En torno al independentismo, los indultos y la derecha

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GETAFE/Todas las banderas rotas (06/07/20212) – Personas de renombre entre los socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra y otros se han mostrado contrarios a que el Gobierno concediera los indultos, aunque últimamente se han mostrado más comedidos. Pero ha sido en la derecha donde se han manifestado sin ningún comedimiento. Así, Pablo Casado, Santiago Abascal, Inés Arrimadas y ¡cómo no! José María Aznar, han convocado a todos los demonios, han anunciado la destrucción de la patria y han profetizado el Apocalipsis cuando los políticos independentistas salieran de la cárcel.

Tanto los independentistas, como los que desde fuera de Cataluña se empeñan en mantener la unidad poco menos que manu militari, deben aceptar, cuanto antes mejor, algunas cuestiones previas. El ordenamiento legal actual no permite lo que los independentistas quieren, lo que haría preciso hacer determinados cambios en él que los no independentistas deberían, al menos, estar dispuestos a discutir; que alcanzar acuerdos, tanto para esos cambios como para el resultado final. Exige que ambas partes estén dispuestas a hacer cesiones lo que es una conditio sine qua non; que, finalmente, cualquier acuerdo que alcanzaran los negociadores debería ser sometido a la votación de toda la sociedad.

Los independentistas catalanes suelen citar como fuente de su reivindicación los casos de Irlanda y Quebec que celebraron sendos referendos y los tres (uno en Irlanda y dos en Quebec) los perdieron los que querían la independencia. Pero, además, deberían tener muy presente un documento que nunca se les ha oído comentar, a pesar de ser parte muy importante del modelo canadiense: la conocida como “Ley de Claridad” del Tribunal Supremo canadiense. En su parte sustancial, y muy resumidamente, dice: que una posible consulta debe ser autorizada por el Parlamento de todo el país, no sólo de la provincia o territorio que vota; que la pregunta tiene que ser clara y responderse con un sí o un no y tiene que alcanzarse una participación significativa y una mayoría suficiente (es decir, que no vale con un 50,1% o un 51%, ni una decisión de ese calado puede tomarse si la mayoría de los posibles votantes se queda en su casa). También dice que en todo ese proceso tienen la última palabra todos los canadienses, no sólo la provincia o territorio en cuestión y, finalmente, que el referéndum significaría el punto de partida para una negociación, no el final del proceso.

Los independentistas exigen que el Gobierno cumpla con el último informe del Consejo de Europa pero, por su parte, no se refieren a otros documentos del mismo organismo que, en el tema que nos ocupa, tienen una importancia capital. La llamada Comisión de Venecia (oficialmente Comisión Europea para la Democracia por el Derecho) es un órgano del Consejo de Europa, formada por expertos independientes en derecho constitucional, cuya tarea es asistir y aconsejar a países en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos.

En 2017 respondió a una carta enviada por el entonces presidente catalán Carles Puigdemont, que le pedía apoyo para la celebración de un referéndum. La respuesta que recibió fue que es necesario “que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución y la legislación aplicable”. Y, en octubre de 2020, actualizó su “Guía para la celebración de referendos” y, en ella, dice que estos instrumentos “deben cumplir con el sistema legal en su conjunto”, y que “en particular, no se pueden celebrar referendos si la Constitución, o una ley conforme a la Constitución, no los prevé”. Es, como poco, llamativo que los independentistas exijan tener en cuenta un informe del Consejo de Europa pero, por su parte, no mencionen otros documentos del mismo organismo ni los tengan en cuenta ellos.

Todo lo anterior quiere ser una puesta en contexto de lo que estos días está siendo lo que algunos quieren presentar como lo único que ha de interesar a todos los españoles: la concesión de indultos a los políticos catalanes que estaban presos.

Da mucha vergüenza oír a los políticos de la derecha la enorme cantidad de barbaridades que dicen al respecto y que se enmarcan en un contexto ya conocido: cuando perdieron las elecciones llenaron las primeras planas y los telediarios con lo del “gobierno ilegítimo”. Después, en esa extraña mezcla de colaboración y competencia con Vox, que se trataba de un gobierno “socialcomunista”. De ahí, la nueva lideresa madrileña pasó a “comunismo o libertad” y, finalmente, peticiones de dimisión y elecciones además de, otra vez, acciones judiciales en sustitución de la política. Eso es lo que explica que no se pueda contar, como exigiría cualquier actuación democrática, con la derecha, con el PP. Muchas veces recurren a la necesidad de actuar conjuntamente en una “cuestión de Estado”, y pocas ocasiones lo son como esta.

Muy por el contrario, no se contentan con atacar al gobierno. En el asunto de los indultos han cruzado una frontera que nadie pudo pensar que cruzarían: ¡han roto relaciones con la Iglesia  y con los empresarios! Los otrora compañeros de viaje, de mesa y mantel, de manifestaciones, de intereses, son ahora atacados y despreciados.

La Iglesia, hasta ahora adulada, privilegiada y escuchada por ellos, ha pasado a ser “abyecta”, “traidora”, “desafecta”, “disidente”… ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? A mediados de los años sesenta del siglo pasado, cuando, empujados por los vientos del Concilio Vaticano II, algunos miembros de la Iglesia española se mostraban “desafectos” con el régimen franquista, Carrero Blanco no dudó en recordarles que “desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento del culto…”. ¿Se atreverán a hacer algo similar, recordar a la Iglesia los privilegios mantenidos?

En esta caza de brujas sui géneris ni siquiera se salvan los empresarios. Ya no son el soporte fundamental del Estado, los que crean riqueza y empleo, a los que hay que cuidar y mimar, ahora son subvencionados, que no representan a nadie, que quieren participar en política sustituyendo a los políticos que son, según Pablo Casado, los que tienen todos los derechos mientras que esos advenedizos no tienen ni siquiera el de la palabra, el de opinar. La lideresa Ayuso ya está dispuesta a exigirles que paguen los costes de la independencia que, supuestamente, ellos defienden.

Además de presionar a la Iglesia e insultar a los empresarios, Pablo Casado, creyéndose con suficiente poder, a pesar de que no dirige ni su propio partido, exige que se convoquen elecciones y el ínclito José María Aznar, dice que “son días para apuntar, para tener en la cabeza y no olvidar”. No sé si pretende meternos miedo, pero la verdad es que un poco sí da.

Y todo esto viene provocado porque el Gobierno, legal y legítimo mal que les pese, toma la decisión de hacer que salgan de la cárcel unas personas que fueron condenadas, cumplieron parte de la condena impuesta y, en cumplimiento estricto de la ley, han sido indultados. Y esa decisión es independiente de lo que cada cual –sea partido político, institución, responsable de uno u otra o persona individual- opine sobre lo que hicieron esas personas o sobre si la sentencia fue justa o injusta. Además, los que critican tal decisión deben tener muy presente que ha sido respaldada por la mayoría del Parlamento español, por lo que ya no es solo una decisión del Gobierno, sino del órgano que representa la soberanía del pueblo español.

Acabaré con una reflexión. ¡Cuántas veces nos hemos referido –y, desgraciadamente, seguiremos haciéndolo- a la desconexión de los políticos respecto a las auténticas preocupaciones de la gente! Sin ir más lejos, en estos días de lo que ellos hablan es de los indultos a los políticos independentistas catalanes. Pero, ¿qué les preocupa a la mayoría de los españoles? Yo sostengo que, más que de los indultos, hablan de la pandemia, de las limitaciones que esta provoca en sus vidas, de la vacunación, de cuando podrán ir sin mascarilla, de la subida de la luz, de cuándo llegará la recuperación económica, de la negociación sobre las pensiones, si se jubilarán antes o después y cuanto les quedará, de si pueden hacer planes de vacaciones…

Mientras, Pablo Casado, Santiago Abascal y, desde su rincón, Inés Arrimadas, siguen con su discurso subidísimo de tono, cargado de insultos, descalificaciones y acusaciones pero sin una sola propuesta útil, ni sobre lo que habría que hacer en lugar de aplicar los indultos ni, por supuesto, sobre lo que realmente les importa a los ciudadanos de esta vapuleada España.