Migrantes y Ceuta: La acción del Gobierno (I)

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GETAFE/Todas las banderas rotas (31/08/2026) – El pasado mes de agosto no ha sido el típico mes de verano de antaño en el que, según se decía, los periodistas se tenían que inventar las noticias. En el plano internacional las guerras de Trump, Netanyahu y Putin han seguido produciendo muertos, sobre todo civiles. Los incendios se han comido miles de hectáreas de terreno en España,  en Europa y en todo el hemisferio norte, y, como demostración de lo que supone el cambio climático, son muchísimo más voraces que en el pasado. Pero el asunto que ha monopolizado la atención de los españoles ha sido la masiva entrada de inmigrantes en Ceuta y es sobre ese hecho sobre el que quiero hacer algunas reflexiones.

El 11 de agosto Miquel Ramos iniciaba su artículo en Público de esta manera: “Nada hubiera pasado, más allá de una noticia perdida en las páginas de cualquier periódico o entre los minutos de un informativo, si las personas que llegaron nadando a Ceuta se hubiesen ahogado”. Puede parecer cinismo pero es la mejor manera de ir a la raíz de la cuestión: lo que más debería importar en este asunto –las vidas humanas perdidas- es a lo que menos importancia han dado políticos y medios de comunicación.

No se sabe cuantas son las personas que murieron a uno y otro lado de la frontera ni creo que lleguemos a conocer nunca con total certeza cual es la cifra real si tenemos en cuenta que los datos dados por Marruecos no son en absoluto fiables, por más que el gobierno español repita constantemente que Marruecos es un país fiable.

Todo lo que se ha venido hablando durante el mes de agosto ha girado sobre el número de los que cruzaron la frontera; los que regresaron a Marruecos; los adultos que no abandonaron Ceuta; los menores no acompañados que, igualmente, se quedaron en la ciudad… Y el mantra repetido por todos los políticos -los primeros los ministros del gobierno- que han hablado al respecto: todas las personas que entraron de manera irregular en Ceuta han de ser devueltas a su país de origen; mienten a sabiendas porque no pueden ignorar que, tanto la ley española como la legislación internacional, obligan a evaluar caso a caso y, como resultado de esa evaluación, habrá quien deba ser expulsado y quien deba quedarse protegido por el Estado español. Esto es así, con más razón, en lo que se refiere a los menores; bien es cierto que, pasados los primeros días, la acción gubernamental se orientó claramente hacia el cumplimiento de las leyes.

En mi opinión, el gobierno central ha fallado en varias cuestiones. En principio, en el diagnóstico: no han sido las mafias, como afirmaron muchos ministros y el propio presidente del Gobierno, quienes movilizaron  a decenas de miles de personas desde Marruecos hacia Ceuta por una razón: las mafias solo se mueven por dinero y, evidentemente, nadie ha pagado a nadie por tirarse al mar y jugarse la vida. En este punto, además, el gobierno nos ha mentido ya que eso lo sabe mejor que nadie porque, si no lo sabía, ¿qué responsabilidad habría que exigir a los servicios secretos españoles? El CNI tiene una presencia importantísima en esa zona desde hace muchos años, por tanto, o su fallo es estrepitoso, o no se les hizo caso o se les mandó mirar hacia otro lado. Es necesario que esto quede claro sobre todo después de las diferencias manifestadas al respecto entre el ministro del Interior y la ministra de Defensa.

La segunda cuestión en que, según mi criterio, el Gobierno se equivoca es en el trato dado al régimen marroquí. Está claro que no conviene a España crear un conflicto diplomático o de cualquier tipo con el vecino fronterizo, pero todos sabemos que cuando cedes ante un chantaje –y  Marruecos actúa como un chantajista- la extorsión se puede perpetuar, el chantajista seguirá exigiendo cada vez más: la prueba es que  Marruecos, después de la ignominiosa concesión española sobre el Sahara Occidental, ha seguido presionando a España de diversas maneras, como en esta entrada masiva que, si no ha sido ordenada por los servicios marroquíes, ha sido apoyada o consentida. Sostengo que, en público, no queda más remedio que mantener las buenas formas diplomáticas –lo que no incluye el servilismo ni la sumisión-, pero se echa en falta una firmeza mucho mayor en las negociaciones fuera de los focos.

En tercer lugar, la respuesta ha sido tardía. Las tiendas de campaña que se pusieron hacia el día 20 deberían haberse instalado en la primera semana; el gobierno no supo aprovechar la buena disposición en que al principio estaba el presidente de la ciudad autónoma. Quizá temió la reacción de la ultraderecha que, con toda seguridad, se le habría echado encima con toda la fuerza de su racismo y su xenofobia principalmente, que, en el contexto actual, tienen una gran cantidad de fans. También, desde la primera hora, debería haber aumentado significativamente los recursos, tanto humanos como materiales, para proceder a la identificación de tantísimas personas que quedaron en Ceuta.

Me interesa considerar la respuesta dada a la posición que han adoptado las instituciones europeas y alguno de los Estados miembros. El gobierno español se ha enfrentado con el gobierno italiano pero no lo ha hecho con Dinamarca, Finlandia y otros, y tampoco con la Comisión. España debería haber exigido –sobre todo a la Comisión- la solidaridad debida a un socio que se responsabiliza casi solo de la defensa de la frontera sur de la Unión, cosa que afecta y debería interesar a todos los miembros de la UE; también deberían tener en cuenta los que desde Europa han criticado la actuación de España que, de haber contado esta desde hace tiempo con la solidaridad y asistencia a la que están obligados, quizá las consecuencias hubieran sido muy distintas. El papel que debería jugar la UE, no solo en este caso sino en toda la política migratoria europea, está en el centro de esta crisis, pero eso  lo trataré en otro artículo.

En el haber del gobierno –no todo ha de ser negativo- hay que apuntar que, después de las primeras manifestaciones sobre el envío a Marruecos de todos los que entraron en Ceuta, mostró una resistencia clara ante las demandas de la oposición que exige el incumplimiento de las leyes españolas y de las normas y convenios internacionales. Ese es, en mi opinión, el camino; como siempre la ultraderecha quiere resolver un problema muy difícil, complejo y con multitud de aristas, con una solución simple, y, por tanto, imposible, pero el gobierno debe mantenerse en la legalidad que es lo que corresponde a un país democrático y, aunque sea a contracorriente de la tendencia imperante en Europa y el resto del mundo, respetuoso con el derecho internacional.

Finalmente, conviene apuntar que todos los fallos enumerados no deben empañar el esfuerzo realizado por todas las administraciones en el contexto de caos producido por un acontecimiento tan inusual. También es obligado reconocer la solidaridad mostrada por los habitantes de la ciudad -solidaridad que no puede ni debe sustituir a las obligaciones de las administraciones- que, en su gran mayoría, han demostrado que saben convivir con los que no han nacido en Ceuta pero que, al margen de la procedencia, el color de la piel, la religión o cualquier otra diferencia, se parecen más a ellos que los que les incitan a menospreciarlos y odiarlos.