Más Madrid Compromiso con Getafe denuncia la modificación de la Ley del Suelo

GETAFE/Sociedad (02/06/2020) – El grupo municipal Más Madrid Compromiso con Getafe se ha sumado a la campaña de las asociaciones en materia de vivienda para presentar alegaciones ante el anteproyecto de modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. La formación local considera que esta tramitación urgente «produce una vulneración del derecho de participación de la ciudadanía en la regulación urbanística, que puede tener un fuerte impacto en la calidad de vida, patrimonio y medio ambiente».

El portavoz de Más Madrid Compromiso con Getafe, Jesús Pérez, ha expresado que la modificación de la ley autonómica en materia urbanística «nace de la presión del lobby de la construcción”, de una petición expresa de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA). Según el edil, «por medio del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno regional declara un trámite de urgencia del procedimiento legislativo, esgrimiendo un interés general que no es tal».

Desde el grupo municipal ha manifestado que «se pretende sustituir la actual exigencia de licencia municipal urbanística, por una mera declaración responsable de los promotores inmobiliarios, para buena parte de las actuaciones urbanística, y la exención de toda autorización pública, para otras. La razón que se esgrime es la de agilizar y reducir plazos en la tramitación de licencias, pero esto se podría lograr reforzando las plantillas de los departamentos urbanísticos municipales, generalmente infradotadas”.

Actividad urbanística

Asimismo, el grupo municipal ha denunciado la apuesta del gobierno regional «por una recuperación económica, únicamente a través de la actividad urbanística e inmobiliaria, sin tener en cuenta los retos y compromisos de nuestro país en el contexto internacional y particularmente el europeo, sobre todo en relación con el cambio climático (Convención Marco de Naciones Unidas, Pacto Verde Europeo…). Una política de salvajismo inmobiliario, carente de autorización y supervisión pública, va a representar un incremento de los riesgos de deterioro de nuestro hábitat y de los recursos naturales, en muchos casos de carácter irreversible».

Según el concejal, «los ayuntamientos actualmente carecen de medios humanos y económicos para hacer frente a la ingente labor de inspección que requieren, a posteriori, las declaraciones responsables, y tienen limitada además su capacidad para aumentar plantillas por las leyes Montoro. Sin duda alguna, esta nueva regulación va a favorecer la indisciplina urbanística, a los municipios les va a resultar imposible vigilar, una vez iniciada la construcción, demolición o cambio de uso, que se ajuste a lo recogido en la declaración responsable”.