarias hacia los inmigrantes. Para empujar en esa dirección el Gobierno español no debería conformarse con lo ya hecho, debería encabezar la exigencia de cambio urgentísimo de la legislación europea y debería promover, además, que esa regulación no estuviera orientada hacia los intereses egoístas de los poderosos como hasta ahora, sino en los principios de solidaridad y fraternidad que inspiran la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Obsérvese que digo que tiene que haber regulación pero, insisto, debe inspirarse en principios distintos a los que rigen actualmente.

Los próximos días 28 y 29 de este mes de junio se reúne el Consejo Europeo que agrupa a los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los Estados miembros de la UE. Esa reunión será la primera a la que acuda Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno español: ¡qué magnífica oportunidad para demostrar que la acogida del buque Aquarius es mucho más que un simple gesto! Es, en mi opinión, la ocasión idónea para comenzar a liderar una nueva política europea de inmigración que supere el egoísmo reinante hasta ahora y se base, no me cansaré de insistir, en los principios de solidaridad y fraternidad que inspiraron a los fundadores de la Unión Europea.

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