La tiza rota: Por qué los docentes han dicho “basta”

GETAFE/Reportaje (04/11/2026) – La huelga indefinida que arrancó el 14 de octubre en todas las etapas educativas de la Comunidad de Madrid no es un conflicto salarial, sino una enmienda a la totalidad de las políticas de recortes aplicadas desde 2012. En Getafe, el profesorado denuncia ratios inasumibles y burocracia paralizante; las familias apoyan la movilización, y el Gobierno municipal expone el abandono autonómico de los centros.

La educación pública en la Comunidad de Madrid ha entrado en una fase de paralización histórica. Desde el 14 de octubre de 2026, la región asiste a una huelga de carácter indefinido que abarca la totalidad del sistema educativo: desde las escuelas infantiles de 0 a 3 años, pasando por los colegios de Primaria, los institutos de Educación Secundaria, la Formación Profesional y los centros de Educación Especial, hasta llegar a las aulas universitarias de algunas universidades. Se trata de un nivel de consenso y movilización inédito en los últimos años, orquestado por un Comité de Huelga Unitario que aglutina a la práctica totalidad de las fuerzas sindicales, plataformas de familias y movimientos estudiantiles.

Para comprender la magnitud de este conflicto, es imprescindible alejarse de la coyuntura inmediata y analizar el deterioro estructural que arrastra el sistema. El punto de inflexión se sitúa en la promulgación del Real Decreto Ley 14/2012, una normativa impulsada por el Gobierno central de Mariano Rajoy que instauró medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Catorce años después, mientras la inmensa mayoría de las comunidades autónomas han ido revirtiendo aquellos recortes de forma progresiva, la Comunidad de Madrid ha mantenido y cronificado dichas políticas.

El resultado es un sistema educativo público que, según los actores implicados, opera al borde del colapso operativo. Las exigencias que motivan este paro no reclaman nuevos privilegios, sino la restitución de unas condiciones mínimas de viabilidad pedagógica: la vuelta a las 18 horas lectivas, la reducción drástica del número de alumnos por aula, el aumento de las plantillas de atención a la diversidad, un plan urgente de adecuación de infraestructuras y la recuperación del poder adquisitivo perdido, estimado en más de un 10% a lo largo de la última década.

A través de las voces de los profesionales de Getafe, el posicionamiento de las asociaciones de familias y la perspectiva institucional del Ayuntamiento, desgranamos los argumentos que han vaciado las aulas para llenar las calles.

“El sobreesfuerzo asfixia la pedagogía”

Juan Carlos, profesor de historia en Getafe, ilustra el deterioro en el día a día de un docente. El gran público suele desconocer el impacto real que tiene el aumento de las horas lectivas, un término técnico que esconde una sobrecarga inasumible. “Antes de 2012, el profesorado de Secundaria impartía 18 horas de clase directa a la semana; hoy la exigencia se sitúa en 20 horas”.

Este incremento de dos horas, que sobre el papel podría parecer menor, altera por completo el ecosistema de un instituto. Según expone el docente, “impartir 20 horas significa asumir, como mínimo, un grupo escolar adicional. Esto se traduce automáticamente en la incorporación de entre 30 y 35 alumnos más por cada profesor”.

Este volumen extra de estudiantes multiplica exponencialmente las labores invisibles pero fundamentales de la docencia: la corrección de exámenes y trabajos, las sesiones de evaluación, la preparación de materiales didácticos, las tutorías individualizadas y las reuniones con las familias. “Al reducirse el tiempo de coordinación y preparación, la atención pedagógica se resiente de forma drástica, imposibilitando el seguimiento personalizado que exigen las nuevas leyes educativas”.

A este escenario se suma la masificación de las aulas y la escasez de recursos especializados. Juan Carlos denuncia que los docentes se enfrentan a clases de 30 o más alumnos donde convergen perfiles con problemas de aprendizaje significativos que no pueden ser atendidos adecuadamente. “Los departamentos de orientación están desbordados; la dotación de profesionales en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) resulta totalmente insuficiente para cubrir las necesidades reales del alumnado getafense”.

La precariedad también es física. El docente recuerda cómo las instalaciones en su instituto “nacieron infradimensionadas y fueron sometidas a ampliaciones caóticas para absorber a más estudiantes, llegando al extremo de suprimir espacios vitales como el gimnasio para reconvertirlos en aulas improvisadas”. Esta suma de factores, unida a una burocracia que exige informes estériles que restan tiempo a la enseñanza, ha generado un nivel de agotamiento que convierte la huelga en una “terapia colectiva” necesaria para decir basta.

El rechazo a la mercantilización de la enseñanza

La defensa de la educación pública encuentra voces analíticas muy potentes en aquellos profesionales que se han incorporado a la docencia tras una larga trayectoria en otros sectores. Es el caso de Bernardo, un ingeniero industrial de 54 años que, tras desarrollar toda su vida laboral en la empresa privada (en sectores como el ferroviario), decidió dar el salto a las aulas por vocación y hoy imparte clases de Tecnología en el IES León Felipe, en el popular barrio de San Isidro.

Su perspectiva es fundamental para comprender el rechazo docente al modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Bernardo conoce perfectamente las dinámicas de la eficiencia empresarial y, precisamente por ello, advierte de la gravedad de aplicar esas mismas lógicas mercantilistas a la educación. “La educación pública no es un negocio, es un servicio ciudadano universal”, argumenta, alertando sobre la “intencionalidad ideológica de unas políticas que asfixian económicamente a los centros públicos mientras fomentan modelos de gestión privada y concertada”.

Para este ingeniero reconvertido en profesor, el sistema público de enseñanza representa el único “ascensor social” genuino que existe en barrios obreros como San Isidro. “Es la única garantía de que cualquier joven, independientemente de su código postal o del nivel de ingresos de su familia, pueda acceder a una formación de excelencia que le permita prosperar. Cuando se masifican las aulas y se recortan los recursos, ese ascensor se avería deliberadamente”. Por ello, Bernardo defiende que la huelga es un acto de pura responsabilidad cívica: “No se trata de una lucha gremial por trabajar menos, sino de una exigencia estructural para poder trabajar mejor y proteger el futuro social del país”.

El respaldo ciudadano

El aislamiento es el mayor riesgo de cualquier huelga sectorial, pero en Getafe el profesorado cuenta con un aliado inquebrantable: Las familias. El Consejo Municipal de Educación, el máximo órgano de representación de la comunidad educativa local donde participan las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, ha emitido un manifiesto oficial que apuntala la legitimidad de los paros.

El documento declara el “apoyo absoluto y firme a las reivindicaciones del cuerpo docente”. Las familias no dudan en señalar que la Comunidad de Madrid está ejecutando “políticas privatizadoras y de desmantelamiento” que no solo precarizan a los trabajadores, sino que atacan directamente “la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado”. Los padres y madres de Getafe han interiorizado una máxima fundamental en este conflicto: “Las condiciones laborales de los profesores son las condiciones de aprendizaje de nuestros hijos”.

El manifiesto respalda sin fisuras la necesidad de reducir las horas lectivas para garantizar una buena preparación de las clases y exige la bajada de ratios considerándola “la única vía real para garantizar una educación inclusiva, personalizada y que atienda verdaderamente a la diversidad”.

Asimismo, claman por centros dignos y correctamente climatizados, recordando a la administración autonómica que no pueden permanecer indiferentes ante el “deterioro programado” de sus institutos. Las AMPAS terminan con una llamada a la solidaridad de toda la ciudadanía: “La lucha docente es la defensa del derecho universal a una educación gratuita y de máxima calidad”.

Inversión local frente al abandono regional

El conflicto educativo se libra también en el plano político e institucional. Desde el Ayuntamiento de Getafe, el respaldo a la huelga ha sido explícito y contundente. La concejala de Educación de la localidad, Ángeles García, expone el contraste entre el esfuerzo presupuestario de la administración local y lo que califica como “dejación de funciones” por parte de la Consejería de Educación autonómica.

“Mientras la Comunidad de Madrid perpetúa los recortes, el Ayuntamiento de Getafe ha inyectado 8 millones de euros de las arcas municipales durante los últimos tres años para el mantenimiento y mejora de los colegios públicos, destinando un millón de euros adicionales tan solo en la última campaña estival”. La edil sostiene que el Ejecutivo autonómico carece de voluntad para mejorar la enseñanza pública debido a una estrategia ideológica orientada a fomentar “negocios educativos”, haciendo especial alusión a la proliferación de “chiringuitos formativos y academias de Formación Profesional online que operan sin infraestructuras físicas adecuadas”.

El Gobierno municipal exige el fin de la escolarización en aulas prefabricadas o barracones y reclama una dotación real de profesionales de atención a la diversidad. Sin embargo, la demanda más estratégica para el futuro de la ciudad gira en torno a la Formación Profesional. Getafe, polo industrial de primer orden y sede de la multinacional Airbus junto a un vasto tejido de empresas auxiliares, exige a la Comunidad de Madrid la construcción de un gran centro público de FP especializado en el sector aeroespacial. “La negativa regional a implantar estos estudios públicos en un entorno industrial que demanda constantemente dichos perfiles técnicos es la prueba definitiva del abandono planificado de la educación pública en beneficio de los intereses privados”.

La propuesta de la Consejería

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado una respuesta que ha sido categóricamente rechazada por la comunidad educativa al considerarla “un parche que elude el problema estructural”. La administración puso sobre la mesa la creación de una “carrera profesional docente”, una medida que preveía un incremento salarial aproximado de 350 euros mensuales.

Sin embargo, esta propuesta fue bloqueada por la práctica totalidad de la representación sindical. El motivo del rechazo es que este complemento salarial “no tiene carácter universal y equitativo, sino que está supeditado a una serie de evaluaciones subjetivas realizadas por los equipos directivos y la administración”.

Para los docentes, esta medida es la cristalización de un modelo empresarial ajeno a la pedagogía: “Fomenta la competitividad interna, crea docentes de primera y de segunda, y obvia las verdaderas urgencias del sistema”. Como señala el profesorado consultado, “los docentes no reclaman un bono de productividad condicionado, reclamamos poder realizar nuestro trabajo con solvencia. Aceptar la propuesta de la Consejería supondría validar un modelo en el que la calidad educativa se supedita a métricas de mercado”.

Coacción en las aulas: la Inspección territorial contra los dibujos infantiles

Si el debate sobre los recursos educativos transcurría por cauces de confrontación política y laboral, las actuaciones de la administración sobre el terreno han elevado el conflicto a un plano que roza la vulneración de derechos fundamentales. El clima de tensión ha estallado en Getafe tras salir a la luz un grave incidente de censura documentado por las propias asociaciones de padres y madres.

Según información trasladada por representantes de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Getafe, la Dirección General del Área Territorial (DAT) Sur ha desplegado medidas que las familias califican abiertamente de coacciones y amenazas. El detonante ha sido una iniciativa simbólica y pacífica: “Los alumnos de colegios públicos del municipio han realizado una serie de dibujos en apoyo a los maestros y a favor de la enseñanza pública. Estos dibujos se han expuesto a modo de mural en las instalaciones de los centros, una acción que contaba con el amparo y los permisos pertinentes respaldados desde el propio Ayuntamiento”.

La respuesta de la administración autonómica fue fulminante y presencial. Según el testimonio directo de una de las representantes de la FAPA, una inspectora de educación, en representación de la Dirección General del Área Territorial, se personó en el colegio y obligó a retirar inmediatamente los dibujos infantiles. Este acto de censura sobre una expresión artística de menores ha generado un profundo estupor e indignación en toda la comunidad ciudadana.

El uso de la alta inspección educativa, cuyo cometido es velar por la calidad del sistema, el cumplimiento normativo y la atención pedagógica, para ordenar la retirada de pancartas infantiles ha sido interpretado como una medida de intimidación directa hacia los equipos directivos de los centros. Para las AMPAS de Getafe, “este hecho trasciende el ámbito escolar y es un atentado contra la libertad de expresión y los derechos de participación de la comunidad educativa”.

Lejos de surtir un efecto paralizante, la incursión de la inspección ha acelerado la respuesta jurídica y administrativa de las familias. Las asociaciones, en coordinación constante con el Consistorio, están redactando escritos formales de denuncia. El objetivo de la FAPA es que todas las AMPAS del municipio presenten quejas oficiales por registro ante la administración regional, documentando lo que consideran “un flagrante abuso de poder y una vulneración de derechos”. La directriz ciudadana es clara: visibilizar que los métodos coercitivos no silenciarán un conflicto que cuenta con un amplio respaldo social.

Un conflicto de modelos de sociedad

El incidente de los murales en Getafe es la punta del iceberg de un choque tectónico entre dos formas opuestas de entender el papel del Gobierno regional en la formación de sus ciudadanos. En las asambleas docentes resuena frecuentemente la crítica a un “modelo de inspiración anglosajona que parece fascinar a ciertos sectores de la administración madrileña, un sistema donde la excelencia educativa queda reservada para unas élites en instituciones de acceso restrictivo y altísimo coste, mientras la red pública queda relegada a un papel meramente asistencial y de contención”.

Frente a esa visión, la huelga indefinida paraliza Madrid reivindicando el modelo constitucional español: “La educación pública es la herramienta de vertebración social, integración y equidad”. Los docentes no exigen trabajar menos; exigen las herramientas necesarias para que su trabajo tenga impacto. Las familias no piden privilegios; reclaman que los recursos públicos garanticen el futuro de sus hijos. Y municipios como Getafe reclaman ser escuchados ante el deterioro sistemático de sus colegios.

El pulso está echado. Mientras la Consejería de Educación opta por las circulares y la presión de la inspección, decenas de miles de profesionales y familias toman las calles y las plazas. En el centro de la disputa no hay un simple convenio colectivo, sino el diseño de la sociedad madrileña de las próximas décadas.