El neoconservadurismo educativo avanza en Madrid: Ley Maestra de la privatización de la educación

La España de Charanga y pandereta, 

cerrado y sacristía…

El mañana efímero. (Antonio Machado)

GETAFE/El aula sin muros (27/05/2021) – Algunos esperábamos un giro progresista, en las elecciones del pasado 4 de mayo,  en la comunidad de Madrid. La mayoría de los ciudadanos consideró conveniente seguir dando su apoyo a las políticas continuistas conservadoras. Los servicios públicos seguirán siendo gestionados por quienes, desde hace ya muchos años, los han ido desmantelando, privatizando y quieren convertir la educación, la sanidad o servicios sociales en mercancía. Se han priorizado los intereses individuales frente a los colectivos, ha prevalecido la emoción sobre la reflexión y, con el concurso de los medios de comunicación, la política espectáculo se ha impuesto a la información.  

Sabemos con certeza que los dos próximos años tampoco van a ser propicios para la escuela pública. 

Previamente a la convocatoria de esas elecciones, los gestores de la Consejería de Educación de Madrid, venían manifestando su hostilidad hacia la nueva ley de educación mediante iniciativas que neutralizaran y retrasaran lo más posible su aplicación. Aprobada ésta en el Parlamento, con los votos en contra de los dos partidos ganadores de las pasadas elecciones madrileñas, más Ciudadanos, ha sido también utilizada para continuar manteniendo un enfrentamiento político con el gobierno central, que les ha reportado buen rédito electoral hasta ahora.

Nos cuesta entender este resultado pero nos hemos propuesto que no vamos a frustrarnos ni quejarnos. Sencillamente queremos centrar nuestra mirada crítica en lo que no nos gusta, para poder ir arbolando, entre todas y todos, una resistencia propositiva que ponga freno a las políticas regresivas de la Comunidad de Madrid. 

La llamada “Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa”

Desde la llegada de la señora Ayuso al gobierno de la Comunidad de Madrid expresó de forma explícita su intención de convertir a Madrid en la punta de lanza contra el gobierno de coalición. De ahí parte la decisión de elaborar una ley de educación en el ámbito autonómico, con la intención de generar un referente legal que se oponga a la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), de rango superior. 

En este marco político ya tienen elaborada una ley en la que se definen los puntos básicos de su ideario político en materia educativa: supeditación de la educación a los intereses de las clases medias (privada concertada) y altas (privada), fomento del negocio educativo, reduciendo el servicio público educativo a la función asistencial.  Se enuncia como la Ley Maestra de libertad de elección educativa, y se sigue al pie de la letra el ideario del movimiento de oposición a la  LOMLOE (Plataforma Más Plurales) que, desde hace tiempo, viene  desplegando una feroz campaña  con  el conocido eslogan de “Stop ley Celaá”.   

La Comunidad de Madrid garantiza el derecho a la educación básica y gratuita y posibilita la libertad de elección de centro docente (Art. 6-10).

En el Preámbulo de la ley se declara que “este modelo (de conciertos educativos) ha venido funcionando satisfactoriamente en el territorio de la Comunidad de Madrid…”.

No hay ni una sola referencia a la LOMLOE que es la ley que debe regular el sistema educativo. Su fundamentación jurídica es una interpretación interesada del artículo 27 de la Constitución que, como es sabido, hace referencia a la “libertad de enseñanza”. 

… que la libertad de elección de las familias de centro escolar (…) pueda ejercerse en todo el territorio de la Comunidad, mediante el establecimiento de criterios que no limiten la admisión por el lugar de residencia… (Art. 6.2)

Se propone la continuidad de la zona única de escolarización, para que, quien quiera y pueda, vaya al centro educativo que satisfaga sus aspiraciones de distinción clasista y segregadora. Tal concepto de libertad oculta en realidad, la selección, por parte de los centros, del alumnado que responda a sus intereses económicos e ideológicos y se opone frontalmente al derecho a la educación de todos y todas en condiciones de equidad. 

La LOMLOE, en su artículo 86 preconiza las zonas de escolarización como medio efectivo  para lograr una escuela sostenible, evitar segregación y favorecer el acceso a los centros más próximos al domicilio. 

La Comunidad de Madrid podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional (art. 7.3)  

La ley autonómica sigue manteniendo, en consonancia con la LOMCE, ya derogada, el requisito de la “demanda social” como criterio regulador de la escolarización, justificando para ello la construcción de centros privados concertados mediante la cesión de suelo público. 

Dice defender una modalidad de educación más inclusiva: la escolarización en centros de educación ordinaria, en unidades de educación especial en centros ordinarios, en educación combinada o en centros de educación especial (Art. 3 c)

Buena parte de la movilización contra la  nueva ley del actual Ministerio de Educación se  basa en la acusación de  la oculta intención de cerrar los centros de educación especial y  se centra en la defensa y justificación de esos centros, mayoritariamente en manos de la iniciativa privada concertada. Así paradógicamente , en nombre de la no segregación, proponen y defienden la escolarización  del alumnado de educación especial en centros específicos “con una regulación diferenciada”. Se pretende así oponerse a la LOMLOE que, aunque garantiza la permanencia de estos centros, abre tímidamente la posibilidad de que, en un futuro a largo plazo, con los recursos y medios necesarios, todo el alumnado pueda ser atendido en centros ordinarios, como sucede ya en muchos países de nuestro entorno.

No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos (Art. 5.b)

En contra de lo que declara la declaración universal de los Derechos Humanos, la propia Constitución Española (art. 14) y la propia lógica educativa, los redactores de esta ley han decidido mantener la educación diferenciada por sexos, con el único objetivo de apoyar las prácticas educativas segregadoras que se vienen desarrollando en determinados centros concertados de ideología ultraconservadora antifeminista. 

Los conciertos de enseñanzas postobligatorias tendrán carácter singular (Art. 8.2)

A las exenciones fiscales por gastos educativos o el cheque escolar se añade la extensión de los conciertos al bachillerato o a la FP. Se propone que se les dote económicamente con más recursos para que puedan “competir en igualdad” con los centros públicos. Mientras se cierran aulas en centros públicos de forma arbitraria y se demora sine díe su creación en los nuevos barrios o se retrasan con la construcción por fases, se favorece a la educación concertada, blindando los conciertos a diez años y concertando las etapas postobligatorias o dotando de becas al alumnado que quiera seguir al acabar la enseñanza obligatoria. 

Se garantiza el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano (Art. 5.c)

Sin embargo, todos los centros de nueva creación, son adscritos de forma automática al llamado “proyecto bilingüe”, de tal manera que en muchos barrios de Madrid, sea prácticamente imposible encontrar centros públicos “no bilingües”.

Esta modalidad es un elemento de segregación más en la Comunidad de Madrid, que se postula como la comunidad que más segrega por motivos socioeconómicos en España y, a nivel europeo sólo se ve superada por Turquía, según muestra un estudio de Save the Children, basado en datos del informe PISA. La realidad es que no se garantiza el aprendizaje del castellano ni el derecho a recibir las enseñanzas en castellano ya que se ponen trabas muy evidentes haciendo que la lengua vehicular sea el inglés en los centros bilingües.

Conclusiones

Consideramos que el denominado proyecto de Ley Maestra de Libre Elección de Centro, que ha elaborada el gobierno de la Comunidad de Madrid, es una herramienta más para seguir profundizando en el modelo educativo privatizador elitista, segregado y retrógrado. 

Esta ley se configura como un elemento más de propaganda política, pensado para confrontar políticamente con el gobierno de España y resistirse a la Ley de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, recientemente aprobada por las Cortes Españolas.

Los que lo han elaborado son conscientes de que muchos de los artículos contradicen una ley, como la LOMLOE, de rango superior y pueden ser recurridos ante los tribunales, pero no les importa porque les sirve de propaganda en su oposición al gobierno central.

Utilizan las referencias a la Constitución de forma engañosa, como en el caso de la “libertad de enseñanza” que ellos traducen como “libertad de elección de centro” para que el negocio privado sea pagado con dinero público, para seguir estratificando al alumnado por clases sociales.

Pero todo esto sólo debe reafirmarnos en nuestros principios, basados en que la política no sólo se hace en el Parlamento sino también cuando luchas por una educación pública de calidad.

Aunque sea a contracorriente, hemos de neutralizar el populismo de la propaganda y la “España cañi” (nueva versión de la “España de charanga y pandereta”) por la pedagogía política y la participación de la ciudadanía en su propio destino, labrando un futuro de progreso para nuestros hijos e hijas.

En definitiva, los resultados de las elecciones dan la legitimidad democrática a gobernantes de Madrid para seguir cercenando la enseñanza pública y el derecho de todos a la educación. A nosotros, que tenemos claro que hemos de promover y defender la enseñanza pública, nos obliga a redoblar nuestro trabajo de denuncia-protesta y de propuestas que hagan realidad, en este espacio y tiempo hostil, el avance del derecho de todos a la educación en la única escuela que lo garantiza: la escuela pública. En Getafe, seguiremos en este empeño, reforzando e impulsando los mecanismos de organización que hemos mantenido hasta ahora la comunidad educativa y la ciudadanía.