Sería una contradicción si los opresores no sólo defendiesen sino practicasen una educación liberadora.
Paulo Freire
GETAFE/El aula sin muros (25/06/2020) – La polémica sobre el principio del próximo curso escolar y la vuelta a la anormal normalidad, que impone el Covid-19, está poniendo de manifiesto maneras diferentes de entender la educación y la sociedad. Por una parte, los que ponen por delante los intereses económicos de las oligarquías y por otra los que consideramos que lo esencial es la vida de las personas y que la economía debe estar al servicio de todos y todas y debe ser un elemento corrector de desigualdades.
Ahora el debate se centra en cómo se recuperará el tiempo perdido por la pandemia y el confinamiento. Cómo se utilizarán los espacios y en qué condiciones. Qué recursos vamos a necesitar y si las administraciones están dispuestas a aumentar la inversión necesaria para hacerlos eficaces.Todos nos mostramos preocupados por lo que dispongan las distintas administraciones como responsables de la preservación de la salud de los ciudadanos, de la infancia y la adolescencia.
Para volver el próximo curso a las clases presenciales combinando eficiencia y seguridad sanitaria se requiere una inversión muy por encima de los 2.000 millones presupuestados por el Ministerio de educación en el acuerdo con las comunidades autónomas. El número de alumnos por aula, en ningún caso debería ser superior a quince. Sería necesario incrementar sensiblemente el número de docentes y otros especialistas (enfermeras, trabajadores sociales, personas de apoyo, limpiadores…).
Por otra parte, las comunidades autónomas dispondrán de su parte alícuota según sus criterios políticos e ideológicos, pudiendo destinarlos a mejorar la seguridad sanitaria y la Escuela Púbica o para potenciar la privatización y dirigir esos recursos a la escuela privada concertada, como puede ocurrir en la Comunidad de Madrid.
Poco se habla del modelo educativo al que podemos aspirar y de otras cuestiones que nos parecen de vital importancia a la hora de retomar la enseñanza presencial.
Detengámonos por un momento en esas cuestiones que nos parecen centrales y que, de no tenerlas en cuenta, significarían un serio retroceso, tras los pequeños avances que se habían dado anteriormente, en el camino hacia una escuela más comprometida con el derecho de todos a la educación y con los derechos de la infancia.
Las respuestas que se está dando a la crisis del Covid19 está poniendo de manifiesto las carencias de nuestro modelo social. El caos vivido en el campo de la salud no es más que una muestra del naufragio del sistema.
Cuando se habla de “nueva normalidad” o de “nueva realidad”, se suele entender la vuelta a lo que teníamos de forma renovada. Volver a la senda del crecimiento económico a toda costa, a un modelo de consumo desenfrenado que sigue profundizando la crisis ecosocial y poniendo en peligro el presente y el futuro de la humanidad.
Dependiendo de la salida que se dé a esta crisis sistémica (de salud, ecológica, económica, social, cultural…) dependerá que las decisiones relativas a la educación se encaminen en una o en otra dirección. No es descartable que, centrándonos en la forma de la vuelta al colegio, perdamos la perspectiva del derecho a la educación de todos y todas y los derechos de la infancia y la adolescencia. Esto podría suponer un retroceso importante en la aportación que la educación puede hacer para avanzar hacia la construcción de una sociedad más democrática basada en el respeto a la dignidad humana.
Eso no quiere decir que no demos importancia a las condiciones concretas en que se retomen las actividades escolares presenciales. Nos parecen muy importantes para tener unas mínimas garantías de seguridad sanitaria.
Por eso nos queremos detener en el fondo del problema que tenemos planteado y no resuelto, al volver a la escuela. Sabemos que también y, sobre todo, se trata de darle un contenido transformador a la educación escolar.
En la situación actual se ha puesto de manifiesto el papel regulador y equilibrador del Estado. El “sacrosanto mercado” se ha mostrado ineficaz y ha tenido que recurrir, como siempre, al paraguas del papá estado. Todos los sectores económicos tan liberales e individualistas, cuando hay beneficios, han recurrido sin complejos a la ayuda estatal.
Los servicios públicos se han manifestado como las únicas instituciones capaces de solucionar los problemas de la gente y donde estos han fallado sólo ha habido caos e incertidumbre, como denotan las colas de personas hambrientas a las puertas de instituciones solidarias autogeneradas.
Se ha evidenciado, también, la necesidad de que el Estado intervenga en el ámbito económico para avanzar en la conciliación entre la vida familiar y laboral.