Getafe plantea movilizar suelo para impulsar aproximadamente 1.000 nuevas viviendas públicas

GETAFE/Urbanismo (07/10/2026) – El Gobierno municipal llevará al Pleno del Ayuntamiento de Getafe del próximo 14 de octubre una propuesta urbanística con la que pretende movilizar suelo urbano y abrir la posibilidad de construir aproximadamente 1.000 nuevas viviendas protegidas. El acuerdo entraría en vigor al día siguiente de su aprobación y permitirá actuar sobre parcelas en las que hasta ahora no era posible desarrollar vivienda.

La iniciativa pretende aprovechar suelos vacíos ya existentes dentro de la ciudad para ampliar la oferta residencial sin recurrir a nuevo suelo periférico. Para ello, el Ayuntamiento propone habilitar la implantación de vivienda protegida en determinadas parcelas que actualmente están calificadas exclusivamente para usos terciarios, como oficinas o establecimientos de hospedaje.

El Gobierno local plantea también incrementar la edificabilidad y la densidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, de manera que puedan acoger un mayor número de viviendas. La medida estará condicionada, según la propuesta municipal, a que cada actuación justifique su interés público y a que quede acreditado que las infraestructuras y servicios existentes en el entorno pueden asumir el crecimiento residencial.

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha defendido la iniciativa como una actuación para ampliar las posibilidades de acceso a vivienda pública y ha establecido una diferencia con el modelo aplicado por la Comunidad de Madrid. “Mientras la Comunidad de Madrid deja la construcción de vivienda en manos privadas, que provoca, por ejemplo, los problemas que se están dando en el Plan Vive de Los Molinos y Buenavista y que impide que sean viviendas verdaderamente asequibles; en Getafe hacemos justo lo contrario, ampliamos las posibilidades”, ha señalado.

Hernández ha asegurado que el objetivo municipal es que las nuevas viviendas sean asequibles y que su desarrollo vaya acompañado de los servicios necesarios. En este sentido, ha defendido que las nuevas promociones deben contar con “los servicios, colegios y zonas verdes que merecen” los vecinos y que el crecimiento residencial no debe romper el equilibrio entre los distintos barrios de la ciudad.

La propuesta se apoya en el marco establecido por la nueva legislación regional, pero el Ayuntamiento asegura que pretende aplicarlo desde una perspectiva vinculada al interés general. La principal novedad será la posibilidad de transformar determinados suelos de uso terciario en espacios destinados a vivienda protegida, con el propósito de aprovechar parcelas urbanas que actualmente no tienen uso residencial.

El Gobierno municipal sostiene que esta fórmula permitiría colmatar vacíos urbanos y favorecer un crecimiento residencial sostenido durante las próximas décadas. La iniciativa busca, de esta manera, aumentar el número de viviendas disponibles sin extender la ciudad hacia nuevos terrenos periféricos.

Junto a la transformación de determinados usos, el acuerdo contempla mayores posibilidades de edificabilidad y densidad en parcelas de vivienda protegida. El Ayuntamiento pretende que esta opción no se traduzca en un crecimiento sin condiciones. Cada proyecto deberá acreditar, según la propuesta, que existe capacidad suficiente en las infraestructuras de la zona y que el aumento de viviendas responde a un interés público.

El Ejecutivo local contrapone este modelo a lo que califica de “liberalización descontrolada” y defiende que el incremento de viviendas debe estar acompañado de una evaluación de sus efectos sobre el entorno urbano. El objetivo declarado es combinar la construcción de vivienda pública con el mantenimiento de los servicios y equipamientos necesarios.

La propuesta incorpora además limitaciones para preservar determinados suelos. En concreto, el Ayuntamiento asegura que no se perderá suelo reservado para dotaciones públicas, entre ellas las destinadas a sanidad, educación o deporte. De esta forma, las parcelas que tengan esta consideración quedarán fuera de las nuevas posibilidades de desarrollo residencial.

También se excluyen expresamente los polígonos industriales de esta transformación. El Gobierno municipal considera que estos espacios no reúnen las condiciones necesarias para convertirse en áreas residenciales, al carecer de las redes y servicios adecuados para garantizar un entorno habitacional.

Otro de los objetivos incluidos en la propuesta es evitar que las viviendas públicas pierdan su carácter protegido una vez construidas. Hernández ha señalado que el Gobierno municipal apuesta por que las viviendas públicas, tanto en propiedad como en alquiler, “no pierdan nunca el carácter público” para evitar que entren “en el juego de la especulación, especialmente ante las empresas y fondos buitre”.

La iniciativa deberá ser debatida y, en su caso, aprobada por el Pleno municipal del 14 de octubre. Si obtiene el respaldo necesario, entrará en vigor al día siguiente, abriendo una nueva vía para el desarrollo de promociones de vivienda protegida en determinados suelos urbanos de Getafe.

El Gobierno municipal cifra en aproximadamente 1.000 viviendas el potencial residencial que podría generarse mediante la aplicación de estas medidas. La propuesta combina así la incorporación de nuevos usos residenciales en determinadas parcelas terciarias con un aumento de la capacidad edificatoria de algunos suelos ya destinados a vivienda protegida, manteniendo fuera del proceso tanto los terrenos destinados a equipamientos públicos como los polígonos industriales.