GISA: la casa de los líos

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Denuncias por acoso o prevaricación, despidos políticos, contrataciones extrañas, y la herencia envenenada del Plan Urban que puede suponer un pufo de 8 millones: esto es la empresa municipal Getafe Iniciativas. Pasen  y vean.

GISA es un cajón desastre, ese pozo donde todo cabe: desde subvenciones millonarias a AJE a concejales de otros municipios en busca de un buen puesto de confianza; desde despidos (también millonarios) al nombramiento de tres gerentes para dirigir la entidad en solo una legislatura; desde denuncias por acoso sexual y laboral a extraños contratos y oposiciones que acaban en los tribunales. La empresa municipal Getafe Iniciativas ha sido la casa de los líos desde el principio de la legislatura.

Se aseguró desde el Gobierno municipal que se trataba de una plantilla “sobredimensio­nada, insos­tenible e injustificable”. Y ahí empezó la caza de brujas. Con tres directores de la empresa municipal se llegó a un acuerdo para su marcha, cuando todavía Marc Basté era el gerente. A su sucesora, Marisa Gil, le tocó la labor de despedir a otros siete trabajadores, dos de ellos delegados sindicales, que denunciaron el despido y ganaron el pleito teniendo que ser readmitidos más de un año después y pagándoles salarios de tramitación. El coste de esta reducción de plantilla se aproxima al millón de euros en indemnizaciones.
María Luisa Gil llegó a la entidad en julio de 2012 como persona de alta confianza de Juan Soler, muy vinculada personalmente a él. Su sueldo al entrar en la empresa pública que estaba en un “delicado momento económico” se cifró en 77.000 €. Una de sus primeras decisiones fue aumentar el salario del adjunto a gerencia, que pasó de cobrar unos 45.000 euros a 58.000. Sobre esta historia volveremos en el capítulo del posible acoso sexual y laboral.

Dos personas más causaron baja, tras acabar su contrato vinculado al Plan Urban. No se les renovó porque “no respondían al perfil requerido”. El que sí debía cumplir con el perfil es Antonio Sayago, concejal en activo del PP de Alcorcón y que cubre la plaza de coordinador del centro de empresas, un puesto de 58.000 euros. Ahora es uno de los miembros del equipo de campaña de Juan Soler. Se le ve más tiempo en la calle que en su puesto de trabajo.

El Plan Urban se había quedado en cuadro y necesitaban personal, así que salieron a concurso dos plazas en junio de 2014. Un administrativo/contable y un técnico/coordinador que debía ser abogado en ejercicio con tres años de experiencia profesional. La prueba tipo test se realiza en junio, pero los resultados no se conocen hasta septiembre. Pero cuál es la sorpresa, que deciden cambiar el número de plazas a concurso: ya no sería una de abogado, sino dos. En segundo lugar en la prueba había quedado el hijo de un antiguo senador del PP por Salamanca e íntimo amigo de Aznar y Aguirre.

Los dos abogados, por lo tanto, se incorporan a la plantilla de GISA a mediados de septiembre, con un sueldo que según el concurso público, debía ascender a 62.000 euros, aunque a uno de ellos se le hizo firmar un contrato por la mitad, según denunció CCOO. Pero no se les encomienda ningún trabajo. Incluso en algunos de los casos, parece que se les hace el vacío. Sorprendentemente ambos son despedidos “por no superar el periodo de prueba”. Uno de ellos decidió presentar una denuncia que fue aceptada por prevaricación porque la convocatoria de la segunda plaza de técnico se hace “sin cumplir los requisitos que han de acompañar a toda selección de personal para un puesto cofinanciado por fondos europeos”. En el mismo acto en el que se convoca, también se asigna la plaza, y el adjudicatario no cumple los requisitos “porque no es abogado en ejercicio en el momento de asignarse la plaza”, defiende el querellante. Está en los tribunales.

¿Acoso sexual y laboral?
“Desde un primer momento percibió que la gerente, doña María Luisa Gil Madrigal, intentaba establecer con él un contacto más íntimo y afectivo de lo que puede considerarse normal entre un jefe y su empleado”. Así narra Juan Manuel Herrero, adjunto a la gerencia de GISA, sus primeras relaciones con la que sería su jefa durante los años siguientes. Unos requerimientos a los que “accedió con el fin de evitar cualquier tipo de conflicto laboral, sin embargo, al hacerse esta relación cada vez más absorbente e invasiva intentó poner límites”. Ahí comienza el presunto acoso laboral que Herrero ha querido poner en conocimiento del juez, denunciando la vulneración de su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y exigiendo una indemnización que cuantifica en 120.000 euros.

Una de las primeras medidas que tomó Marisa Gil, persona de confianza del alcalde Juan Soler, al llegar a la dirección de GISA fue subirle el sueldo a su adjunto. Juan Manuel Herrero gozaba en esos momentos de la confianza de la gerente, algo que cambió radicalmente con el paso del tiempo. Hasta tal punto que recibió la “orden de abandonar su despacho de un día para otro, bloquear el acceso de su ordenador a la cuenta de gerencia, privarle de funciones y competencias propias de su cargo, humillarle delante de sus compañeros…”, según se cita en la denuncia.

Una situación que le llevó, en noviembre de 2014, a acudir a los servicios médicos y solicitar la baja, que le fue concedida por “un trastorno adaptativo secundario a situación vital estresante (acoso laboral)”. El presunto acoso no cesó en ese momento, ni siquiera con la salida de la gerente de la empresa municipal a finales de 2014, apenas unas semanas después de estos hechos. En abril de 2015, Marisa Gil iniciaba una serie de mensajes en su cuenta de Twitter ‘acusando’ a Herrero de que: “Estás de baja en GISA y haces campaña en Madrid? 3000 € de Getafe por el morro” y adjuntado fotos del demandante en actos del PP o con amigos. “No estará tan enfermo”, “sale de fiesta”, “no tiene cara de enfermo”, eran algunos de los tweets que dejó en su perfil sugiriendo una falsa baja por enfermedad. Herrero recayó de su patología y ha decidido denunciar a la antigua gerente de GISA.
A Marisa Gil se le acumulan los problemas y decide abandonar GISA a finales de 2014. Es entonces cuando Miguel Garzón, jefe de Gabinete de Juan Soler accede al puesto. Es el tercer gerente de la entidad en la legislatura.

El Plan Urban, una herencia envenenada
Era 2007 cuando el Plan Urban para remodelar y modernizar el barrio de La Alhóndiga se ponía en marcha. El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea que aportaba un 50% de los fondos, iba a suponer una revitalización integral del barrio, con una inversión total que se acerca a los 16 millones de euros. Dividido en cinco ejes para acometer diferentes ámbitos de actuación, (infraestructuras, tejido económico y fomento del empleo, integración social, fomento de nuevas tecnologías y plan de información) la fecha tope para finalizar todas las iniciativas acaba el 31 de diciembre de 2015, después de haber pedido una prórroga de dos años. En ese fecha todo el dinero debe estar gastado. En caso contrario se deberá devolver todo lo recibido por parte de la UE.

El problema es que en GISA, tan dedicados a sus líos internos, no se han hecho los deberes. A finales de 2014 se calcula que aún quedaban pendientes de ejecutar al menos 7 millones de euros. El proyecto estrella para gastar ese dinero es el edificio que englobará la nueva sede de GISA, un vivero de empresa y una escuela de hostelería: casi 5,5 millones de euros. El problema es que aún no se han adjudicado las obras, que tienen una duración (ya casi imposible de cumplir) de 8 meses. Fuera de plazo. Si no se acaban las obras a tiempo, se tendrá que devolver el dinero: hasta 8 millones de euros perderá Getafe. Toda una herencia envenenada.

Raquel González - Directora Grupo Capital

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