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Responsabilidad y solidaridad en tiempos de pandemia

La mejor edad de la vida es estar vivo.

Mafalda

 

GETAFE/Todas las banderas rotas (11/11/2020) – ¿De verdad hay todavía alguien que no ha entendido lo que significa esta pandemia para el conjunto de nosotros y para cada uno en particular? Yo se lo diré: la Covid-19  también puede afectarte a ti, tengas la edad que tengas, vivas donde vivas, seas pobre o rico. Puede atacarte a ti mismo y también puede atacar a tu padre, a tu hermana, a tu novio, a quien tú más quieras. Por eso, si caes en la irresponsabilidad de los botellones en la calle, de las reuniones familiares masivas, de las fiestas clandestinas en casa, de la ausencia de las medidas de protección, no solo estás intentando suicidarte –que, a fin de cuentas, allá lo que tú quieras hacer con tu vida-, estás provocando directamente la enfermedad y la muerte de otros –casi siempre los más cercanos, a los que más quieres-, lo que significa que, legalmente, deberías ser juzgado como presunto asesino.

Unos pocos descerebrados se enfrentan a la policía y destrozan escaparates y mobiliario urbano mientras piden a gritos libertad. No están pidiendo libertad para tomar cerveza en una terraza o para ir de copas hasta las tantas aunque es eso lo que dicen, sino que están exigiendo libertad para caer enfermos, para morir o para matar a otros. Está bien, debemos respetar todos los derechos, también el derecho al suicidio, pero quien quiera suicidarse que lo haga solo, tírese desde un puente con un botellín en la mano, pero que no provoque la muerte de otros que, incluso, pueden ser sus padres, su pareja, sus abuelos…

No hay libertad sin vida, los muertos no tienen la capacidad de ser libres. Los enfermos tampoco tienen libertad plena, la tienen limitada. Por tanto, ante el riesgo cierto de enfermedad y muerte, no cabe exigir libertad porque solo los vivos sanos tienen la posibilidad de ser libres. Y por eso, tampoco tienen derecho los políticos a defender esa misma libertad individual o colectiva con el objetivo de que la economía siga funcionando. Es como si, ante el delincuente que nos exige la bolsa o la vida, decidiéramos quedarnos con la primera y perder la segunda… ¿Para qué nos serviría la bolsa una vez muertos?

La enorme irresponsabilidad de los que defienden su derecho a divertirse aún a riesgo de contagiarse o contagiar a los demás está siendo castigada por la ley aunque, en mi opinión, quizá no con la contundencia necesaria. De la misma forma, debería ser perseguible legalmente todo político que defienda que hay que mantener abiertos los negocios, que la economía debe seguir funcionando aunque ello suponga más enfermos y más muertes. Los políticos que mantienen que hemos de aceptar que muera el uno por ciento de nuestros conciudadanos (el 1% de la población de la Comunidad de Madrid supone 66.500 habitantes aproximadamente) para que el resto puedan seguir, unos, haciendo negocios, otros, divirtiéndose y emborrachándose, deberían ser llevados ante los tribunales y ser juzgados como reos de asesinato masivo.

No se trata de izquierdas o derechas. En España hay presidentes de Comunidad, de partidos distintos, que están defendiendo a sus conciudadanos aplicando medidas muy duras que afectan tanto al funcionamiento de los negocios, como a la vida cotidiana de  las personas individualmente. Y en Europa vemos que ocurre lo mismo: dirigentes conservadores como Macron, Presidente de la República Francesa, Merkel, canciller de Alemania o Rutte, Primer Ministro de los Países Bajos, todos ellos conservadores, de derechas, y cuyos partidos forman grupo con el PP en el Parlamento Europeo, están aplicando medidas mucho más duras que las que se han decretado en España. Solo la Presidenta de la Comunidad de Madrid se ha apartado de esta común manera de actuar: es hora de pedirle responsabilidades políticas y de estudiar posibles responsabilidades penales; y debería acompañarla el Alcalde de Madrid que incita a los madrileños a que se vayan “de cañitas”.

Lo segundo, –estudiar posibles responsabilidades penales- correspondería hacerlo, si así lo considera, a la fiscalía. Lo primero –exigencia de responsabilidades políticas- deben hacerlo los partidos que no estén de acuerdo con la forma de actuar de la señora Díaz Ayuso, lo que agrupa a los partidos de la oposición con Ciudadanos. Es hora de que este partido decida si prefiere abandonar el Gobierno de Madrid o hacerse cómplice del posible delito que, en mi opinión, está cometiendo la Presidenta y el partido al que pertenece.

Ya ha saltado la violencia a las calles como decía al principio y muchos tertulianos se preguntan quién está detrás de los que gritan, apedrean a la policía y, de paso, saquean las tiendas. No seré yo quien acuse a nadie porque no tengo pruebas ni está a mi alcance obtenerlas. Pero sí hago notar una coincidencia: los que emplean la violencia en la calle lo hacen porque, según ellos, el Gobierno les impide ir de copas y les obliga a llevar mascarilla, o sea, les impide ser libres, dicen. La señora Díaz Ayuso basa sus decisiones en la defensa de la libertad de los madrileños que, según ella, les está siendo arrebatada por el Gobierno de la nación.

Por favor, volvamos a la cordura.

A la calle están saliendo personas sin criterio, que se comportan como niños y solo piensan en divertirse. A estos hemos de pedirles responsabilidad y, también, solidaridad. Es difícil que entiendan porque son personas que únicamente tienen en cuenta su interés, pero debemos intentarlo. Las instituciones tienen la oportunidad de actuar con ellos pedagógicamente, en lugar de palos y multas, para ayudarles a conocer la realidad. Háganles cumplir trabajos comunitarios tales como ayudar a ancianos solos o a enfermos que, una vez pasada la Covid-19, necesitan recuperarse.

También se manifiestan otras personas, desesperadas con razón porque la pandemia ha acabado con su modo de vida y no les llega ningún tipo de ayuda o esta es insuficiente. Con estos somos los demás los que hemos de mostrar responsabilidad y solidaridad. Somos quienes no estamos en su situación, los que debemos empujar a las instituciones –el gobierno central, los autonómicos y los locales- para que dediquen todos los recursos posibles a atenderlos, y estas deben hacerlo porque no tenemos derecho a cargar el esfuerzo del que nos beneficiamos todos sobre unos pocos –sean estos autónomos, pequeños empresarios o personas individuales-. El gobierno central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos han de hacer real eso de que no van a dejar a nadie atrás, deben hacer que esa frase deje de ser solo un eslogan.

Y salen también a la calle los que, desde todos los extremos, viven del desorden, se alimentan del caos y responden a intereses inconfesables utilizando la violencia. A estos, así como a los que hacen negocio organizando fiestas ilegales, solo cabe la aplicación de la ley sin contemplaciones, con mucha más dureza que la que se está empleando hasta ahora.

Quienes gobiernan las instituciones han de preocuparse, además de en la búsqueda de soluciones, en implicar a los ciudadanos en ese objetivo, y eso solo será posible dando toda la información necesaria y, además, permitiendo y fomentando la participación de toda la ciudadanía en esa empresa que es común. Los ciudadanos hemos de denunciar a algunos dirigentes políticos que, tanto desde determinados gobiernos autonómicos como desde la oposición, aprovechan la pandemia y el sufrimiento que esta provoca en muchos, para tergiversar la realidad y directamente mentir buscando el deterioro del gobierno y, si pudieran, su caída. No es cierto que esté en riesgo la libertad de nadie por implantar unas medidas que se dirigen a vencer al virus; el estado de alarma no es inconstitucional; los “menas” no son los responsables de la violencia en las calles. Hay que desenmascarar las mentiras de la ultraderecha.

Por el camino que algunos nos quieren llevar no llegaremos a buen puerto. Estamos a tiempo –aunque queda muy poco- de hacer cada uno lo que hay que hacer para no naufragar, para no trasformar la pandemia en caos social. La responsabilidad y la solidaridad debemos practicarlas cada uno de nosotros como ciudadanos individuales. Pero las instituciones deben ser las primeras en hacerlo para darnos ejemplo a todos.

Redacción Getafe Capital

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