
GETAFE/Sucesos (15/09/2026) – La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a estafar a personas mayores y vulnerables para apropiarse de la nuda propiedad de sus viviendas. La operación se ha saldado con 32 personas detenidas, a las que se imputan delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Los agentes han llevado a cabo 10 entradas y registros en la ciudad de Madrid y en las localidades de Valdemoro, Leganés y Getafe, así como en Ciudad Real y Murcia. El líder de la organización ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.
La investigación comenzó en abril de 2025, después de que un familiar denunciara que una persona estaba siendo víctima de una estafa en Alcalá de Henares. Las pesquisas permitieron localizar nuevas denuncias con un modus operandi similar y acreditar, según la Policía, la existencia de una organización que actuaba de manera coordinada, con un reparto de funciones y una estructura jerarquizada.
El grupo se ocultaba bajo la apariencia de empresas dedicadas a la venta directa a domicilio de productos relacionados con la salud, el hogar o la cultura. Las víctimas, seleccionadas por su edad y situación de vulnerabilidad, firmaban contratos de financiación que generaban un endeudamiento creciente que posteriormente resultaba insostenible.
Los investigadores señalan que los detenidos se aprovechaban de personas mayores que vivían solas y que, en algunos casos, presentaban limitaciones físicas o cognitivas y carecían de una red de apoyo familiar.
Una vez generado el endeudamiento, otras sociedades vinculadas al entramado se presentaban como empresas jurídicas o intermediarios financieros y ofrecían a las víctimas una solución para los problemas económicos derivados de las compras realizadas.
A través de letrados en ejercicio, les ofrecían la exoneración de las deudas mediante una “segunda oportunidad”, aunque, según la investigación, esta alternativa terminaba suponiendo el pago de cantidades desproporcionadas mediante una nueva financiación.
Cuando la situación económica de las víctimas llegaba a un punto límite, la organización planteaba como única salida la transmisión de la nuda propiedad de sus viviendas por cantidades muy inferiores a su valor real.
El fraude podía no ser descubierto hasta después del fallecimiento de las víctimas. En ese momento, los herederos legítimos comprobaban que las viviendas habían pasado a pertenecer a personas distintas de sus familiares.
La Policía considera que se trata de un procedimiento delictivo especialmente grave por la explotación patrimonial de personas de edad y por las circunstancias de vulnerabilidad que, en algunos casos, las dejaban en una situación de “indefensión total”.
La fase operativa de la investigación se desarrolló entre los días 22 y 29 de junio. Durante la actuación policial se consiguió el bloqueo registral de 47 inmuebles adquiridos presuntamente mediante estas estafas, además del bloqueo de cuentas bancarias y sociedades mercantiles por un importe de hasta 4 millones de euros.
Los 32 detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. El juez decretó el inmediato ingreso en prisión del cabecilla de la organización criminal.