Los matices de la consulta de Ahora Getafe

«¿Qué quieres que hagan los concejales de Ahora Getafe en la investidura del 13-J?», esa es la pregunta que ha planteado el partido que tiene la llave del Gobierno a los vecinos del municipio. Y da dos alternativas: 1- Votar en contra de la investidura de Sara Hernández (PSOE) en caso de no aceptar las medidas propuestas, votando a favor de Vanessa Lillo (Ahora Getafe). 2- Votar a favor de la investidura de Sara Hernández (PSOE).

Una pregunta que esconde recovecos puesto que la primera respuesta deja condicionada la opción de votar en uno u otro sentido dependiendo de cómo se desarrolle la negociación. Es decir, a pesar de que gane la primera propuesta, si se considera que se aceptan las medidas propuestas, se podrá votar a favor de la investidura de Sara Hernádez. Falta saber quién determina si se han logrado esos acuerdos.

La alternativa, en caso de que no se llegara a un acuerdo con el PSOE y se votara la candidatura de Vanessa Lillo, supondría que inmediatamente pasaría a gobernar la lista más votada, la del PP de Juan Soler.

La consulta se mantendrá abierta hasta mañana para que los vecinos de Getafe (mayores de 16 años) se pronuncien. Con la formulación de esta pregunta también se evita la posibilidad de que se intente controlar desde otra formación el sentido de la consulta, uno de los riesgos que se corría al no existir filtro en cuanto a la afiliación de aquellos que participan en la encuesta.

Las condiciones

Ahora Getafe ha hecho públicas las condiciones que pone al PSOE para llegar a un acuerdo y que incluyen romper relaciones con bancos que ejecuten desahucios, gravar las viviendas vacías de bancos y empresas, renunciar a nuevos desarrollos urbanísticos, y tratar de rescindir la concesión del Complejo Acuático Getafe Norte. También solicitan salir de la Ley de Grandes Ciudades, elaborar un reglamento de Pleno, constituir un consejo de redacción para el boletín muncipal, restituir los panales de libre expresión o publicitar todos los contratos municipales. Asimismo piden limitar el salario de cargos públicos a un máximo de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, limitar los cargos de confianza a 15 personas, y destituir inmediatamente a los imputados, procesados o acusados por corrupción.