¿Adiós a la LOMCE?

GETAFE/El aula sin muros (29/11/2018) – Después de algunos titubeos parece que el gobierno socialista ha optado por la derogación de la LOMCE, la polémica ley que el ministro Wert impulsó, aprovechando la mayoría absoluta del PP, a pesar de la oposición del resto del Congreso de Diputados, con la excepción de UPyD y los incondicionales UPN y Foro Asturias.

Aunque la nueva ley responda solo parcialmente a algunas de las expectativas expresadas por la comunidad educativa, sí que intenta paliar algunos de los aspectos más retrógrados de la Ley Wert tales como la promoción de la enseñanza concertada, los itinerarios, la religión como asignatura evaluable o la deslegitimación de los órganos de representación democrática, también se intentan revertir algunos recortes que el Partido Popular impuso en educación con la disculpa de la crisis.

Con esta ley en la mano las comunidades autónomas, del mismo signo político, han tenido manga ancha para desarrollar unas políticas educativas que priorizan los tres grandes ejes que rigen el ideario conservador: La profundización de la privatización de la enseñanza, la jerarquización de la gestión en los centros y la opción confesional por la religión católica.

Veamos algunas de las medidas más destacables, que a nuestro entender, propone la nueva ley:

• Se pone freno al proceso privatizador que promueve el artículo 109.2 de la LOMCE, que poniendo el acento en la “demanda social” permite que los centros concertados puedan abrir nuevas aulas si existe demanda o la cesión de suelo público a promotores privados en los nuevos barrios.
• Se sustituyen las numerosas reválidas con intención clasificadora por dos “evaluaciones diagnósticas”, una en cuarto de Primaria y otra en segundo de ESO, que se especifica que tendrán “carácter informativo”. Se suprimen los itinerarios y se vuelven a introducir tres ciclos de enseñanza Primaria para atender a los distintos estadios madurativos del alumnado.
• Se propone rebajar el valor académico de la asignatura de religión, sin asignatura alternativa, cuya nota no tendrá efectos en “procesos de concurrencia competitiva” (becas, selectividad, etc.) y se introduce, a partir del tercer ciclo de Primaria, una asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que hará hincapié en la defensa de los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
• Recupera la distribución de competencias para las Comunidades Autónomas, que establecía la LOE: 65% del currículum para las autonomías con lengua propia y 55% para el resto de comunidades.
• Se vuelve a dotar al Consejo Escolar de los centros de capacidad decisoria en cuestiones pedagógicas y en la elección del director, devolviendo a la comunidad educativa la capacidad decisoria. También en los centros concertados, el Consejo Escolar tiene papel relevante en casos como el despido de profesorado y se incorpora un representante municipal.
• Se pretende regular la admisión de alumnos en los centros financiados con fondos públicos para que no se segregue al alumnado en aquellos que, por tener un proyecto singular, en la actualidad pueden establecer puntuaciones extraordinarias. Se hace mención específica a la “equilibrada distribución del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”.
• También se propone la derogación de los recortes de 2012 que permitiría entre otras cosas volver a las 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria.

Estas medidas han suscitado interés en el ámbito de los sindicatos de clase, asociaciones de madres y padres de la escuela pública y diversas asociaciones educativas relacionadas con la renovación pedagógica (*), aunque se mantienen ciertas reservas. Por una parte, parece insuficiente en aspectos como el de la denuncia del Concordato, que impide avanzar hacia la escuela laica o la reclamación de una memoria económica que avale las propuestas innovadoras. Por otra parte, la situación de debilidad del actual gobierno no permite concebir muchas esperanzas. El proceso de tramitación de la ley requiere un periodo de calma política que no parece que la derecha, por una parte, y los partidos nacionalistas por otro, estén dispuestos a conceder.

También sería razonable, para evitar los vaivenes en política educativa, que hubiera mediado un pacto escolar en cuestiones fundamentales que, en buena lógica, deberían ser de común aceptación, pero la actitud ultramontana de nuestras derechas hace difícil esta solución.

De hecho, el sector de la enseñanza concertada, en buena parte controlado por los centros religiosos, y las asociaciones de padres y madres afines, ya se han puesto en pie de guerra porque ven en peligro la continuación de sus privilegios, porque consideran que se ha producido una devaluación de la asignatura de religión o por la propuesta de introducir un representante municipal en los consejos escolares de los centros concertados y amenazan con llevar a cabo fuertes movilizaciones. Y tienen capacidad para ello.

¿Será posible decir adiós a la LOMCE?