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GETAFE/Tribuna con acento (06/08/2025) – Desde la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel ha ocupado Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán (de Siria). La ocupación de estos territorios es considerada ilegal por gran parte de la comunidad internacional bajo el derecho internacional humanitario, los Convenios de Ginebra de 1949, prohíben la transferencia de población civil a territorios ocupados. La Resolución 242 (1967) de las Naciones Unidas pide la retirada de Israel de «territorios ocupados». El Estatuto de Roma (1998) de la Corte Penal Internacional (CPI) considera crimen de guerra la transferencia de población al territorio ocupado. Desde una perspectiva legal e histórica, la mayoría de las acciones de Israel en los territorios ocupados violan normas fundamentales del derecho internacional.
El ataque terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que lanzó la denominada Operación Al-Aqsa Flood, en la celebración del festival musical Nova, donde más de 364 civiles israelíes fueron asesinados y 44 personas fueron tomadas como rehenes. El ataque es ampliamente reconocido como una de las acciones terroristas más devastadoras. Desde entonces, el ejército de Israel ha emprendido acciones militares y políticas encaminadas a causar un daño irreparable a la población palestina en Gaza, matando a decenas de miles de personas, borrando de la faz de la tierra a familias enteras, y causando una catástrofe humanitaria sin precedentes.
Después de casi 22 meses de genocidio, más de 60.034 palestinos han muerto desde el inicio del conflicto, según datos consolidados por el Ministerio de Salud de Gaza y de las Naciones Unidas, en su gran mayoría civiles, entre ellos al menos 17.400 niños, más de 10.000 mujeres, a los que se suman más de 145.870 heridos. De estas muertes, niños, mujeres y ancianos juntas representan aproximadamente el 54 % al 65 % del total, muchos de ellos, han muerto por falta de medicamentos, agua o comida. Las cifras duelen, pero aún más lo hace la impunidad con la que actúan. En Palestina se libra una batalla por el derecho a existir, a cultivar la tierra, a alimentar a los hijos y a contar una historia que no puede ser borrar.
La mayor parte de las organizaciones humanitarias de derechos humanos (Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, y recientemente la propia Conferencia de las Naciones Unidas declaran sin ambages “que esto tiene un nombre “genocidio”. De la misma forma que organizaciones humanitarias de Israel han denunciado la situación en «las cárceles israelíes, los abusos y arrestos masivos, miles de palestinos detenidos en campos de concentración… “Nadie está a salvo”. Ni siquiera los miembros del personal civil de organismos internacionales, que cumplen funciones humanitarias. No son simplemente daños colaterales de la guerra, sino que forman parte de una política deliberada la destrucción del tejido social, la infraestructura, son la expresión palmaria de un genocidio.
Hay que destacar que el sistema Humanitarian Foundation (GHF) está gestionado por dos empresas contratistas privadas estadounidenses en coordinación con el ejército israelí. El mismo país que proporciona anualmente 3.800 millones de dólares en ayuda militar, según el acuerdo firmado en 2016 (vigente hasta 2028). Incluye aviones F-35, misiles guiados, municiones y sistemas de defensa. Al igual que colaboran otras potencias como Alemania, Reino Unido, Italia o Canadá… Mejor sería matar el hambre no a los hambrientos. Es decir, cumplir con los objetivos 2030, “Hambre Cero”.
Según una evaluación geoespacial de la FAO y UNOSAT, realizada en abril de 2025, registraba que apenas queda un 4.6 % de los cultivos disponibles; más del 80 % del terreno agrícola está dañado, y el 77.8 % es inaccesible para agricultores. El deterioro del sistema agroalimentario es “alarmante tras la destrucción de tierras, pozos e infraestructura básica. Hace apenas unos días, el 31 de julio, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) de Palestina ha informado que las fuerzas de ocupación israelíes han lanzado un ataque militar contra su banco de semillas en Hebrón. La destrucción de un banco nacional de semillas es un acto de borrado cultural, destinado a romper los lazos generacionales entre los y las agricultores y su tierra.
Al mismo tiempo, los colonos israelíes, con apoyo de las fuerzas de ocupación, han incrementado ataques contra comunidades palestinas: en abril de 2025 se realizaron más de 200 agresiones violentas en un solo mes, incluyendo saqueos, destrucción de cultivos y árboles, ataques armados contra aldeas y desplazamiento forzoso. La estrategia está orientada a crear corredores de colonización. Aseguran que casi el 40 % de la Cisjordania esté bajo control efectivo de colonos.