GETAFE/Tribuna con acento (23/11/2021)- Existe un consenso generalizado de que el trabajo entendido como empleo remunerado, por cuenta propia o ajena, es la principal vía que tenemos las personas y los hogares para obtener ingresos y acceder a unas condiciones de vida satisfactorias. Pero en las últimas décadas el trabajo ha perdido la centralidad política y social que históricamente le ha caracterizado y, consecuentemente, su capacidad de integración social y acceso a los derechos de ciudadanía. La precariedad laboral, especialmente la temporalidad, se acentuó con las sucesivas reformas laborales y se han convertido en problemas estructurales de empleo de baja calidad y escasa remuneración.
1.- La aparición de la pandemia COVID-19 nos ofrece importantes lecciones de las graves carencias de nuestro sistema sanitario. En un primer momento nos encontramos con la fragilidad de los centros de Atención Primaria y la insuficiencia de camas hospitalarias. El efecto perverso de las privatizaciones, especialmente en las residencias de mayores ha puesto de manifiesto las precarias condiciones laborales de muchas de las personas que trabajan en el sector. Se ha evidenciado la vulnerabilidad del personal de los supermercados, el personal de limpieza viaria, los productores de alimentos en el medio rural, etc. Un hecho a destacar ha sido la interdependencia en la salud universal, lo que epidemiologimante afecta a un país, nos afecta a todos. En definitiva la Covid-19 ha dejado al descubierto que el área de cuidados de las personas no puede estar en manos de empresas especulativas bajo el criterio de rentabilidad económica, sino en empresas de servicios de titularidad pública.
2.- Constatamos la debilidad del modelo productivo, la mundialización presenta una fuerte dependencia de las materias primas y materiales del exterior (piezas de recambios, alimentos, textil…). A ello hay que añadirle los déficits estructurales señalados anteriormente. Entre ellos están la existencia de los contratos temporales que alcanzan hasta el 26,02% de la población activa, los empleos a tiempo parcial que representan al 13,46%, la elevada rotación en el empleo, la vulnerabilidad de los aútonomos y finalmente las abultadas cifras de desempleo que se sitúa en 3.416.700 (14,57%). Son estadísticas que indican que más del 50 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en estado precario y de clara incertidumbre de futuro. Hay reglas laborales que resultan útiles para el crecimiento económico de unos pocos, pero no así para un trabajo decente y el desarrollo humano integral.
3.- También se ha evidenciado el valor de los bienes comunes en las áreas esenciales de la vida: la salud, la educación, la producción de alimentos cercanos, los cuidados de las personas dependientes o vulnerables. La importancia del Estado que cuida, orientado hacia el interés general que garantíza la universalidad del servicio público, fuera de las reglas del mercado y de los límites de la propiedad privada. En esta dirección están siendo medidas importantes la aprobación de los ERTEs (Real Decreto-Ley 18/2021), la implantación Ingreso Mínimo Vital (Real Decreto-ley 20/2020), la regulación del trabajo a distancia, las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos y las personas empleadas de hogar, el apoyo financiero/fiscal a las empresas, etc. La puesta en marcha de los fondos de recuperación y resiliencia Next Generation (transiciones ecológica y digital). Son acuerdos que en su gran mayoría han sido el resultado del diálogo de los agentes sociales.Pero aún queda mucho por hacer para actuar contra el elevado desempleo o la precariedad laboral y “que nadie quede atrás”.
En primer lugar caminar por la senda de revalorizar un trabajo decente, es decir, un trabajo con derechos, lo que supone poner fin a la desregulación e individualización de las relaciones laborales, a la precarización y al deterioro de las condiciones de trabajo.
1.- Ello requiere, en primer lugar, una reforma laboral que simplifique y reordene las modalidades de contratación laboral. Diseñar adecuadamente nuevos tipos de contratos para que el contrato indefinido sea la regla general y el contrato temporal tenga un origen exclusivamente causal. Consolidar la negociación colectiva y la importancia de los Convenios Sectoriales sobre los de Empresa para fijar unas condiciones salariales mínimas que permitan acabar con la precariedad y las desigualdades sociales en determinados sectores.
2.- Se necesita una reforma laboral que especifique que los contratos de duración determinada no se pueden usar para atender la “actividad normal y permanente” de la empresa, incluidos los picos estacionales o de las campañas. También se precisa una mayor transparencia para la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. Favorecer el uso del contrato fijo-discontinuo para actividades cíclicas y estacionales. Reforzar el control de la contratación a tiempo parcial y penalizar la excesiva utilización de contratos de muy corta duración.
3.- Es urgente mejorar las condiciones laborales entre las personas empleadas en los trabajos de cuidados menos valorados y ampliamente feminizados: limpiadoras, auxiliares de geriatría y de enfermería, trabajadoras de ayuda ha domicilio, (SAD) trabajadoras del hogar, y su estrecha relación con las migraciones y las cadenas de cuidados. Y lo mismo cabria decir con las cadenas de suministro (zonas francas) de las marcas mundiales de la industria textil. Resulta necesario seguir promoviendo la reducción de la brecha salarial, las desigualdades estructurales de clase y género.
4.-Reducir las altas tasas de desempleo y de temporalidad juvenil. Establecer una regulación adecuada de los contratos de formación o prácticas. Seguir la senda de las recomendaciones de la Comisión Europea de crear una red de centros públicos de Formación Profesional así como promover el Aprendizaje Basado en el Trabajo (Formación Dual) con el fin de facilitar la inserción laboral y el contacto con las empresas.
5.- Apuesta por la reducción de la jornada de los trabajadores ante imprevistos que limiten o impidan la actividad en las empresas y que, muy importante, se plantea como «preferente» a los despidos”. Y en el medio plazo caminar a la reducción del tiempo de trabajo para «trabajar menos, trabajar todos». Afrontar la necesaria reindustrialización, la diversificación productiva, así como una apuesta decidida por la I+D+i, para responder a la transición a la economía digital y la transición energética…
6.- La defensa de los bienes públicos requiere, un nuevo ordenamiento jurídico internacional, una nueva legislación mundial con la que construir esta nueva normalidad. El trabajo decente y con derechos implica una distribución primaria de la riqueza a través de salarios justos y una fiscalidad redistributiva. La asunción de valores de solidaridad y justicia en el conjunto de la sociedad y, con ellos, el reconocimiento del valor del trabajo y empleo digno.