Lo que hay más allá de los recortes en la sanidad madrileña

GETAFE/Todas las banderas rotas (06/02/2019) – La Comunidad de Madrid tiene un organismo llamado Cámara de Cuentas que, según puede leerse en su página web, tiene entre sus funciones “…comprobar la adecuación de la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía”. Bien, pues esta institución oficial de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP ha redactado en 2018 un informe sobre el modelo de gestión de la sanidad –que aún no ha hecho público- en el que pueden leerse algunas frases que voy a transcribir a continuación.

  1. No se han facilitado informes y/o estudios elaborados en los que se evaluaran las distintas opciones de gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía”.
  2. “El gobierno fundamentó la elección de este modelo en ‘los principios de racionalización, eficacia, simplificación, libertad de elección y eficiencia’ pero no ha aportado hasta la fecha ningún análisis comparativo de cuánto habría costado prestar el servicio con los propios medios de la Comunidad ‘en lugar de ajenos’”.
  3. “Los hospitales gestionados por concesionarias ‘derivan’ a los pacientes porque no pueden darles los cuidados que precisan o ‘para reducir costes en tratamientos complejos’”.
  4. “…por concesionarias y el canon comprometido con las sociedades que construyeron los seis hospitales que se pretendían privatizar genera unos gastos a la administración pública difíciles de calcular y, por tanto, existe ‘incertidumbre’ sobre los costes finales”.
  5. “Se desconoce en base a qué criterios tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener”.

Vemos, por tanto, que es la propia Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid la que desmonta toda la tramoya destinada a sostener el negocio de la privatización de la sanidad madrileña. Porque en el punto 1 viene a decirnos que no es posible, salvo mediante engaño, decir que la gestión privada es más eficiente, más eficaz y más barata que la pública porque no se ha hecho un estudio que compare a la una con la otra.

El punto 2 viene a reforzar el anterior. Tampoco existe un análisis comparativo que permita que conozcamos si el modelo de gestión privada ha costado más o menos de lo que hubiera costado el modelo de gestión pública.

Y, en el punto 3, la Cámara de Cuentas “descubre” algo que todos sabemos por experiencia propia o de familiares y conocidos: los centros privados, cuando han de atender casos complejos y caros de enfermos graves que, por tanto, resultarán perjudiciales para su cuenta de resultados, lo derivan a la sanidad pública; esta es la manera en que la sanidad privada se asegura los beneficios y ejerce de parásito de la sanidad pública cargando a esta las pérdidas.

Al leer el punto 4 no puedo evitar hacerme una pregunta: ¿Alguna vez sabremos cuánto ha costado realmente la privatización realizada por el PP? Está claro, y esto lo dice la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y no ningún rojo infiltrado, que se han preocupado muy mucho de ocultar las cuentas lo que, dice, provoca “incertidumbre” sobre los costes finales, que es una forma de ocultar lo que se debería decir en román paladino: que no hay forma de saber cuánto nos ha costado (y aún nos costará) a todos los madrileños el negocio que ha montado el PP para beneficio de sus amigos y futuros empleadores tras las puertas giratorias.

El último punto es, a mi modo de ver, la joya de la corona: evidentemente, la Cámara de Cuentas no ha querido –o no le han dejado- llegar hasta las últimas consecuencias que hubiera sido determinar cuáles fueron los criterios utilizados para tomar decisiones tan importantes. Si, como en ese punto se dice, no se conoce que hubiera ahorro (para la Administración) ni mejora en la prestación de la asistencia sanitaria (para los ciudadanos), forzosamente debe haber un tercero que obtenga algún beneficio: ese tercero no es otro que las empresas privadas que se encargaron de la construcción y, posteriormente, de la gestión de los centros hospitalarios. Y este es, sin ninguna duda, el auténtico objetivo del montaje de esta estrategia.

El modo que los gobiernos del PP utilizan para mantener el sistema que sirve a su estrategia depredadora es relativamente simple. Empieza por desprestigiar lo público: se gestiona mal, hay listas de espera, la hostelería es peor… aunque se exagere o no sea verdad. Lo siguiente es hacer que esas exageraciones y afirmaciones falsas, pasen a ser certezas –lo que se llama la profecía autocumplida– mediante reducciones de plantillas, cierre de plantas, disminución de los presupuestos de mantenimiento y gasto corriente, es decir, eso que llamamos “recortes” que, como se ve, no son el fin en sí mismo, sino el instrumento necesario para desarrollar la estrategia que lleva a la ruina de la sanidad pública para, consecuentemente, poder presentar a la sanidad privada como el único remedio para todos esos males.

Así que no nos dejemos engañar, el problema no está en los recortes, el auténtico problema es una ideología que considera todo lo público como algo a eliminar. Porque, cuando nos dicen que reducirán impuestos porque el dinero está mejor en nuestros bolsillos, están hablando de SUS BOLSILLOS, no de los nuestros; pensemos que, una vez eliminados los impuestos que, entre otras cosas, mantienen la sanidad pública, ese dinero que se ahorre la gente común no será suficiente para que pueda pagarse una asistencia privada de calidad como, hasta hace poco, lo ha sido la pública. Y así quedará establecida una sanidad para los que puedan pagarla que ya no importará si se llama pública o privada; y para los pobres quedará la beneficencia porque a la derecha nacionalcatólica le gusta mucho más la caridad que la justicia.

Tengamos en cuenta que cuando a las multinacionales y a los fondos buitre que están apropiándose de los medios sanitarios públicos les vaya mal el negocio, le exigirán al Estado que, con el dinero de todos, cubra sus pérdidas porque, de no ser así, tendrán que cerrar… (Esto es lo que ya ocurrió, en su momento, en Alzira). En los negocios comunes, cuando no son rentables, el empresario cierra la empresa y a otra cosa, pero si el “negocio” se trata de un hospital que tiene a su cargo una población de 100.000 o 200.000 habitantes, ¿qué administración se atreverá a dejarlos sin asistencia? Naturalmente, pagará para que la gente no quede desatendida y el “negocio” podrá continuar.

Así que no son los recortes el mayor problema que tenemos sino la estrategia que ha montado la economía ultraliberal, esa que defienden el PP, Ciudadanos y otros, para privatizar la sanidad y convertirla así en un buen negocio. Los que defendemos la sanidad pública decimos que la salud no es un negocio, sino un derecho que tienen todos los ciudadanos y, como ocurre con otros muchos derechos en estos aciagos días, por el que hay que luchar si queremos conservarlo.