Mentiras y verdades del ‘caso Jeromín’

La campaña electoral para las generales también se juega en Getafe. Y el PP pone toda su imaginación sobre la mesa, en este caso sacando el ‘caso Jeromín’ a la palestra y acusando a la actual alcaldesa Sara Hernández de «dar orden entreverada a la concejalía responsable de los asuntos jurídicos del Ayuntamiento de desistir del procedimiento», según se explicita en su nota de prensa. Este hecho sería muy grave, pero sobre él, no se apunta más información: ni quién ha sido presionado, ni si se ha llevado a término esta decisión. Fuentes oficiales del Consistorio aseguran que es «absolutamente falso que se haya presionado a nadie para dar marcha atrás en el proceso» y «tampoco se ha desistido de él».

Tampoco es cierto que algunos de los imputados en esta causa sigan estándolo, y es particularmente relevante el caso del exconcejal Ángel Bustos, que desde hace algunas semanas tiene en sus manos el auto definitivo de sobreseimiento de la causa en lo que a él respecta. También se archiva la causa respecto a los técnicos municipales que estaban señalados en el proceso.

El ‘caso Jeromín’ se refiere a una subvención concedida en 2009 por el Gobierno municipal al Club de Baloncesto Getafe Beta. Parte de la justificación de esta subvención (54.270,05 euros) se realizó con tres comidas multitudinarias en el bar Jeromín, con un aforo de 14 personas en la planta baja y 20 en la superior. Kike Macías, exconcejal socialista, era entonces responsable del club y a él señaló en su querella el Ayuntamiento. La resolución final de esta denuncia, que se está tramitando en el juzgado número 6 de Getafe, aún no se conoce.

El portavoz popular y senador, Juan Soler ha presentado esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el escrito de personación del grupo municipal popular de Getafe en la causa. «Os preguntaréis por qué no lo he presentado directamente en los Juzgados de Getafe. Pues bien, digamos que en los juzgados de Getafe no solo no hemos tenido ninguna facilidad. No, es que han sucedido notificaciones sucesivas y contradictorias sobre si nos permitían tramitar lo necesario. Según nos comunica nuestro letrado, el funcionario que se ha puesto en contacto con él no se ha identificado, no ha querido hacerlo. Hay que decir, y lo digo con tristeza, que es sospechoso y hace pensar mal. Y no nos han permitido la tramitación. Hemos tenido que ir a otro juzgado. Qué pena y qué triste», publicaba Soler en su Facebook, sembrando la duda sobre los funcionarios que prestan servicio en este juzgado.

Raquel González - Directora Grupo Capital