La municipalización como vacuna en defensa de los servicios públicos

GETAFE/Palabra de concejal (01/06/2020) – Durante la crisis sanitaria originada por el Covid-19 hemos podido comprobar la extrema debilidad de los servicios públicos, privatizados en la última década tras la crisis económica de 2008. Servicios que han demostrado ser imprescindibles, y que hemos declarado como esenciales, para mantener nuestra vida en condiciones dignas en la mayor crisis sufrida por nuestro país desde la Guerra Civil.

Estamos sufriendo los recortes de una crisis que nos dijo que no teníamos la capacidad de prestar estos servicios desde la propia administración– a la par que nos decía que sí podíamos destinar el coste de estos servicios a las empresas constructoras que acababan de hundir nuestras vidas con una inmensa burbuja inmobiliaria-, una crisis que transformó empresas que ponían ladrillos en receptores de fondos públicos para prestar servicios básicos como la educación, la sanidad, el cuidado de mayores o la dependencia.

El tiempo demostró que una gran parte de aquellas adjudicaciones, que nos llevaron a las calles a muchas vecinas y vecinos, se habían realizado para promover la financiación de aquellos partidos que acudían a las citas electorales dopados con las famosas cajas B, que llenaban con los porcentajes de los importes obtenidos privatizando los servicios públicos.

Estos días, cuando más los necesitábamos, muchas de estas empresas no han proporcionado a sus trabajadoras los elementos de prevención de riesgos laborales, han amenazado a nuestras administraciones con declarar el cierre de sus actividades y se han visto las costuras de un sistema que no funciona, ni en tiempos corrientes, aún menos en tiempos de crisis.

Las luchas de las trabajadoras y trabajadores para conseguir revertir las privatizaciones durante estos años van consiguiendo sus resultados en los tribunales, donde ya está aceptado que la municipalización no supone un incremento del presupuesto municipal; al contrario, al eliminar el beneficio empresarial puede revertir en mejorar el servicio; ni tampoco una dificultad en la viabilidad de las plantillas de la administración pública, pues ya son los presupuestos públicos quienes las mantienen. Todo ello gracias a un recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados y diputadas de Unidas Podemos al Tribunal Constitucional, ahora ya es posible y obliga a las entidades locales a contratar a antiguas trabajadoras de empresas privatizadas que prestaran servicio para los ayuntamientos.

Durante estos últimos años, ante tan evidente corrupción de lo público, nos han querido ofrecer como parche las denominadas cláusulas sociales, que son a las privatizaciones como los respiradores de ventilación asistida al virus: evitan la muerte del servicio, pero poco más. Hoy nadie entiende que tengamos servicios cuyo coste para las arcas municipales sea de 17 euros la hora y las trabajadoras perciban sólo 11 euros. Beneficios empresariales de más del 30% que en muchos casos acaban tristemente en paraísos fiscales como recientemente denunciaba un informe de Intermón-Oxfam.

Ha sido muy triste escuchar estos años a representantes políticos e incluso sindicales desde diversos ámbitos amenazar a las trabajadoras y trabajadores de los servicios privatizados con la posibilidad de perder sus empleos si se realizaban esas municipalizaciones- algo que es falso, como las evidencias demuestran- , pero, aún así, no debería ser el único criterio para analizar, dado que tan importante es quien presta el servicio como quien lo recibe, y la obligación de cualquier cargo público es administrar los recursos de todos de manera eficiente, y eso solo se consigue proporcionando un mejor y mayor servicio a sus vecinas y vecinos, no depositando los beneficios de la prestación de servicios públicos en las cuentas corrientes de las grandes empresas de este país.

#SalimosMásFuertes de esta crisis si entendemos que todos los servicios esenciales deben ser prestados desde lo público.La municipalización es la única vacuna en defensa de los servicios públicos. Sí, se puede, pero no quieren…