Maricarmen, los partidos y sus votantes

Cuando era joven pensaba que la lucha era por el poder. Ahora veo que la historia de los luchadores sociales y políticos es un montón de cristales rotos, de los cuales van quedando pedacitos: las ocho horas, los derechos laborales, la jubilación… me siento hermano de todo eso.
Pepe Mujica

GETAFE/Todas las banderas rotas (06/10/2026) – Maricarmen llegó a la calle Sáinz de Baranda en el año 1956. Yo ya vivía en esa misma calle desde el año 1949 y permanecí en ella hasta principios de los años 70, es decir, fuimos vecinos durante algún tiempo. Si traigo esta experiencia personal aquí es para explicar, con pleno conocimiento, que, por entonces –de 1949 a 1956 y más allá-, esa calle solo tenía detrás otra –Doce de Octubre- y, a partir de ahí, lo que había era campo. Es decir, lo que hoy es uno de los barrios más selectos y caros de Madrid, entonces era el extrarradio donde vivíamos los pobres. Lo que pretendo es poner contexto: Maricarmen no vivía en un barrio rico, vivía en su mismo barrio de siempre, que fue pobre, pero que, porque ha evolucionado en un sentido cruelmente neocapitalista y ultraliberal, ha terminado por arrollarla y llevársela por delante. Como a tantos otros en muchos más lugares de España.

Después del desahucio –por cierto, violentísimo, en mi opinión mucho más violento de lo necesario, alguien debería responder por ello- los partidos políticos, en lugar de buscar soluciones, buscan culpables y los encuentran ¡oh, sorpresa! en los demás, no en lo que han hecho o han dejado de hacer ellos mismos. Porque había soluciones sobre la mesa desde hace mucho, quizá no completas o perfectas, pero posibles si hubiera habido voluntad política real de solucionar el problema, no intereses partidistas que solo pretenden erosionar al contrario y buscar posibles votos.

Si queremos hablar con honestidad del tremendo problema de la vivienda, hay que decir que la izquierda ha fallado. Que el Gobierno, que se llama progresista, no ha actuado como tal, no ha hecho todo lo posible en los meses y años anteriores al desahucio de Maricarmen. Y la izquierda a la izquierda del PSOE exige ahora lo que, hasta el día del desahucio de Maricarmen, no había valorado con tanta importancia.

Pero no caben equidistancias: PP, Vox y Junts se han opuesto y se oponen a cualquier medida que pudiera parecer, aunque fuese mínimamente, un atisbo de solución. El PP cae en la mayor indignidad: «Estas cosas se acabarán, pero con este Gobierno no», ha dicho sin sonrojarse Borja Sémper; esa frase me recuerda aquella otra: “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, que pronunció el hoy imputado Cristóbal Montoro, que siendo ministro de Hacienda, presuntamente, “vendió” leyes a medida de los intereses de sus amigos, se supone que por un precio.

¿Qué se puede decir de Feijoo? Dejó pasar dos días antes de hablar y lo primero que dijo fue “Vengo a hablar de otra cosa”, demostrando que, para él, cualquier otra cosa es más importante que el clamor que está en la calle. Después, vaguedades que muestran su enorme capacidad de liderazgo.

Y claro, no podía faltar, en esta feria de los despropósitos, Isabel Díaz Ayuso: «Nosotros apostamos por defender la propiedad privada a ultranza, porque la propiedad privada es sagrada». Alguien debería poner a esta señora frente a la Constitución, esa que, cuando le interesa, tanto defiende. Es cierto que el artículo 33 de la CE reconoce el derecho a la propiedad privada, pero también reconoce que “la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes”, o, lo que es lo mismo, ese derecho –por cierto, como todos- tiene límites, no es sagrado.

Y, por si eso no bastara, también la CE dice en su artículo 47 que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

O sea, que los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y los poderes públicos –en este caso las Comunidades Autónomas- son los responsables de hacer efectivo ese derecho de acuerdo al interés general para impedir la especulación. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid considera sagrado el derecho a la propiedad privada, el derecho a una vivienda digna, en mi opinión, lo es aún más.

No me resisto a dejar constancia de una de las frases más crueles dichas por Ayuso: “El desahucio de Maricarmen es uno más de los 25.500 que se producen cada año en España”. ¡Cuánta deshumanización! Tomen nota de la empatía que les mostrará esta señora los que sufrirán –o están sufriendo ya- situaciones parecidas y la han votado en el pasado: la misma que mostró por los 7.291 ancianos que murieron abandonados en las residencias de la CAM durante la pandemia de Covid que se iban a morir igual ¿recuerdan?.

Finalmente, queda Junts. Hasta el día anterior a la votación de los dos decretos que, con muchas limitaciones, pretendían paliar algunos de los problemas denunciados en la Puerta del Sol y otras muchas plazas de toda España, parecía que los nacionalistas catalanes de derechas  podrían abstenerse o, incluso, votar sí al primero de ellos. Pero votaron no. ¿Por qué? Algunos se han sorprendido, pero no cabe tal sorpresa: Junts es un apéndice de la patronal catalana y ha votado siguiendo los intereses de esta. Parece que han mantenido contactos con Foment del Treball Nacional, la principal organización de los empresarios catalanes y Garamendi, presidente de la CEOE, expresó claramente su opinión contraria a ambos decretos un par de días antes. Además, las encuestas catalanas dicen a Junts que tiene un gran riesgo de que Aliança Catalana le alcance: así que no actúa en pro del interés de sus votantes que también sufren el problema de la vivienda.

Una encuesta reciente dice que un 67% de españoles quieren que se limiten los precios de la vivienda, pero lo más interesante es como se distribuye esa opinión según a quien vota cada encuestado: PSOE 82,6%, Sumar 95,8%, Podemos 85,4%, PP 56,5% y Vox 55,2%. Los que opinan que el Estado no debe intervenir en el mercado de la vivienda porque éste se regula solo, son únicamente el 21,7%. Lo que nos dicen estas cifras es que más del 50% de los votantes de PP y Vox quieren lo mismo que los votantes de izquierda.

Bien, pues en este contexto es en el que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre.

Así que es ahora cuando los votantes deberán tener en cuenta lo que “su partido”, el partido al que siempre votan, está diciendo y haciendo, deben reflexionar muy seriamente sobre ello. Evidentemente, a la hora de votar hay muchas cuestiones a tener en cuenta, pero el problema de la vivienda, no solo es el que acapara la preocupación de la mayoría, sino que es trasversal: hay desahuciados y gente que tiene enormes dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler y amenazados por desahucios entre los votantes de todos los partidos; por tanto, antes de votar, deberán pensar si están de acuerdo con lo que dice o hace ese partido al que siempre votan. Porque:

¿Los votantes de Vox creen, honestamente, que los inmigrantes son los culpables de los altos precios de los alquileres y no los especuladores y los fondos buitre? ¿Los votantes del PP están de acuerdo en que el derecho a la propiedad de unos pocos es más digno de ser protegido que el derecho a la vivienda de sus hijos y nietos? ¿Los votantes del PSOE están convencidos de que su partido –que, no lo olvidemos, lleva mucho tiempo en el gobierno- ha hecho y hace todo lo que, desde su posición, puede hacer? ¿Los votantes de cualquiera de los partidos a la izquierda del PSOE prefieren avanzar dando pasos más o menos largos, o prefieren quedarse donde estamos porque el gobierno no da todo de una vez? ¿Y los votantes de Junts no se dan cuenta que ese partido no trabaja para ellos sino para los capitalistas que son los principales causantes del problema de la vivienda?

Estamos en una tesitura que es crucial para las generaciones actuales y varias futuras. La gente está en las calles presionando en una determinada dirección y los partidos no deberían tener otro objetivo que seguir esa dirección, con prudencia, sí, pero con generosidad y sentido de Estado.

Los que hoy están dirigiendo a la gente en las plazas han dado ejemplo de como hay que hacer política en favor de las mayorías al pedir a los partidos que aprobaran los dos decretos propuestos por el gobierno; no era lo que habían pedido, no era lo que les hubiera gustado, pero entendieron que era un primer paso que beneficiaba a los que viven agobiados por los alquileres, las hipotecas y los desahucios. Y para llegar al final del camino hay que empezar dando un primer paso.

La convocatoria de elecciones es la oportunidad para que los ciudadanos vean que soluciones propone cada partido al problema de la vivienda. No solo al problema de la vivienda pero, sobre todo, al problema de la vivienda. Y votar en consecuencia.