Los espías de Hard News, en el punto de mira de la fiscalía

hardnewsHay decenas de expedientes sobre empresas, particulares e incluso funcionarios que se encargaron por el Gobierno de Juan Soler a Hard News SL, cuyo administrador único es Javier Cordero. Informes que se enmascararon bajo la nomenclatura de «asesoría en la contratación». Los partidos de la oposición en aquel momento, hace más de un año, PSOE, IU y UPyD, pusieron toda la documentación a disposición de la Fiscalía. Tras la petición de más información que se realizó al Ayuntamiento, ahora se han abierto diligencias sobre este tema.

El papel de Hard News en el Ayuntamiento ha tenido dos vertientes: por un lado los informes personales y mercantiles de sociedades y personas ‘de interés’; y por otro la ‘asesoría’ en los pliegos de con­tratación. En el primer caso podría haber un atentado flagrante contra la intimidad de los investigados, donde figuran datos personales, relaciones matrimoniales, tendencias políticas, rumorología ‘de mercado’… Juristas consultados por GETAFE CAPITAL aseguran que “nadie pude ser investigado por el hecho de ser conocido”, dándose el caso agravado de que se han llegado a realizar informes incluso de funcionarios.

La asesoría en los pliegos de contratación también presenta lagunas legales. Será responsabilidad de la comisión de investigación dilucidar si los técnicos conocían estos informes en los que se sugieren modificaciones en los pliegos de contratación. En caso afirmativo, se podría haber incurrido en un delito de prevaricación “al haber podido influir en un proceso de contratación”. Si por el contrario no conocían los informes, ¿para qué se contrató a esta empresa?

Realizar los pliegos de condiciones técnicas es una potestad propia y reservada a los funcionarios. Y en Getafe, según las fuentes consultadas “nunca ha existido una demanda por parte de los técnicos para recibir una asesoría externa”. Los pliegos de condiciones se fiscalizan y existe además una asesoría jurídica municipal que determina su idoneidad. Esta labor externa podría suponer una intromisión en la función pública, además de que esta empresa podría disponer de información privilegiada que únicamente debería estar en posesión de los funcionarios.

Ahora el tema puede avanzar en los juzgados y convertirse en una losa más de lo que fue el Gobierno de Juan Soler.

Raquel González - Directora Grupo Capital