El estado Ikea

GETAFE/Todas las banderas rotas (27/12/2021) – Los partidos de la oposición, cuando el gobierno acordó por decreto medidas restrictivas contra la pandemia que llegaban hasta el confinamiento obligatorio, le acusaron de dictatorial y de invadir competencias autonómicas. Desde que el gobierno ha optado por dejar que sean las CCAA las que decidan sobre las medidas que cada una quiera adoptar, le exigen que tome las riendas, que decida en nombre de todos y para todos. La contradicción es tan evidente que estoy seguro que ambas partes son muy conscientes de que la situación es absurda y negativa para todos. Pero ni gobierno ni oposición rectifican.

Por parte de la oposición no hay propuestas alternativas válidas, más allá de exigir una ley de pandemias que ningún partido –ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox– sabe, o quiere concretar; prefieren instalar un circo en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación y llenarlo de insultos, mentiras, acusaciones falsas y lenguaje tabernario. Por parte del gobierno, en mi opinión, se da una actitud blanda, característica de quien piensa que no le conviene el enfrentamiento y deja de hacer –insisto, siempre según mi opinión– lo que le correspondería.

Así, hemos llegado a una situación que cabría calificar de “Estado Ikea”, es decir, al paraíso del “hágalo usted mismo”. ¿Por qué? Porque ningún partido, sea del gobierno o de la oposición, quiere responsabilizarse de decirnos a los españoles que la situación exige tomar decisiones duras, de esas que se llaman impopulares por lo que pueden influir en las encuestas de las que no quitan los ojos.

Corría el año 2020 y todos recordamos aquello de “hay que salvar el verano”, después “hay que salvar la Navidad”… Hemos vuelto a lo mismo, con el agravante de que entonces lo decía la oposición y los empresarios y ahora también lo defiende (sin decirlo) el gobierno. Y es cierto que la situación actual no es la de entonces, que el número de muertos es mucho menor, que la presión asistencial no es ni mucho menos la que en 2020 tuvo que sufrir el sistema sanitario, pero sigue habiendo muertos, pacientes en las UCIs y enfermos de enfermedades distintas a la COVID desatendidos porque la Atención Primaria está siendo sistemática y conscientemente desmantelada por los gobiernos autonómicos de la derecha, que siguen al modelo que tienen en Madrid.

Los gobiernos autonómicos del Partido Popular, sostenidos por Vox y Ciudadanos, especialmente el de Madrid, nos dicen que vayamos a las farmacias a comprar (y pagar, claro) los test, que nos los apliquemos en casa, que los interpretemos, que nos confinemos si lo consideramos necesario, que no vayamos a los hospitales ni a los centros de salud para no congestionarlos porque en ellos hay profesionales sanitarios que no quieren trabajar, que boicotean la magnífica labor que está haciendo la CAM para controlar la pandemia… Tan magnífica es esa labor que, mientras la incidencia acumulada de España, a 23 de diciembre, es de 911,3, la de Madrid sube a 1.284,8, solo por debajo de Navarra, La Rioja y País Vasco.

Esta es la demostración más evidente de lo que significa lo que llamo el “Estado Ikea”: salga usted a la calle –sin mascarilla, claro, aunque sea la calle Preciados o la Puerta del Sol un sábado por la noche-, tómese unas cañas con los amigos –por supuesto, no importa si pertenecen a dos o más núcleos familiares–, acuda a una discoteca –aunque no se respete en ella el número máximo de asistentes–… Luego, si usted o alguien de su familia enferma de COVID, ya sabe, siga ejerciendo su libertad y cúrese usted mismo, no colapse los centros de salud o los hospitales.

Lo peor es que el gobierno no solo permite que estas circunstancias se den, sino que las fomenta al no poner pie en pared y hacer lo que corresponde a un gobierno: ejercer el liderazgo siempre, pero, sobre todo, cuando la situación es tan grave como la presente. El Real Decreto Ley 30/2021, de 23 de diciembre, que establece, como medida estrella, que hemos de llevar mascarilla en la calle, avergüenza a los profesionales de la salud pública no mediatizados por uno u otro partido porque no hace más que seguidismo de los intereses manifestados por la mayoría de los presidentes de las CCAA, que, como decía más arriba, se niegan a asumir ante sus conciudadanos la responsabilidad que tienen. También autoriza a trabajar a los sanitarios jubilados y a los médicos no europeos que carecen de la necesaria homologación de su título, perdiendo una gran ocasión de atraer, con ofertas atractivas, a los muchos que han dejado la profesión o han emigrado a países donde se les reconoce y se les paga como merecen.

El gobierno central tiene herramientas para actuar en ese sentido. Siempre he negado que el Ministerio de Sanidad carezca de competencias porque éstas están en manos de las CCAA, cuando lo que les corresponde a las CCAA es la gestión sanitaria mientras que el Ministerio, desde siempre, tiene atribuida “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”, tal como figura en el artículo 1 del Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad. Sostengo que el gobierno está renunciando a ejercer esas competencias. A más abundamiento, conviene recordar que la vigente Ley orgánica 3/1986, en su artículo tercero, dice: “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, (…) podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Con esos instrumentos legales en la mano y atendiendo a las sentencias del Tribunal Supremo dictadas en estos pasados meses, es seguro que el gobierno podría redactar una norma –no sé de qué rango, pero de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional– que permitiera afrontar una situación de pandemia como la presente.

El Estado Ikea es el que los que se llaman liberales defienden, un estado reducido a su mínima expresión, que no moleste a los que tienen poder adquisitivo suficiente para pagar una sanidad privada que les evite colas, aglomeraciones y retrasos: una atención VIP para los ciudadanos VIP. La “libertad” de Ayuso no es tal, es, en verdad, desigualdad.

En cambio, el Estado sin apellido es la estructura que protege a los débiles, a los que no pueden costearse la medicina privada, el que pone lo público por encima de todo. Por eso hemos de rechazar la política de la derecha que quiere privatizar los servicios públicos esenciales y, por eso, hemos de estar en contra del Estado Ikea que pretende reducir al mínimo los centros y profesionales sanitarios y que hagamos bricolaje con nuestra salud.

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