Así se contrata y se despide en GISA… con coste millonario

Entender la política laboral que se ha seguido en la última legislatura en la empresa municipal Getafe Iniciativas, es una suerte de aventura que naufraga una y otra vez en la incoherencia con la que se toman las decisiones y sin tener claro el fin. El penúltimo capítulo de esta rocambolesca historia es el despido «por no superar el periodo de prueba» de dos de los tres últimos contratados en la empresa, que habían sacado la máxima puntuación en el examen que se realizó en el mes de junio. Pero la historia comenzó antes…

7 despidos

GISA se pone en el punto de mira del alcalde en mayo de 2013, quizá como ‘represalia’ por no haber podido sacar adelante los presupuestos para ese año. A siete personas se les comunica el despido que se justifica por la grave situación ecónomica que atraviesa GISA con una plantilla «sobredimensionada, insostenible e injustificable», aseguraban desde el Gobierno municipal. Los trabajadores denunciaron a la empresa pero solo dos llevaron el caso hasta el final. Con el resto se acordó entregarles la máxima indemnización que podían conseguir en el juicio: 45 días por año. Los dos que mantuvieron el caso hasta el final, delegados de UGT, ganaron el juicio a GISA y tuvieron que ser readmitidos. Uno de ellos, Kike Macías, se encuentra actualmente en excedencia por ser concejal del PSOE. El coste del despido de estos cinco trabajadores, según los cálculos de CCOO, se acerca al medio millón de euros.

Este dinero se suma a los cerca de 400.000 euros que se pagó por el acuerdo de cese al que se llegó con tres de los directores de la empresa muncipal, que se marcharon el 31 de mayo de 2012. El entonces gerente de GISA, Marc Basté, había negociado estas bajas, para optimizar el trabajo en la entidad. Pero ni siquiera llegó a ver cómo se iban. Unos días antes, firmó la renuncia y se marchó. Tardaron varios meses en encontrar a su sustituta, María Luisa Gil, cercana al alcalde Juan Soler, que entró con un sueldo de 77.000 euros, después de que se le haya reconocido su antigüedad en la agencia de informática de la Comunidad de Madrid (en caso contrario hubiera sido de alrededor de 73.000). El trabajo sucio de los despidos le correspondió a ella y a la directora de Recursos Humanos. Pero también fue decisión suya aumentar el salario del adjunto a gerencia, que pasa de cobrar unos 45.000 euros a 58.000 en el momento que entra Gil en la dirección.

Un concejal de Alcorcón en GISA

La alarma volvió a saltar a finales de 2013, cuando el contrato por obra vinculado al Plan URBAN que desarrolla GISA, finalizaba para otros seis de los trabajadores. El Plan URBAN, financiado al 50% con fondos europeos y una de las actividades más importantes en la actualidad de Getafe Iniciativas, tiene como fecha de finalización 2015. Tras muchas dudas, y amenazas de que si el presupuesto para 2014 corría la misma suerte que el anterior no les renovarían, cuatro de ellos firmaron finalmente el contrato… indefinido. Los presupuestos salieron adelante, pero dos acabaron en la calle «por no ajustarse al perfil que demanda la empresa«.

El que sí debía cumplir con el perfil es Antonio Sayago, concejal en activo del PP de Alcorcón, que vino en el mes de marzo a cubrir la plaza de coordinador del centro de empresas, que había quedado vacante después de un largo tiempo de baja por enfermedad de la persona que ocupaba ese puesto. A pesar de la ‘dramática’ situación económica que atraviesa la entidad, el puesto, que tenía un salario asignado de 58.000 euros, no es amortizado, y se elige por libre designación a una persona sin experiencia en este ámbito.

A todas estas incoherencias, se une la contratación de gabinetes externos de asesoramiento legal (a pesar de contar con abogados dentro de la propia empresa) con un concurso en el que se pide a un abogado por 225 euros/hora y un total de 200 horas. 45.000 euros. La oferta ganadora rebaja esta cantidad hasta los 30.000.

También se ha contratado a un nuevo responsable de El Apeadero Urbano, un apéndice de GISA, del que se encargaba uno de los siete despedidos en mayo de 2013. Esta contratación no figura en la contabilidad de GISA, ya que se le ha contratado directamente por El Apeadero, pero con las mismas funciones que tenía el despedido.

Extraño concurso

Después de no renovar los contratos de las personas imputadas del proyecto URBAN en diciembre, salieron a concurso dos plazas en el mes de junio. Un administrativo/contable, para el que se pide que sea licenciado en Económicas, Empresariales o ADE con tres años de experiencia profesional y un técnico/coordinador que debe ser abogado en ejercicio con tres años de experiencia profesional. La prueba se realiza a finales del mes de junio. Del jurado inicial que se presenta para valorar el examen se tiene que retirar la delegada de CCOO, ya que su marido es uno de los participantes. Y finalmente es el que obtiene la puntuación más alta. Pero a pesar de tratarse de un examen tipo test de 80 preguntas, los resultados se hacen esperar.

En ese lapso de tiempo la junta de Gobierno del Ayuntamiento aprueba delegar en GISA el último eje del Plan URBAN que aún conservaba, el de urbanismo. Y por lo tanto en GISA deciden que es necesario que en lugar de un abogado, se necesitan dos: tiran de la lista de los que habían superado el examen. El número 2 es hijo de un antiguo senador del PP por Salamanca e íntimo amigo de Aznar y Aguirre.

Los dos abogados, por lo tanto, se incorporan a la plantilla de GISA a mediados de septiembre, con un sueldo que según el concurso público, debía ascender a 62.000 euros, aunque a uno de ellos se le hizo firmar un contrato por la mitad, según denuncia CCOO. Pero no se les encomienda ningún trabajo. Incluso en algunos de los casos, parece que se les hace el vacío. Quizá no gustó que uno de los abogados cuestionara los informes jurídicos que se venían haciendo en GISA por entender que no se ajustaban a derecho. El caso es que la gerente de GISA decidió hace unos días despedirles, con el pretexto de no haber superado el periodo de prueba. No argumentó más. Se les retiró la tarjeta, y uno de los ya ex-trabajadores tuvo que salir del edificio pasando por debajo del torno.

Este es el penúltimo capítulo de una historia rocambolesca. Pero tiene que haber más, porque ¿quién asumirá el nuevo trabajo que se le ha encomendado a GISA al haberse delegado en la empresa municipal íntegramente el Plan URBAN? ¿Se tirará de la actual lista para cubrir esos puestos o se convocará un nuevo concurso?

Al menos una de las inquietudes que tenían los trabajadores, la fusión ALEF-GISA, parece que se ha resuelto porque el alcalde, Juan Soler, ha decidido posponer esta iniciativa.